Prohibición de aborto en Arizona desataría avalancha de solicitudes en estados donde aún es legal

Adrienne Mansanares prevé una cascada de llamadas de pacientes de Arizona a partir de esta semana.

Es presidenta y directora general de la sección de las Montañas Rocosas de Planned Parenthood, que cuenta con clínicas que brindan servicios de aborto en Colorado, Nuevo México y Nevada. En su opinión, las clínicas deberían poder dar cabida a quienes buscan el procedimiento a raíz de una decisión de la Corte Suprema de Arizona.

“Ese es todavía un recorrido muy largo para que las pacientes vayan en busca de atención médica”, agregó, señalando que las clínicas ya han recibido a casi 700 pacientes de Arizona desde la anulación del fallo del caso Roe vs. Wade en junio de 2022.

Los médicos y directores de las clínicas dijeron que se registrará una avalancha por todo el suroeste y el oeste para los servicios de aborto a causa de la decisión del martes, que estableció que los funcionarios pueden aplicar una ley de 1864 que criminaliza todos los casos de aborto, salvo cuando la vida de la mujer está en riesgo.

“La gente va a tener que empezar a buscar fuera del estado”, indicó la doctora Maria Phillis, ginecóloga y obstetra de Ohio que también tiene un título en Derecho. “Este es ahora otro lugar adonde no pueden ir con seguridad para acceder a la atención”.

Además de las distancias potencialmente largas a estados como Nuevo México, California y Colorado, las pacientes que solían ir a Arizona desde otros estados para la atención del aborto tendrán que ir a otro lugar, indicó Phillis.

Por otra parte, Arizona es el hogar de más de 20 pueblos originarios reconocidos federalmente, y es de esperar que las barreras sean más altas para las indígenas norteamericanas debido a los obstáculos existentes, como la prohibición desde hace décadas de la mayoría de los abortos en clínicas y hospitales administrados por el Servicio de Salud Indígena de Estados Unidos y una menor cantidad de centros de salud cercanos que ofrecen abortos.

Los viajes interestatales para abortar casi se duplicaron entre 2020 y 2023, según el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación que apoya el derecho al aborto. Las pacientes de fuera del estado representaron el 16% de los abortos realizados a nivel nacional, en comparación con el 9% en 2020, reportó el grupo.

Isaac Maddow-Zimet, científico de datos del Instituto Guttmacher, señaló que cuando las prohibiciones entran en vigor, más personas viajan a estados menos restrictivos o no restrictivos, pero “no todo el mundo puede” viajar.

Viajar puede suponer que los abortos se realicen en etapas más avanzadas del embarazo, ya que las personas intentan conseguir citas y pueden enfrentar plazos de espera obligatorios. Según los resultados de una encuesta periódica encabezada por la profesora de Economía del Middlebury College, Caitlin Myers, las esperas en varios estados se prolongaron entre dos y tres semanas en distintos momentos desde que se anularon las protecciones federales contra el aborto; en algunas clínicas no había citas disponibles.

La Brigid Alliance trabaja a escala nacional para ayudar a las personas que necesitan abortar a recibir apoyo económico y logístico, como billetes de avión, guardería, alojamiento y otros gastos asociados. El año pasado, ayudó a 26 personas a viajar fuera de Arizona para abortar.

La directora ejecutiva interina, Serra Sippel, prevé que aumente el número de llamadas de residentes de Arizona.

Las personas a las que la alianza ha ayudado a salir de su estado —principalmente de Georgia, Texas y Florida— han sufrido retrasos de entre cuatro y cinco semanas debido a la mayor demanda, explica Sippel. Algunas pasan de una clínica a otra porque su embarazo ya ha superado el punto en el que pueden recibir atención allí.

“En un embarazo, cada momento cuenta”, señaló Sippel, quien añadió que los retrasos pueden tener graves repercusiones. Phillis señaló que los procedimientos realizados más tarde en el embarazo pueden llevar más tiempo y ser algo más complicados.

El Fondo para el Aborto de Arizona, que ayuda a las personas a viajar para abortar tanto dentro como fuera del estado, dijo que las clínicas de otros estados han exigido a las pacientes que se queden para tomar la segunda píldora utilizada en los abortos farmacológicos debido a inquietudes sobre responsabilidad. Eso implica viajes de varios días, indicó Eloisa Lopez, directora ejecutiva de Pro-Choice Arizona y del Fondo para el Aborto.

“Estamos hablando de entre 1.000 y 2.000 dólares por persona para viajar y pagar su procedimiento de aborto”, señaló Lopez.

El fondo está en conversaciones con los municipios de Arizona para ver si pueden crear sus propios fondos para el aborto.

Mientras tanto, Joanie Hammond, directora general de un centro de atención al embarazo en Tucson que se opone al aborto, dijo que es probable que las cosas sigan igual con la nueva ley. Hands of Hope Tucson existe desde hace 43 años, está a unos 200 pasos de una clínica de Planned Parenthood y está bastante concurrido, aseguró Hammond.

“Simplemente estamos al lado de mujeres y hombres que enfrentan un embarazo inesperado… siempre nos hemos enfocado en las mujeres y en los bebés”, declaró a The Associated Press. “En el centro de planificación familiar veo a las mujeres y veo lo que les ocurre después de pasar por esa experiencia del aborto. Sólo queremos estar ahí para ayudarlas en el siguiente paso para su sanación y lo que necesiten”.

Para las residentes de Arizona que están más cerca de California —que amplió sus protecciones contra el aborto tras la anulación del fallo del caso Roe vs. Wade—, las autoridades están orientando a la gente hacia el Proyecto Aborto Refugio Seguro. Creado por el estado y el condado de Los Ángeles, el proyecto cuenta con orientación y recursos para pacientes de fuera del estado.

Planned Parenthood of the Pacific Southwest emitió esta semana un comunicado de su presidenta y directora general, Darrah DiGiorgio Johnson, en el que afirma que apoya a las pacientes de fuera del estado con servicios de asesoramiento para ayudarlas a superar las barreras logísticas a la atención sanitaria.

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