En 24 horas frenéticas, migrantes venezolanos en EEUU fueron enviados a prisión en El Salvador
Fueron solo unas pocas frases en un discurso presidencial de una hora sin un hilo conductor claro, un viernes por la tarde.
Junto con declaraciones sobre la disminución del precio de los huevos y la promesa de expulsar a las “fuerzas corruptas” del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump señaló que cientos de miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua habían sido arrestados.
“Van a leer muchas historias mañana sobre lo que hemos hecho con ellos”, dijo en el Departamento de Justicia el 14 de marzo. “Son gente dura y gente mala, y los estamos echando fuera de nuestro país”.
“Ustedes quedarán muy impresionados”, agregó.
Trump anticipaba el drama que se avecinaba, el cual incluía vuelos clandestinos a otra parte del continente americano, una prisión famosa, inocentes entre criminales y una confrontación dramática entre sus afirmaciones de poder presidencial y un juez federal quien, según Trump, se había extralimitado.
La invocación por parte del presidente de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar la deportación de más de 130 hombres venezolanos, algunos de ellos pandilleros y otros que afirman que estaban en Estados Unidos legalmente —y quienes aparentemente fueron expulsados debido a sus tatuajes comunes—, se desarrolló durante un lapso frenético de 24 horas.
Para cuando Trump habló, cientos de inmigrantes detenidos habían sido trasladados discretamente desde todo Estados Unidos hasta el sur de Texas, y se habían fletado aviones para llevarlos a su destino final, El Salvador, bajo un acuerdo con el presidente Nayib Bukele, quien se autodenomina con orgullo “el dictador más genial del mundo”.
Los hombres fueron trasladados a una megaprisión de máxima seguridad en El Salvador, donde las autoridades rápidamente hicieron un espectáculo de los nuevos reclusos, a quienes raparon y que después fueron vistos de pie, hombro con hombro, en celdas tan hacinadas que algunos no tienen camas.
Pero pronto comenzaron a circular historias de que la escena no era lo que parecía. Algunos de ellos habían insistido desde hacía mucho que no tenían vínculos con pandillas, y sus familias habían presentado documentos que demostraban que no tenían antecedentes penales.
“He hecho esto desde hace mucho tiempo y he visto cosas bastante raras”, dijo el abogado texano John Dutton, quien representó a un hombre que desapareció en la prisión salvadoreña. “¿Pero hacer esto durante la noche, enviar a gente a otro país y directamente a una prisión sin haber sido condenados por ningún delito?”.
“No tiene sentido”, afirmó.
Trump cumplió un compromiso pendiente desde hace tiempo sobre migrantes
Tenía sentido para la Casa Blanca.
Trump había prometido durante años que invocaría la Ley de Enemigos Extranjeros para combatir la inmigración ilegal. Insistió muchas veces, falsamente, que Estados Unidos enfrentaba una invasión de inmigrantes delincuentes. El Tren de Aragua se convirtió en el rostro de esa amenaza y en el primer objetivo de esa ley en décadas.
Elaborada durante la presidencia de John Adams, la ley otorga al presidente poderes amplios para encarcelar y deportar a extranjeros en tiempos de guerra. Solo se ha utilizado en tres ocasiones: durante la guerra de 1812 y durante las dos guerras mundiales.
El gobierno de Trump ya había realizado acercamientos para calificar como guerra el problema de los migrantes delincuentes, sobre todo al designar a ocho grupos criminales latinoamericanos —incluido Tren de Aragua— como “organizaciones terroristas extranjeras”.
El gobierno telegrafió su siguiente paso lógico. Los abogados de inmigración se prepararon para contraatacar.
Vuelos del gobierno anuncian deportaciones a El Salvador
Los vuelos comenzaron a llegar a la pequeña ciudad del sur de Texas el 12 de marzo.
Utilizaron aviones fletados por una rama del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), los vuelos de ICE Air aterrizaron en Harlingen provenientes de Dallas, Phoenix, El Paso, Texas, y Nashville, Tennessee. Al menos tres provenían de Alexandria, Luisiana, una instalación principal de la red de centros de detención de inmigrantes de ese estado.
Pero no fue sino hasta el sábado 15 de marzo cuando un ejecutivo financiero jubilado de Ohio se dio cuenta de que algo inusual sucedía.
Dos vuelos, notó Tom Cartwright, estaban programados para volar de Harlingen a El Salvador.
Las deportaciones son bastante inusuales los sábados, al igual que los vuelos de deportación de Harlingen a El Salvador, dijo Cartwright, analista de datos de vuelos del grupo de defensa Witness at the Border (Testigo en la Frontera), cuyas redes sociales son monitoreadas de cerca en los círculos de inmigración.
