Reforma migratoria: ¿en qué consiste la propuesta de la republicana María Elvira Salazar?

La congresista republicana María Elvira Salazar ha resucitado la discusión sobre la reforma migratoria con un proyecto de ley llamado “Dignidad” que busca evitar la deportación de millones de indocumentados, otorgarles permisos de trabajo y, eventualmente, ofrecerles un camino a la ciudadanía.

Al presentar su plan en Washington el pasado 8 de febrero, Salazar, quien representa a la Florida, destacó que su proyecto consta de tres principios fundamentales: detener la inmigración ilegal, proporcionar una solución digna para inmigrantes que viven en Estados Unidos y fortalecer tanto la fuerza laboral como la economía de este país.

Durante la presentación de su plan, Salazar destacó que es la única propuesta realista que hay en el Congreso porque “asegura completamente la frontera, restablece la ley y el orden en nuestro sistema de inmigración, promulga un Programa de Dignidad de 10 años que proporciona un estatus legal renovable y ofrece un camino de redención opcional adicional para la legalización permanente”.

El plan contempla otorgar a los indocumentados que han vivido en Estados Unidos durante cinco años un permiso para vivir y trabajar de manera legal, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos: pasar una verificación de antecedentes penales, pagar impuestos atrasados sobre la renta y otros con base en los nuevos salarios.

Además, quienes se amparen bajo este programa, deberán pagar al gobierno federal mil dólares al año durante una década por haber ingresado de manera ilegal al país.

Este dinero, según Salazar, se utilizaría para establecer un Fondo de Trabajadores Estadounidenses que pagaría por darle entrenamiento laboral a ciudadanos de este país.

Los participantes en este programa también tendrían que comprar un seguro de salud y no serían elegibles para recibir subsidios del gobierno federal. Además, estarían obligados a pagar un impuesto adicional sobre la renta del 2% para pagar por la contratación de más agentes de la Patrulla Fronteriza y por más tecnología y barreras físicas en la frontera.

Esto significa, destacó Salazar, que “la mano de obra indocumentada es la que va a pagar por la seguridad fronteriza”.

Si el proyecto llegara a aprobarse, los participantes elegibles podrían salir de Estados Unidos a visitar sus países de origen y regresar sin problema. Sin embargo, no serían ciudadanos de Estados Unidos, solamente residentes legales.

Después de diez años de participar en el programa “Dignidad”, los participantes tendrían la opción de seguir en Estados Unidos como residentes legales bajo una visa renovable o bien ingresar a un programa llamado “Redención”. Éste contempla ofrecer una vía a la ciudadanía a quienes paguen $2,500 cada 20 meses al Fondo de Trabajadores Estadounidenses y tomen clases de inglés y educación cívica durante cinco años.

Según Salazar, una vez finalizado este periodo, los participantes estarían en línea para convertirse en ciudadanos, pero estarían al final de la fila.

La congresista explicó también que su propuesta contempla dar un trato especial a los Dreamers, es decir, a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. A ellos se les daría la posibilidad de obtener la residencia legal después de completar tres años de servicio militar y obtener un título universitario.

Si bien el plan de Salazar ha revivido el tema de la reforma migratoria, los expertos en migración dudan que logre obtener el apoyo bipartidista necesario para ser aprobado.

Pese a que una nueva encuesta de NewsNation/Decision Desk HQ indica que el 70% de la población estadounidense apoya una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía, el tema se encuentra estancado en Washington.

Desde el inicio de su gobierno, el presidente Joe Biden presentó un proyecto de reforma migratoria para legalizar a los 11 millones de indocumentados que se estima hay en el país. Sin embargo, el plan está detenido porque la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, ha rechazado las tres versiones de reforma que se le han presentado para incluirla dentro del plan de gasto social conocido como BBB, bajo el argumento de que no es un tema presupuestario.

Hasta ahora, la propuesta de Salazar ha despertado reacciones mixtas.

Ali Noorani, director del Foro Nacional de Inmigración, que es un grupo de tendencia conservadora, calificó el proyecto de positivo. “Se trata de un paso decisivo y constructivo hacia las reformas migratorias que se han retrasado mucho”, subrayó.

Pero Vanessa Cárdenas, subdirectora de la organización America’s Voice que lucha por una reforma migratoria, manifestó su desacuerdo con la propuesta porque solo responde a las pretensiones de Salazar para reelegirse. “Es un comunicado de prensa dirigido a votantes inmigrantes en su distrito diseñado para pulir su reelección, no un esfuerzo serio para aprobar legislación o para dar la batalla contra los nativistas del Partido Republicano”, aseguró.

Hasta ahora, en efecto, prácticamente todos los legisladores republicanos se han inclinado por atacar a los inmigrantes indocumentados y por negarse a ofrecerles la posibilidad de legalizarse.

Por su parte, la Casa Blanca, a través de la secretaria de Prensa, Jen Psaki, dijo que, aunque no estaba familiarizada con el plan, “el presidente Biden está ansioso de trabajar con cualquiera que quiera implementar políticas de reforma migratoria para crear un sistema más seguro, efectivo y humano en la frontera”.