Los más pobres de México reciben menos fondos en el gobierno de López Obrador

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo hace casi seis años con un lema sencillo que establecía las prioridades de su gobierno: “Por el bien de todos, primero los pobres”.

Su gobierno eliminó una serie de programas sociales existentes y estableció otros propios, con lo que aumentó rápidamente el gasto social general a niveles sin precedentes para las personas mayores, los jóvenes desempleados, los estudiantes, los agricultores y las personas con discapacidades.

Pero menos notado fue que la nueva lista de programas sociales cambió dramáticamente a quién se entregaba ese dinero. De repente, los más pobres de México recibían una porción menor del gasto público y menos dinero que en gobiernos anteriores.

Mientras tanto, algunos de los más ricos comenzaron a recibir dinero que en realidad no necesitan.

El cambio se debió en gran medida a un enorme beneficio de pensión “universal” para personas de la tercera edad que López Obrador lanzó un frío día de enero en las afueras de la Ciudad de México en 2019, pocas semanas después de asumir el cargo. Anunció que prácticamente iba a duplicar la pensión federal existente —que desde entonces se ha duplicado— y ampliarla, independientemente de los ingresos, a personas que anteriormente no calificaban, como aquellos jubilados que ya recibían pensión.

Si no se inyecta mucho más dinero en el sistema, “los programas universales distribuyen los beneficios más escasamente entre toda la población, con el resultado de que la gente que más los necesita empeora”, dijo Robert Greenstein, miembro de la Brookings Institution, una organización estadounidense sin fines de lucro que realiza investigaciones para mejorar políticas en todos los niveles de gobierno. “La pobreza puede aumentar. La desigualdad puede ser mayor de lo que sería bajo un plan más específico”.

Pero los programas sociales de López Obrador han demostrado ser tan populares que incluso los candidatos de la oposición que se postulan para reemplazarlo en las elecciones del 2 de junio han prometido ampliarlos. Unos 28 millones de mexicanos se beneficiarán este año de alguno de los programas. En el último debate presidencial el domingo, la candidata Xóchitl Gálvez dijo que reduciría la edad mínima de jubilación de 65 a 60 años.

La pensión es el programa social más grande por presupuesto en la lista del dinero que entrega López Obrador, y supera con creces los también conocidos Jóvenes Construyendo el Futuro, que paga a adultos jóvenes que no estudian ni trabajan mientras laboran como aprendices, y Sembrando Vida, que entrega dinero a agricultores para que planten árboles frutales o madereros en sus tierras.

Combinado con la eliminación de los programas de sus predecesores que se habían centrado en los más necesitados de México, los expertos dicen que la pensión cambió dramáticamente la distribución de los fondos gubernamentales.

A cuatro meses de que acabe el sexenio, varias millones de personas han salido de la pobreza, aunque factores más allá de los programas sociales están involucrados, por ejemplo, López Obrador casi triplicó el salario mínimo y los mexicanos en el extranjero continúan enviando cantidades récord de dinero a sus familiares.

Curiosamente, hay unos 400.000 mexicanos más en pobreza extrema que al inicio de su mandato, según datos del gobierno.

Un informe del gobierno publicado cada dos años que divide a la población de México en 10 segmentos por ingreso dice que el segmento más pobre en 2018 recibió alrededor del 19% del gasto social. Apenas dos años después, ese grupo más pobre recibía sólo alrededor del 6%, dijo Manuel Martínez Espinoza, investigador del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), de México. Por razones desconocidas, el gobierno no ha publicado el informe de 2022.

DINERO EN EFECTIVO PARA LAS FAMILIAS, PERO CON CONDICIONES

En el mostrador de un local en un mercado del centro de Ciudad de México, Arturo García se inclinaba sobre un plato humeante de caldo de panza de res, una mañana reciente. El taxista retirado de 73 años dijo que dejó de aceptar pasajeros durante la pandemia.

Ahora, sus únicas fuentes de ingresos son los 6.000 pesos (362 dólares) que recibe de su pensión universal cada dos meses y algo de dinero que obtiene por alquilar un espacio en su casa como almacén a vendedores ambulantes.

“Tengas dinero o no tengas dinero, te la dan”, dijo García sobre la pensión. “El gobierno está tratando que todos seamos iguales”.

