Presentan hábeas corpus en El Salvador para pedir excarcelación de venezolanos deportados por EEUU

Associated Press
Lunes, 24 de marzo de 2025 17:34 EDT
EL SALVADOR-EEUU DEPORTACIONES
EL SALVADOR-EEUU DEPORTACIONES (AP)

Un grupo de abogados contratados por el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó el lunes un hábeas corpus en El Salvador para exigir la liberación de 238 venezolanos deportados por Estados Unidos que guardan prisión en una cárcel de máxima seguridad del país.

Uno de los abogados dijo que la petición fue presentada en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y que representan a 30 de los 238 ciudadanos venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos hace poco más de una semana e internados en el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad de El Salvador.

Estados Unidos alegó que los deportados eran miembros de la banda de crimen trasnacional Tren de Aragua, designada como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump a finales de febrero junto a varios cárteles.

Los abogados que presentaron el hábeas corpus aseguran que no tienen vínculos con organizaciones criminales y que fueron detenidos en Estados Unidos como migrantes por no tener documentación.

La petición de hábeas corpus tiene por objeto supervisar el derecho a la libertad física y la integridad física, psíquica y moral de las personas detenidas; es un proceso que busca verificar si la detención está justificada y bajo el marco legal.

“Representamos en este momento a 30 ciudadanos venezolanos que nos han otorgado poder para actuar, pero por efecto extensivo, nosotros estamos pidiendo el hábeas corpus para el resto de los ciudadanos venezolanos que se encuentran detenidos en nuestro país”, dijo a los periodistas el abogado Jaime Ortega, del bufete de abogados Grupo Ortega.

Otro de los representantes jurídicos, Salvador Ríos, explicó que fueron contratados por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y por el Comité de Familiares de Inmigrantes venezolano para presentar la demanda que, afirma, beneficia al total de 238 deportados que el gobierno de los Estados Unidos envió a El Salvador.

“Conforme a todos los documentos que traemos apostillados se considera que las personas que dignamente representamos son ciudadanos migrantes, dentro de ellos, hasta un cantante. Son personas que han migrado de su país Venezuela, no tienen ningún antecedente criminal”, afirmó el abogado Ortega.

Aseguró que los venezolanos trasladados a la cárcel de máxima seguridad salvadoreña no pertenecen a la banda criminal del Tren de Aragua, que fueron detenidos en Estados Unidos por su condición migratoria irregular y que no poseen antecedentes penales.

El domingo 16 de marzo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, informó que llegaron al país los primeros 238 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y que, de inmediato, fueron trasladados a una cárcel de máxima seguridad.

El país centroamericano y el gobierno de Trump alcanzaron el mes pasado un acuerdo para albergar a migrantes detenidos en Estados Unidos. El ejecutivo estadounidense sostuvo que El Salvador podría incluso recibir a ciudadanos estadounidenses, aunque Estados Unidos no puede deportar a sus nacionales a otro país.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Bukele discutieron los detalles del acuerdo que contempla un costo de aproximadamente 20.000 dólares para albergar a cada prisionero durante el año. Un documento del Departamento de Estado también sugiere que podría reservar 15 millones de dólares para enviar a El Salvador para custodiar a miembros adicionales de la pandilla.

El acuerdo con Estados Unidos incluyó la entregó de 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) buscados por la justicia salvadoreña, incluyendo a dos cabecillas. Uno de ellos fue señalado como "miembro de la estructura más alta de la organización criminal”.

El presidente Trump afirmó el viernes que los venezolanos deportados y encarcelados en El Salvador fueron sometidos a un proceso “muy riguroso” para verificar que forman parte del grupo criminal Tren de Aragua.

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