Líderes sociales del noreste de Colombia piden acción contra ola de violencia

Líderes sociales y defensores de derechos humanos pedían ayuda el miércoles en la icónica Plaza de Bolívar de Bogotá ante la reciente ola de violencia en el Catatumbo, al noreste de Colombia, que empujó a más de 50.000 personas a desplazarse y en la que murieron más de 60 personas.

“Estamos reclamando nuestros derechos por las necesidades que nosotros dejamos” en el Catatumbo, dijo a The Associated Press Martha Meneses, líder comunal de Tibú, uno de los municipios que conforman la convulsa región. “(Venimos) como madres, que tenemos hijos, familia; también quedaron allá, sufriendo y esperan también apoyo del gobierno”, agregó la mujer de 45 años.

Más de 80 líderes sociales y comunales pasaron la noche en carpas, algunas sin colchones, que fueron ubicadas a la intemperie a su llegada el martes a la Plaza de Bolívar, donde se ubica el Congreso, el Palacio de Justicia y la Alcaldía de Bogotá. “S.O.S Catatumbo”, rezaba un cartel.

La violencia en la ya convulsa región de Catatumbo se agudizó desde el 16 de enero cuando iniciaron confrontaciones entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016 con el Estado. Ambos sostienen mesas de negociación de paz con el gobierno.

Los dos grupos armados se disputan el control de la zona fronteriza con Venezuela, estratégica para el paso de mercancías ilícitas y de suelos fértiles usados para el cultivo de hoja de coca. Analistas han dicho que una tregua entre los dos armados se rompió.

Mientras la violencia recrudecía, especialmente en los primeros días cuando aumentaban las cifras de muertos y desplazados, el gobierno señaló como principal responsable al ELN, grupo con el que decidió suspender la mesa de negociación por la violencia desatada. Entre 60 y 80 personas han muerto en Catatumbo desde el 16 de enero, según la ONU y la gobernación de Norte de Santander, respectivamente.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, denunció que la guerrilla buscaba casa por casa a sus víctimas en una suerte de “cacería”.

Wilmer Torrado Nuñez, uno de los líderes comunales que llegó a Bogotá, lo vivió en carne propia. A su casa hombres armados llegaron a buscarlo, pero logró escabullirse. “Por encima de Dios no pasa nadie”, dijo sin dar detalles del nombre del grupo armado ni de su estrategia para huir.

Sin embargo, Torrado, de 28 años, nunca había salido del Catatumbo hacia Bogotá hasta que tuvo que hacerlo forzosamente. Como la mayoría de los desplazados, Torrado fue primero hacia Cúcuta, la capital de Norte de Santander y la ciudad más cercana al Catatumbo, dejando a su hijo y esposa. Luego viajó hasta Bogotá junto a otros líderes sociales con la esperanza de despertar el interés del gobierno nacional.

Para Torrado no es suficiente con la declaratoria de estado de conmoción interior en el Catatumbo, ordenada la semana pasada por el presidente Gustavo Petro, una figura que le da facultades extraordinarias legislativas y la posibilidad de restringir algunos derechos.

“Antes de declarar decretos o discursos, acá lo único que estamos solicitando es la inversión, de manera inmediata... fortalecimiento de emprendimientos”, afirmó Torrado. “Nosotros no construimos paz ni con documentos firmados ni con palabras bonitas”.

Para el líder, el aumento del pie de fuerza con más de 9.000 militares en el Catatumbo no representa una solución de fondo. “Eso es lo que agudiza más la guerra en el territorio... porque ya no van a ser el ELN y las FARC enfrentándose, sino tres actores armados con las fuerzas militares”, explicó.

También pidió que se sustituyan por cultivos lícitos los sembradíos de hoja de coca —materia prima de la cocaína— que, a su juicio, constituyen uno de los mayores problemas del Catatumbo.

De las 253.000 hectáreas de hoja de coca que se registraron en Colombia, en el departamento de Norte de Santander se concentran 43.178, la mayoría en el Catatumbo, según el reporte para 2023 del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos.

“No entendemos por qué si el gobierno es consciente de que ese es el problema, por qué no nos ayuda”, cuestionó Torrado.