Desmontan red de reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación en occidente de México
Las autoridades mexicanas anunciaron el lunes el desmontaje de una red de reclutamiento del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, que controla vastas regiones del país, tras la detención de un operador del grupo y la desactivación de 39 páginas de diferentes plataformas que eran empleadas para la captación de personas.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, informó que el 20 de marzo fue apresado en la capital mexicana José Gregorio “N”, alias “El Lastra” o “Comandante Lastra”, quien fue identificado como el responsable del reclutamiento de personas del referido grupo delictivo desde mayo del año pasado.
Durante la conferencia presidencial matutina, García Harfuch admitió que el detenido tenía a su cargo el centro de adiestramiento del predio “Rancho Izaguirre” del municipio Teuchitlán, en el estado occidental Jalisco, donde un colectivo de buscadores de personas desaparecidas localizó este mes numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir y objetos personales.
Según las autoridades, el detenido también era uno de los principales colaboradores de otro presunto integrante de la organización criminal de nombre Gonzalo “N”, alias “El Sapo”, que opera en los estados de Jalisco, Nayarit y Zacatecas.
García Harfuch indicó que en el marco de la operación y tras un seguimiento y análisis de perfiles en redes sociales relacionados con la captación de personas para su incorporación a actividades de la delincuencia organizada, las autoridades desactivaron “39 páginas de reclutamiento en diferentes plataformas”.
De septiembre pasado a la fecha han sido detenidas 49 personas relacionadas con las labores de reclutamiento, precisó el funcionario.
El desmantelamiento de la red de reclutamiento de Jalisco Nueva Generación se da a pocas semanas de que la administración de Donald Trump declaró al grupo una organización terrorista j unto otros cinco cárteles mexicanos.
Al explicar cómo era el proceso de reclutamiento, García Harfuch detalló que “El Lastra” empleaba principalmente las redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas, que incluía ofertas como guardias de seguridad con pagos semanales de hasta 12.000 pesos (unos 600 dólares).
Los interesados eran buscados en distintas centrales de autobuses y de allí eran llevados al “Rancho Izaguirre” donde recibían entrenamiento por un mes en manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico y permanecían incomunicados.
Aunque el secretario de Seguridad admitió que en el “Rancho Izaguirre” no se ha encontrado “ningún indicio que haya sido un campo de exterminio”, reconoció que de acuerdo con el testimonio de un detenido en ese predio “llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura”.
La captura del presunto reclutador del Jalisco Nueva Generación coincidió con la detención durante el fin de semana de tres expolicías del municipio de Tala, vecino a Teuchitlán, quienes son señalados por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas en el “Rancho Izaguirre”.
El escándalo de Teuchitlán estalló tras la denuncia que realizó el 5 de marzo el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, integrado por activistas que buscan a sus familiares desaparecidas, sobre el hallazgo en el “Rancho Izaguirre” de numerosos restos de huesos y cientos de prendas de vestir.
A pesar de que la Guardia Nacional y la Fiscalía del estado de Jalisco habían intervenido el predio en septiembre pasado y detenido diez personas en el lugar, no fue sino gracias a la denuncia del colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco que se reactivó el caso que ha puesto en tela de juicio las fallas de las autoridades mexicanas para llevar adelante las investigaciones.
Ante la conmoción que ha generado el caso, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que promoverá unas reformas legales para agilizar la búsqueda de desaparecidos y hacer frente a una crisis que arrastra México desde hace décadas y que ya acumula casi 125.000 personas desaparecidas.
En el marco de esa iniciativa, la consejera jurídica de la presidencia, Ernestina Godoy, informó el lunes que el Ejecutivo propondrá la reforma de las leyes de Población y en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Godoy explicó que se crearán una Plataforma Única de Identidad, una Base Nacional de Carpetas de Investigación de personas desaparecidas y un Sistema Nacional de alerta, búsqueda y localización de personas que permitirá el registro inmediato de las denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, se incorporará la Clave Única de Registro de Población (CURP) como mecanismo de identidad oficial.