El jefe de la agencia de inmigración de México será juzgado por su supuesta falla de supervisión después de que 40 personas murieran en un incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez en marzo.
Francisco Garduño permanecerá libre y en funciones en su trabajo por el momento. Associated Press informa que sus abogados buscarán un acuerdo para brindar reparaciones a las víctimas del incendio o sus familias.
Los fiscales federales de la Fiscalía General de la República argumentaron en la corte esta semana que Garduño, como el funcionario de inmigración de mayor rango en el país, descuidó sus deberes de supervisión en Ciudad Juárez, a pesar de que supuestamente sabía que el centro de detención de la ciudad no era seguro.
Los fiscales pidieron que Garduño fuera destituido de su trabajo al frente del Instituto Mexicano de Migración, pero un juez negó la solicitud y, por lo tanto, Garduño continuará en el cargo.
Después de que un migrante fuera presuntamente responsable de iniciar el incendio en las instalaciones de Ciudad Juárez el 27 de marzo, nadie en un puesto de autoridad en el centro pareció intentar evacuar a los migrantes retenidos allí, a pesar de que se estaba llenando de humo una celda de detención donde estaban detenidas 68 personas.
Además de las 40 personas que murieron en el incendio, otras dos docenas resultaron heridas. Diecinueve de las personas que murieron eran de Guatemala.
Ahora, la pregunta es si los funcionarios gubernamentales de alto rango rendirán cuentas. Garduño aún cuenta con el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró para el puesto de inmigración en 2019 en un momento en que México estaba bajo la presión del entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para frenar la migración en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Garduño, abogado de formación y servidor público desde hace mucho tiempo, tiene una relación con Obrador que se remonta a cuando el presidente se desempeñaba como alcalde de la Ciudad de México. Garduño asumió el cargo después de que su predecesor, Tonatiuh Guillén, renunciara en protesta por las políticas migratorias cada vez más restrictivas.
La agencia de inmigración de México lleva años enfrentando denuncias de corrupción y vulneraciones de los derechos humanos, incluido que los centros de migrantes con demasiada frecuencia tienen una ventilación inadecuada, junto con problemas sobre agua potable y alimentos.
Garduño no es el único funcionario de inmigración que será juzgado. Otros siete funcionarios también han enfrentado acusaciones penales por su papel en el incendio, y el delegado de la agencia de inmigración en el estado de Chihuahua enfrenta cargos de homicidio y lesiones por omisión.
A Garduño, por su parte, se le ordenó presentarse ante el tribunal cada dos semanas hasta que comience su juicio o se resuelva su caso.
Traducción de Michelle Padilla