“Todo eso se sumó y me dijo: Hay algo raro aquí”, comentó.
Documentos judiciales mostraron más tarde que, al menos durante la semana anterior, hombres venezolanos en centros de detención migratoria en Nueva Jersey, Pensilvania, Florida y otros lugares eran trasladados en autobús y avión hacia el Centro de Detención El Valle, del ICE, a 40 minutos en vehículo del aeropuerto de Harlingen.
Un maquillador se ve involucrado en las deportaciones masivas
Uno de esos hombres era un maquillador quien dijo haber huido de Venezuela el verano pasado después de que su jefe en un canal de noticias estatal lo abofeteara públicamente.
En un país donde la represión política y la homofobia abierta son parte de la vida, es difícil ser un hombre gay que no apoya al presidente, Nicolás Maduro.
Luego de caminar y viajar en autobús y taxi por Centroamérica y México, Andry José Hernández Romero esperaba encontrar una vida nueva en Estados Unidos. Usó una aplicación móvil de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para concertar una cita en un cruce fronterizo estadounidense en San Diego.
Allí fue donde le preguntaron sobre sus tatuajes y donde empezó su problema.
Las autoridades migratorias estadounidenses utilizan una serie de “identificadores de pandillas” para ayudarles a reconocer a miembros de Tren de Aragua. Algunos son obvios, como el tráfico de drogas con miembros conocidos del grupo.
Otros identificadores causan más sorpresa: camisetas de los Chicago Bulls, “ropa urbana de alta gama” y tatuajes de relojes, estrellas o coronas, según el material instructivo gubernamental presentado ante el tribunal por la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense de Libertades Civiles, o ACLU).
Los tatuajes fueron clave para identificar como miembros de Tren de Aragua a muchos de los hombres deportados, según documentos y abogados.
Romero, de veintipocos años, tiene una corona tatuada en cada muñeca. Una está junto a la palabra “Mamá”. La otra junto a la palabra “Papá”. Las coronas, según su abogado, también rinden homenaje al festival navideño de los Reyes Magos de su ciudad natal y a su trabajo en concursos de belleza, donde las coronas son comunes.
Romero, quien insiste que no tiene vínculos con Tren de Aragua, fue puesto bajo custodia del ICE y llevado a un centro de detención de California.
Y después, alrededor del 7 de marzo, fue trasladado repentinamente a un centro en Laredo, Texas, a tres horas en autobús del aeropuerto de Harlingen.
“La orden del presidente es deportarlos a todos”
Se suponía que el viernes 14 de marzo sería un día tranquilo para Javier Maldonado.
“Llegué tarde al trabajo, como a las 10 de la mañana”, dijo Maldonado, abogado de inmigración de Texas con sede en San Antonio. “Bebía mi café y pensé que iba a hacer trabajo administrativo y ponerme al día con los correos electrónicos y las llamadas telefónicas”.
Se equivocaba.
La Ley de Enemigos Extranjeros estaba a horas de ser invocada y a más de un día de ser anunciada, pero un grupo de hombres venezolanos recluidos en el Centro de Detención El Valle, cerca de Harlingen, comenzó a correr la voz. Alrededor de las 3 de la mañana, unos 100 de ellos fueron despertados por guardias y les informaron que los iban a deportar. A algunos les dijeron que volarían a México; a otros, a Venezuela. A muchos no les dijeron nada.
Diez horas después, los hombres estaban de vuelta en sus literas. El vuelo había sido cancelado, les anunciaron, y partirían pronto.
Pero algunos hombres contactaron a familiares o abogados.
En cuestión de horas, una red legal informal trabajaba frenéticamente, desde un abogado en Brooklyn hasta un profesor de derecho en Los Ángeles y un estudiante de derecho de la Universidad de Florida quien realizaba prácticas profesionales en un bufete de defensa de inmigrantes en El Paso. Todos trabajaban con abogados texanos como Maldonado, quienes presentaban peticiones en un tribunal federal.
“Es un círculo pequeño, relativamente, de abogados que se dedican a este tipo de trabajo”, informó.
Incluso las personas que cruzan ilegalmente a Estados Unidos tienen derechos. Algunos de los hombres que defendían los abogados contaban con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), una clasificación legal que protege a aproximadamente 350.000 venezolanos de la deportación.
La comunicación entre abogados y detenidos era con frecuencia caótica. En ocasiones, los mensajes se transmitían a través de familiares en Venezuela.
Pero los guardias, dijo un hombre, habían dejado algo en claro: “La orden del presidente es deportarlos a todos”.
