Arrestan a juez de Nuevo México y a su esposa por esconder a un presunto pandillero venezolano en su casa
El exjuez Joel Cano y su esposa fueron detenidos luego de que un informante afirmara que inmigrantes ilegales se estaban refugiando en su vivienda
Las autoridades de inmigración de EE. UU. arrestaron a un exjuez de Nuevo México por albergar a un presunto miembro de la banda criminal Tren de Aragua en su casa, y se lo llevaron detenido tras allanar la vivienda.
Joel Cano (67), ex juez de instrucción del condado de Dona Ana, y su esposa, Nancy Cano (68), fueron detenidos por ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) el jueves después de que un informante afirmara que en su casa se alojaban inmigrantes indocumentados asociados con la banda venezolana. La pareja ha sido acusada de manipulación de pruebas, según consta en los registros de la cárcel.
La investigación comenzó en enero de 2025, después de que el ICE recibiera una denuncia anónima de que “un extranjero ilegal de Venezuela y presunto miembro de una banda criminal, [residía] con otros extranjeros ilegales en EE. UU.” en el domicilio del juez en Las Cruces y estaba en posesión de armas de fuego, según los documentos judiciales.
El 28 de febrero se ejecutaron dos órdenes de registro en el domicilio de los Cano, durante las cuales las autoridades incautaron cuatro armas y detuvieron a tres inmigrantes, según los documentos.
El juez dimitió en marzo después de que las autoridades federales acusaran a la pareja de alojar en su casa a un inmigrante venezolano indocumentado, Cristhian Ortega-López.
“Permítanme ser lo más claro posible. La primera vez que escuché que los muchachos pudieran tener alguna relación con el Tren de Aragua fue cuando me lo informaron [los] agentes el día del allanamiento”, escribió Cano en su renuncia, obtenida por la cadena televisiva KOAT.
Añadió que cada uno de los hombres tenía documentación de inmigración que sugería que no estaban sujetos a expulsión. Explicó: “Sus papeles decían en la esquina superior derecha: 'Esta persona no está sujeta a expulsión'. Cada uno de ellos tenía una fecha concreta para comparecer en el tribunal en relación con su audiencia de asilo”, declaró Cano.
Y continuó: “Tengo tres nietos a los que quiero mucho. Tienen 15, 8 y 6 años. De ninguna manera habría permitido que mis nietos tuvieran contacto alguno con los chicos si hubiera sentido peligro”.
Ortega-López instaló una puerta de cristal para Nancy Cano a finales de 2023, según los documentos judiciales. Siguió haciendo algunos trabajos para ella en 2024 y, tras ser desahuciado de su apartamento en abril de 2024, ella le ofreció quedarse en su “casita”, una pequeña casa ubicada en su propiedad. Allí, Ortega-López tuvo acceso a armas de fuego, según el expediente.
Ortega-López supuestamente publicó fotos suyas en las redes sociales empuñando armas. Los agentes también examinaron las cuentas en las redes sociales de los otros inmigrantes indocumentados que se alojaban en la casa del juez y que sugieren “claros indicadores” de asociación con la banda venezolana.
“Estos indicadores incluían tatuajes, prendas de vestir y gestos con las manos”, escribió un vocero del Gobierno.
El Gobierno del presidente Donald Trump se ha basado en repetidas ocasiones en los tatuajes para identificar a presuntos miembros de pandillas. Al parecer, ICE se ha estado basando en una tabla de puntuación —la “Guía de Validación de la Ley de Enemigos Extranjeros”— para determinar si los inmigrantes venezolanos cumplen los requisitos para ser deportados, según han declarado los abogados de la ACLU (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles). Si los inmigrantes alcanzan una puntuación de ocho puntos o más, son “validados como miembros” de la banda Tren de Aragua, afirma la guía. Los tatuajes valen cuatro puntos.
El mes pasado, el Gobierno envió tres aviones con decenas de venezolanos a una tristemente célebre prisión de El Salvador, después de que el presidente invocara la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de tiempos de guerra de 1798.
La orden del presidente establece que "todos los ciudadanos venezolanos de 14 años o más que sean miembros del [Tren de Aragua], se encuentren dentro de EE. UU. y no estén realmente naturalizados o sean residentes permanentes legales de EE. UU. son susceptibles de ser detenidos, retenidos, custodiados y expulsados como enemigos extranjeros”. La ACLU demandó a los funcionarios del Gobierno por su aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, y un juez dictó una orden de restricción temporal que impedía la deportación de los migrantes. Aun así, los aviones volaron a El Salvador; el juez dijo este mes que encontró “causa probable” para acusar a el Gobierno de Trump de desacato criminal.
La Corte Suprema de EE. UU. dictaminó a principios de este mes que el Gobierno de Trump tiene autoridad para deportar a migrantes en virtud de la ley centenaria, pero también ordenó que se brinde a los detenidos la oportunidad de impugnar sus expulsiones en los distritos judiciales más cercanos a los centros de detención donde se encuentran.
Traducción de Sara Pignatiello