Guatemala: familia de periodista pide su liberación tras dos años de detención sin condena
En el segundo aniversario de la detención del periodista guatemalteco José Ruben Zamora, su hijo José Carlos Zamora, junto a Reporteros Sin Fronteras, pidió el martes al salir de la prisión donde su padre está recluido, que el Estado de Guatemala lo libere para que enfrente en libertad los procesos judiciales en su contra.
El hijo del periodista se reunirá con el presidente Bernardo Arévalo para entregarle una carta donde denuncia injusticias y fallas al debido proceso en el caso del periodista, además de una petición para que se apliquen al caso de su padre normas jurídicas internacionales.
El núcleo familiar del periodista tuvo que abandonar el país por temor a ser criminalizados junto a él.
“Estamos pidiendo que lleguemos a un acuerdo amistoso, (bajo el sistema interamericano de derechos Humanos) lo que él (Arévalo) tiene el poder de aprobar y con eso el equipo legal va a hacer lo necesario para que el tenga su libertad”, dijo el hijo del periodista, que calificó la permanencia en prisión de su padre de “atropello, un abuso y un ataque a la democracia”.
Artur Romeu, director de Reporteros Sin Fronteras para América Latina, dijo que Zamora “se ha vuelto un símbolo y monumento de la lucha por la libertad de prensa en el mundo" por lo que piden su liberación.
El hijo del periodista comentó que el sistema judicial de Guatemala, especialmente los jueces que conocen las dos causas en las que la fiscalía acusa a Zamora por lavado de dinero y por falsificación de documentos, mantienen una venganza contra su padre.
“Es clarísimo que esto viene del pacto de corruptos (como le llaman a un grupo de particulares coludidos con fiscales, jueces y políticos que ejercen corrupción y se asociaron para tener impunidad) y lo que se convirtió en su herramienta principal para perseguir las voces críticas: el Ministerio Público”, dijo Zamora.
A principios de este mes un grupo de trabajo de Naciones Unidas dijo que la detención del periodista es arbitraria. También se han pronunciado varias organizaciones de libertad de prensa como el Comité de Protección a Periodistas o la Sociedad Interamericana de Prensa, han dicho que la persecución a Zamora es espuria y han solicitado su liberación.
“Esperamos que esto termine pronto. Es terrible ver que el Estado está controlado por una célula criminal en el Ministerio Público y jueces que se dedican a emitir resoluciones ilegales e inconstitucionales”, dijo hoy José Carlos Zamora.
Su padre, el periodista de 67 años es especialista en temas anticorrupción y ha dicho que esa es la razón por la que fue apresado. En libertad y en prisión ha sido galardonado con varios premios como el María Moors Cabot o el premio Gabriel García Márquez.
Fue detenido en julio del 2022, tras una denuncia por lavado de dinero, hecha por Ronald Navarijo, un banquero acusado de corrupción. Navarijo se convirtió en testigo de la fiscalía, y dijo que Zamora le pidió bancarizar 300.000 quetzales, unos 38.000 dólares.
El periodista dijo que el dinero era producto de una donación para cubrir deudas de ElPeriódico, un matutino que Zamora presidía y que dejó de circular tras la denuncia, además aseguró que la persona que hizo la donación no quería figurar y que por eso Zamora pidió a Navarijo depositar el monto. El banquero entonces informó a la fiscalía de este hecho.
Una juez condenó a Zamora a seis años de prisión, pero la sentencia fue anulada por fallas en el debido proceso, entre ellas, la negativa de un juez de permitir incluir pruebas y testigos a favor del periodista.
Aunque la corte revirtió el caso, aún no hay fecha para las audiencias tanto para un nuevo juicio como para pedir su libertad en el segundo caso en el que es acusado por la presunta falsificación de sus firmas en boletas de declaración jurada para salir o entrar del país.
Romeu exigió que liberen al periodista y dijo que aplazar sus audiencias es un “prolongamiento cruel de su detención arbitraria, una prisión preventiva que ya no tiene lugar”.
En entrevista con AP Zamora responsabilizó de su situación al expresidente Alejandro Giammattei por las investigaciones en las que el periodista reportó hechos de corrupción en su gobierno. Algunos de esos hechos han sido negado el expresidente.
Giammattei ha dicho que es amigo de la fiscal general Consuelo Porras, que dirige la fiscalía y que fue sancionada por Estados Unidos por socavar la democracia y la lucha anticorrupción en el país. Giammattei la nombró en el cargo.
Durante el gobierno de Giammattei (2020-2024) más de 100 operadores de justicia incluidos jueces y fiscales, abogados, defensores de derechos humanos, opositores políticos y periodistas se han exiliado denunciando criminalización en su contra por investigar hechos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.