Trump invoca la Ley de Enemigos Extranjeros
Trump estaba a bordo del avión Air Force One ese viernes cuando invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, rumbo a su club de Mar-a-Lago, en Florida.
Tren de Aragua, según su proclamación, intentaba “una invasión o incursión depredadora” de Estados Unidos.
No obstante, el gobierno no dijo nada públicamente.
A pesar de ello, se corría la voz sobre los vuelos planeados a El Salvador. Un abogado de Texas había grabado imágenes de un autobús al salir de las instalaciones de El Valle con escolta policial, aparentemente rumbo al aeropuerto.
Aunque el uso de la ley por parte de Trump aún no se había anunciado, dos grupos de defensa legal, la ACLU y Democracy Forward (Democracia en Marcha), consideraron que debían presentar la solicitud de forma preventiva.
“No podíamos arriesgarnos a que no iba a suceder nada”, dijo Lee Gelernt, abogado principal de la ACLU.
Pasaron horas redactando una petición en nombre de cinco venezolanos detenidos que temían ser etiquetados falsamente como miembros del Tren de Aragua y deportados. Elaboraron argumentos legales hasta que sintieron que el tiempo se agotaba.
Finalmente, presentaron la petición ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, con el objetivo de detener todas las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
Eran las 2:16 de la madrugada del sábado.
¿Se trasladó a presos al aeropuerto mientras un juez emitía una medida cautelar provisional?
Más tarde ese mismo día, después de que el juez James E. Boasberg emitiera una medida cautelar provisional en respuesta a la demanda de la ACLU y programara una audiencia para las 5 de la tarde, las cosas en Texas comenzaron a acelerarse.
Los guardias reunieron a los prisioneros en el centro de detención de El Valle y los hicieron subir a autobuses rumbo al aeropuerto aproximadamente a las 3:30 de la tarde.
Los vuelos transportaron a un total de 261 deportados, informó posteriormente la Casa Blanca, incluyendo 137 venezolanos deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, 101 bajo otras regulaciones migratorias y 23 salvadoreños miembros de la pandilla MS-13.
Alrededor de las 4 de la tarde, la Casa Blanca publicó la proclamación de Trump.
El juez ordenó el regreso de los aviones, pero eso no sucedió
Aproximadamente una hora después, Boasberg inició su audiencia por Zoom.
“Primero, disculpas por mi atuendo”, comenzó, vestido con un suéter azul. “Salí de fin de semana y no traje ni toga, ni corbata, ni camisa apropiada”.
La situación se tornó más seria rápidamente. Boasberg preguntó si el gobierno planeaba deportar a alguien bajo la nueva proclamación “en las próximas 24 o 48 horas”. La ACLU advirtió que los aviones de deportación estaban a punto de despegar. Drew Ensign, el fiscal general adjunto, dijo que desconocía los detalles de los vuelos.
Boasberg convocó un receso para que Ensign pudiera obtener más información. Cuando Ensign regresó con las manos vacías, el juez emitió una nueva orden para detener las deportaciones que se llevaban a cabo bajo la ley centenaria.
Señaló específicamente que cualquier avión ya en el aire debía regresar.
“Esto es algo de lo que usted debe asegurarse que se cumpla de inmediato”, dijo a Ensign.
Eran alrededor de las 6:45 de la tarde.
Para entonces, dos aviones de ICE Air volaban sobre el Golfo de México hacia Centroamérica. Ninguno dio la vuelta para volver.
Los aviones hicieron escala en Honduras antes de realizar el corto vuelo final a El Salvador.
El miedo se apoderó de los pasajeros del avión cuando se abrieron las puertas y los presos se dieron cuenta de dónde estaban. Muchos conocían la reputación de las cárceles de El Salvador.
“Todos estaban asustados”, dijo una mujer nicaragüense que accidentalmente fue subida a una aeronave, en una declaración legal tras regresar a Estados Unidos. “Algunas personas tuvieron que ser sacadas por la fuerza del avión”.
A continuación, los acontecimientos quedaron rápidamente en manos del gobierno salvadoreño, que publicó videos de hombres encadenados que caminaban con dificultades mientras los oficiales los obligaban a bajar la cabeza y los dirigían al inmenso Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT.
A la mañana siguiente, Bukele, el presidente de El Salvador, tuiteó un titular del New York Post que decía que Boasberg había ordenado que los aviones regresaran.
“¡Ups! ... Demasiado tarde”, escribió Bukele con un emoji de risa y llanto.
El gobierno de Trump ahora insta a la Corte Suprema a que autorice la reanudación de las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Boasberg pronto podría decidir si existen razones para declarar a alguien en desacato judicial por desafiar su orden judicial.
En cuanto a Romero, el maquillador, está en algún lugar del CECOT.