Hay que prestar atención al lugar que eligió Biden para su discurso de aniversario del 6 de enero

A principios de esta semana, informé que el ataque mortal del año pasado contra el Capitolio de los EE.UU. (el peor desde 1814) sigue dejando secuelas en los miles de servidores no partidistas que mantienen funcionando cada día lo que normalmente es una ciudad dentro de otra de 30.000 personas.

He trabajado como reportero en Washington desde 2008, y he pasado incontables días moviéndome a través de un sinfín de corredores, túneles, escaleras, cámaras y otros espacios que conforman la sede de la legislatura estadounidense. Algunos de estos, como la Cámara de Representantes o el Senado, que son familiares para los espectadores de C-Span (o la sala del edificio de oficinas de Longworth House, donde pasé hora tras hora dando cobertura a The Independent de las audiencias que llevaron al primero de los dos juicios políticos de Donald Trump) son cavernosos. Otros, como algunas de las oficinas “escondidas” a las que me han arrastrado para conversar con senadores el año pasado, pueden ser pequeñas, pero sentirse como si las paredes estuvieran a punto de estallar por toda la historia que han absorbido a lo largo de los años.

Lo que todos esos espacios tienen en común es la necesidad de un personal numeroso, aunque muchas veces anónimo, para darles vida. Incluso durante la pandemia de covid-19, cuando el Capitolio permaneció cerrado para la mayoría de los visitantes, estas personas siguieron trabajando porque, en pocas palabras, el gobierno no funcionaría sin ellas.

Ellos estaban en el trabajo hoy hace un año. Algunos, como los oficiales de la policía del Capitolio que me han recibido en las puertas durante años y me han mantenido a mí (y a todos los demás) a salvo, vieron a sus colegas y amigos morir el 6 de enero del 2021 y en los días posteriores.

Un empleado no partidista con el que hablé me dijo que él y sus compañeros “todavía está intentando procesar y entender qué demonios pasó ese día”. Ese sentimiento fue lo suficientemente común entre la multitud de trabajadores con los que conversé durante mi reportaje, muchos de los cuales insistieron en que nuestros comentarios fueran extraoficiales, porque simplemente no querían provocar la ira del liderazgo del Congreso al hablar, incluso de forma anónima.

Sin embargo, estos servidores públicos dedicados, que se presentan a trabajar cada día y cumplen con su deber con el mismo celo sin importar qué partido controle el Congreso, expresaron algo extremadamente importante. En pocas palabras, están hartos y cansados de un Congreso poblado de miembros de ambos partidos que no sienten la obligación de seguir las reglas.

Tanto por el lado de la Cámara como del Senado del Capitolio, por ejemplo, el personal del pleno y los empleados parlamentarios que hacen el trabajo detrás de escena para mantener cada cámara lista para entrar en sesión, no han tenido vacaciones desde 2016. Eso es porque el mal funcionamiento y la desconfianza (entre republicanos y demócratas, entre la Cámara y el Senado, entre el Congreso y el presidente) ha degradado tanto la capacidad de funcionamiento del gobierno estadounidense que el Congreso no puede tomarse un descanso de más de tres días seguidos. Sin duda, los miembros todavía tienen “periodos de trabajo distrital” que duran semanas, y que frecuentemente consisten en más eventos para recaudar fondos que en verdadero “trabajo distrital”, pero cada 72 horas, cada cámara debe reunirse para una sesión “pro forma”. Un miembro o dos están en la cámara, el capellán reza una oración, se lee el juramento a la bandera, y quizá uno de los secretarios de estrado de la Cámara o del Senado hace un anuncio importante. Pero luego de un minuto o dos, el funcionario que preside golpea su mazo y pone a la cámara nuevamente en receso.

Hasta hace poco, la práctica estándar del Congreso era que cada “sesión” (inicia el 3 de enero de cada dos años de un periodo de la Cámara) terminara en algún momento de octubre, noviembre o diciembre, luego de completar el trabajo del año, momento en el que ambas cámaras levantaban la sesión sine die, que literalmente significa “sin día” de regreso. Así, también, el Congreso se tomaba regularmente periodos de receso reales, durante los cuales volvían a sus distritos por una semana o dos, o, en el caso del receso anual de agosto, un mes o más.

Pero estos recesos dejaron de ser una práctica normal luego de que los demócratas tomaran control de la Cámara y el Senado en las elecciones intermedias de 2006. Dejaron de hacerse para evitar que el presidente George W. Bush hiciera nombramientos en el receso para puestos confirmados por el Senado.

La práctica ha continuado hasta el día de hoy, independientemente del partido en control del Senado o la Casa Blanca. Según las disposiciones de la Constitución, ninguna de las cámaras puede suspender la sesión durante más de tres días sin el consentimiento de la otra, lo que significa que la Cámara y el Senado se han visto obligados a celebrar esas sesiones pro forma durante años. Como me dijo un miembro del personal de la Cámara, “es j*didamente cansado y no tiene ningún maldito sentido”.

Verán, cuando el Congreso no levanta la sesión, los proyectos de ley pueden presentarse cualquier día, y los procesos normales de apoyo que tomarían un descanso cuando el Congreso hace recesos o levanta la sesión deben continuar. Incluso esas sesiones de dos minutos de la Cámara o el Senado necesitan de todo un equipo de apoyo, desde los sargentos de armas y los porteros que mantienen las puertas abiertas o cargan la maza ceremonial de la Cámara, a los parlamentarios que procesan los proyectos de ley, los secretarios de lectura que leen los mensajes en el pleno de la Cámara o del Senado, o la policía del Capitolio que debe trabajar para mantener segura toda la operación. “Aunque, por fuera, la sesión dure tres minutos, puede generar más de ocho horas de trabajo para algunas personas”, me dijo un trabajador.

La desconfianza y mal funcionamiento entre las cámaras incluso se ha interpuesto en lo que debería ser una ocasión solemne: los discursos que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris pronunciarán en una ceremonia que marca el primer aniversario de la insurrección que pretendía evitar que asumieran sus cargos.

Tal evento de estado normalmente se llevaría a cabo en la rotonda del Capitolio, donde los cuerpos de presidentes, senadores, jueces de la Corte Suprema y otros destacados estadounidenses han yacido para ser honrados desde 1865, y donde ambas cámaras se han unido para conmemorar sucesos durante décadas. Pero, en su lugar, Biden y Harris se harán presentes en el National Statuary Hall, la gran sala que alguna vez fue el espacio de trabajo de la Cámara de representantes. Aunque los representantes de la oficina de la presidenta Nancy Pelosi se negaron a dar una razón de por qué se eligió el Statuary Hall como sede para los eventos de hoy, el escenario en sí lo explica.

Dejar de lado la rotonda para conmemorar el primer aniversario de la insurrección del 6 de enero requiere de una resolución concurrente que lo autorice y sea aprobada tanto por la Cámara como por el Senado. Tal resolución sería sujeta a un obstruccionismo republicano. Y dado que la mayoría de senadores republicanos están firmemente en contra de conmemorar cualquier cosa relacionada con el 6 de enero, habría sido imposible.

La desconfianza y el mal funcionamiento pueden estar en su punto más alto, pero no es algo nuevo. Y no hay señales de que nada, ni siquiera una tragedia nacional, pueda arreglarlo en el futuro previsible.