Uno de los programas al cual López Obrador puso fin al asumir el cargo se llamaba Prospera. Se dirigió a las familias más pobres de México durante unas dos décadas bajo diferentes nombres con lo que se conoció como transferencias monetarias condicionadas. Las familias pobres recibían dinero, el cual estaba restringido por el nivel de ingresos, y los beneficiarios debían cumplir algunos requisitos para recibirlo, como llevar a sus hijos a controles médicos.

El presidente dijo que el programa era clientelista y sufría una corrupción sistemática, aunque también se han encontrado casos de corrupción en los programas de López Obrador.

Los programas sociales focalizados como Prospera intentan ser más precisos al dirigir los fondos públicos a segmentos específicos de la población. Por ese motivo suelen ser menos costosos que los programas universales. Los críticos, sin embargo, dicen que estigmatizan a los pobres, tienen menor apoyo político —lo que los hace vulnerables a ser recortados_, requieren mayor administración para determinar la elegibilidad, y menos personas se inscriben, explicó Greenstein, de la Brookings Institution, quien agregó que esos riesgos no son inherentes en los programas focalizados.

La Secretaría de Bienestar no respondió a solicitudes de comentarios.

Los fondos de Prospera se redirigieron a los programas de López Obrador —principalmente la pensión universal_, lo que marcó un cambio importante de un programa sujeto a verificación de recursos que beneficiaba principalmente a niños pobres, a uno que proporcionaba dinero en efectivo a todas las personas de la tercera edad.

Una de las críticas más cínicas al cambio es que los niños no votan, pero las personas mayores, sí.

RECIBEN MÁS QUIENES NO LO NECESITAN REALMENTE

La otra cara de que los más pobres de México reciban una proporción menor del gasto social en este gobierno es que personas que realmente no lo necesitan reciben más.

Una mañana de finales de abril, César Herrera llevó a su madre anciana a una sucursal del Banco Bienestar, en la Ciudad de México, para retirar el pago de su pensión. El banco fue creado por López Obrador como un vehículo para hacer llegar los pagos de los programas de su administración directamente a las manos de los mexicanos.

Herrera dijo que él y su madre habían acudido en febrero cuando se hizo el último depósito de pensión y vieron que la fila se extendía a lo largo de la calle. Pero a diferencia de muchas personas mayores que viven de pago en pago, Herrera dijo que su madre no necesita el dinero, así que se fueron.

“Sin embargo, está ahí”, agregó cuando regresaron un mes y medio después. “Por supuesto que hay que tomarlo”.

El noveno de 10 estratos de ingresos, o el segundo más alto analizado por el gobierno, pasó de recibir unos 4,40 dólares de cada 100 dólares de gasto social en 2018 a recibir unos 10 dólares en 2020, informó Martínez, el investigador del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.

Martínez dijo que su trabajo de campo en Chiapas, el estado más pobre de México, encontró a muchas personas que no recibían tanto dinero como antes con Prospera, pero que, no obstante, apoyaban fervientemente a López Obrador.

“Yo he platicado, con mucho trabajo de campo, con personas; se sienten como valoradas, se sienten que el presidente las valora, lo cual no sentían antes”, refirió Martínez.

Martínez plantea la hipótesis de que el crecimiento de la pobreza extrema durante este gobierno se debió en parte a la eliminación de Prospera, pero también al hecho de que las personas en pobreza extrema tienden a trabajar en el sector informal, y que, por lo tanto, no se habrían beneficiado de la misma manera por el aumento del salario mínimo. Otro factor fue que la pandemia de COVID-19 obligó a muchas familias a agotar sus limitados ahorros en atención médica.

El presidente y su ungida Claudia Sheinbaum insisten en que Gálvez pondrá fin a los programas sociales si gana, mientras la candidata opositora promete que no lo hará. Gran parte de ese debate es innecesario ya que la pensión ahora está consagrada en la Constitución.

Martínez dijo que incluso con la edad mínima actual de 65 años, el programa consume fondos públicos demasiado rápido.

“A corto plazo va a ser una bomba de tiempo porque va a generar problemas, porque no va a ser sostenible fiscalmente”, afirmó.