¿Debilitar o fortalecer la democracia? Esto es lo que sabemos de la reforma electoral de AMLO

Este jueves, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que enviará su iniciativa de reforma electoral al Congreso de la Unión, la cual tiene como objetivo centralizar las funciones del INE (Instituto Nacional Electoral), con lo que ahorrarían 24.000 millones de pesos al año, lo equivalente a 1.173 millones de dólares.

La propuesta de ‘reforma democrática’ de AMLO pretende sustituir al INE por el INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas), pero el cambio no solo sería de nombre. El primer mandatario quiere desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales y los Tribunales Electorales, lo que implicaría que los comicios estatales, municipales y concejales, queden a cargo de la Federación.

Cabe mencionar que, cualquier querella o juicio por alguna controversia o inconsistencia en uno de estos procesos electorales, tendrá que ser turnado a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los expertos en esta materia aseguran que, lo que provocará esta medida en caso de ser aprobada, es que el trabajo se concentre a nivel federal, ya que no solo turnarían las quejas de elecciones federales, sino las de 32 estados de la República en todos su niveles.

Se presume que, la propuesta del presidente mexicano, también contemple un Instituto Electoral con menos consejeros.

En su propuesta de reforma, AMLO también propone que los consejeros y magistrados del INE o, probablemente INEC, sean elegidos mediante el voto popular. Asimismo, pretende la eliminación de diputaciones plurinominales y la reducción de legisladores en la Cámara de Diputados, de 500 a 300; y la Cámara de Senadores, de 128 a 96.

Especialistas creen que, uno de los grandes avances en esta propuesta, podría ser el reconocimiento y posibilidad a implementar el voto electrónico. AMLO también ha sugerido que se reduzca el tiempo en radio y televisión en materia electoral; y reducir al 33 por ciento la participación ciudadana en ejercicios de revocación de mandato para que esta sea vinculante o efectiva.