Trump defiende su plan de deportación masiva como “invaluable” mientras se alista para expulsar a millones del país

En múltiples ocasiones, Trump ha prometido llevar a cabo lo que describe como “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”, que implica movilizar a las fuerzas del orden federales, estatales y locales para arrestar, encarcelar y potencialmente deportar a millones de personas que residen en el país sin estatus legal.

Esta operación, con un enfoque de tipo militar, se sustentaría en campos de detención para albergar a quienes sean seleccionados para la expulsión y haría uso de una ley centenaria que ya fue empleada durante la Segunda Guerra Mundial para la detención de ciudadanos estadounidenses de origen japonés.

Dos días después de vencer a su oponente demócrata Kamala Harris, el presidente electo Trump declaró a NBC News que no tiene “otra opción” más que implementar deportaciones a gran escala cuando asuma el cargo en enero.

“No es un tema de dinero”, aseguró. “No tenemos otra alternativa. Las personas que han cometido asesinatos o los narcotraficantes que han destruido sus países deberán regresar a donde pertenecen; aquí no hay lugar para ellos. Es algo invaluable”.

Declaró que su intención es “fortalecer” la frontera, y, al mismo tiempo, “permitir” que la gente venga al país.

Afirmó: “No soy de los que dicen ‘No, no puedes entrar’. Queremos que la gente venga”.

Según el American Immigration Council, la comisión estadounidense de inmigración, el despliegue de toda la fuerza de las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales para identificar, detener y deportar a millones de personas que residen en Estados Unidos sin permiso legal podría tener un costo superior a los $967.000 millones de dólares en un plazo de 10 años.

Esa cantidad es comparable a lo que los inmigrantes indocumentados aportan en impuestos federales, estatales y locales en ese mismo periodo, según el Instituto de Fiscalidad y Política Económica.

En 2022, los inmigrantes indocumentados aportaron un promedio de $8.889 por persona en impuestos federales, estatales y locales. Esto se traduce en que, por cada millón de personas en esta situación, los servicios públicos, como la sanidad y la Seguridad Social, reciben $8.900 millones en ingresos fiscales. Sin embargo, pese a esta contribución, no tienen derecho a beneficiarse de dichos servicios.

El Instituto de Impuestos y Política Económica indicó que los planes de Trump podrían eliminar al 22 por ciento de los trabajadores agrícolas estadounidenses, al 15 por ciento de los trabajadores de la construcción, al ocho por ciento de los trabajadores de servicios, al ocho por ciento de los trabajadores manufactureros y al seis por ciento de los trabajadores del sector de transporte.

El grupo afirmó: “La idea de que la deportación va a ayudar a los ciudadanos estadounidenses es una ilusión. No funcionó en el pasado y tampoco va a funcionar ahora”.

Los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes en todo el país se preparan para emprender batallas legales y frenar los planes de Trump una vez que se pongan en marcha.

Trump prometió que actuaría como un “dictador” en lo que respecta a la frontera entre EE. UU. y México y a la producción de petróleo.

Según su asesor Jason Miller en declaraciones a CNN, una de las prioridades más urgentes de Trump al tomar el cargo es reinstaurar la política de inmigración de su primera administración, que fue revertida durante la presidencia de Joe Biden.

Se anticipa que Stephen Miller, quien fue el arquitecto de la agenda antiinmigración de Trump durante su primer mandato, tenga un papel destacado en la formulación de la política del presidente electo.

Los aliados de Trump han impulsado la idea de una operación de deportación masiva que abarque más que solo a los inmigrantes indocumentados acusados de delitos, quienes serán el primer foco de expulsión según la agenda inicial del presidente electo.

El presidente electo dio señales de que rescindiría programas como la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, también conocida como DACA, y pondría fin a la protección del estatus legal de decenas de miles de inmigrantes que huyeron de la violencia y las crisis en sus países de origen, políticas históricamente bipartidistas que los republicanos erosionaron de forma constante.

Miller llegó a afirmar que la administración de Trump anterior había lanzado un “proyecto de desnaturalización” durante su mandato. “En 2025, espera que esté potenciado al máximo”, señaló.

Por otra parte, se anticipa también que Tom Homan, exjefe de Inmigración y Aduanas bajo Trump, se una a la nueva administración. Trump insinuó su regreso en un acto de campaña a principios de este año. Un día antes, Homan prometió que lideraría “la mayor operación de deportación en la historia del país”.

En julio, enfatizó que “aún” no habíamos visto nada y advirtió que 2025 sería un año decisivo.

Traducción de Leticia Zampedri