Puerto Rico está envuelto en un intenso debate sobre el uso de mascarillas y vacunas
Un encendido debate sobre la salud pública y los derechos individuales se apoderó de Puerto Rico esta semana, intensificándose el miércoles cuando los legisladores se enfrentaron con expertos médicos.
El debate comenzó este mes luego de que el administrador de la Cámara de Representantes de Puerto Rico anunció el uso obligatorio de mascarillas, después de que se reportaron varios casos de COVID-19 en el edificio del Capitolio.
Una legisladora conservadora, Lisie Burgos, se rehusó a portar mascarilla y fue retirada de una audiencia la semana pasada, ante lo cual decidió presentar una demanda el lunes que aún está por resolverse. Más tarde ese día, un juez ordenó que, mientras tanto, la Cámara de Representantes de la isla no debe “prohibir, impedir o interferir" con el derecho de Burgos de asistir a las reuniones en el recinto.
Muchas personas se indignaron por el fallo, e hicieron notar que la isla de 3,2 millones de habitantes está reportando unos 1.100 casos de COVID-19 al día, y cerca del 25% de las pruebas arrojan un resultado positivo. En noviembre del año pasado, el gobierno de Puerto Rico también declaró una epidemia de influenza.
Horas después del fallo del juez el lunes, el presidente de la Cámara de Representantes declaró un estado de excepción y anunció que todas las sesiones serían realizadas de manera virtual hasta finales de febrero.
El Senado de Puerto Rico ha dicho que no está sopesando implementar medidas similares.
Al reunirse los representantes esta semana abordaron un proyecto de ley que eliminaría los requisitos de vacunación para los estudiantes menores de 5 años, una propuesta que avivó aún más el debate sanitario.
El miércoles, expertos médicos arremetieron contra la propuesta de ley.
“Este proyecto de ley, en esencia, inserta al Estado en una corriente ideológica anticiencia que viene ganando adeptos en lo que ha sido descrito como una nueva época de oscurantismo”, dijo el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico.
Otros médicos testificaron sobre la seguridad y la necesidad de vacunas. Waleska Crespo, presidenta de una asociación de escuelas y universidades privadas, repitió dichas inquietudes.
“Es el gobierno el que principalmente tiene que proteger el derecho fundamental a la salud”, señaló.
El proyecto de ley fue presentado por Burgos, miembro de un pequeño partido conservador, y por otros cuatro legisladores que representan a los dos partidos políticos más importantes de Puerto Rico. Los legisladores alegan que los padres de familia o tutores legales que no crean en las vacunas por cuestiones religiosas o de otro tipo deberían poder estar exentos de usarlas.
Entre los partidarios de la medida está Carlos Pérez Toro, un sacerdote católico, que participó en la audiencia del miércoles.
“La falta de informar a los padres, para que sean ellos los que ultimadamente decidan sobre lo que conviene para la salud de sus hijos, llevaba a decisiones gubernamentales sobre vacunación forzosa que muchas veces no eran basadas en la necesidad de proteger a la comunidad escolar de enfermedades contagiosas”, señaló.
Las audiencias sobre el proyecto de ley siguen en curso, y varios legisladores prometieron luchar por su aprobación, así como por la demanda presentada por Burgos en la que rechaza el requisito de portar mascarilla en el Capitolio.