Tras una pausa, los solicitantes de asilo vuelven a abrumar a los agentes fronterizos de EEUU

Varios migrantes de China se entregaron a un agente de la Patrulla Fronteriza en un área remota del sur de California mientras el susurro de las ráfagas de viento ahogaba el zumbido de las líneas eléctricas de alto voltaje, reuniéndose con personas de Ecuador, Brasil, Colombia y otros países en un campamento con refugios a base de ramas de árboles del desierto.

Su arribo el miércoles fue otro indicio de que los agentes se han visto abrumados en días recientes por el gran número de solicitantes de asilo en partes de la frontera de Estados Unidos con México. En la pequeña localidad de Eagle Pass, Texas, casi 6.000 migrantes ingresaron desde México en dos días, ante lo cual las autoridades cerraron uno de los dos cruces fronterizos oficiales del poblado, de forma que esos agentes pudieran ayudar a manejar el elevado flujo de personas. Cruces fronterizos en San Diego y El Paso, Texas, han cerrado recientemente por razones similares.

Tras un descenso en los cruces fronterizos ilegales luego de la implementación de nuevas restricciones al asilo en mayo, el gobierno del presidente Joe Biden está una vez más a la defensiva. Alcaldes y gobernadores demócratas procuran obtener más apoyo para poder albergar a los solicitantes de asilo, y los republicanos están tratando de sacar ventaja política con este tema antes de las elecciones de 2024.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo el miércoles que concedería Estatus de Protección Temporal a aproximadamente 472.000 venezolanos que ya estaban en Estados Unidos hasta el 31 de julio, facilitándoles una ruta para que obtengan un permiso de trabajo. Eso es adicional a los 242.700 venezolanos que ya habían sido declarados aptos para recibir dicho estatus.

El gobierno también está enviando a 800 soldados en activo a la frontera, los que se suman a 2.500 miembros de la Guardia Nacional que ya están allí. Está expandiendo la capacidad de las instalaciones fronterizas para detenciones en 3.250 personas, a casi 23.000, y extendiendo la supervisión a nivel nacional de hogares de familias que aguardan sus revisiones iniciales para determinar si se les otorga asilo o no.

El gobierno renovó la presión —y la culpa— sobre el Congreso, que desde hace mucho tiempo no ha logrado llegar a un acuerdo sobre cambios integrales al sistema del país para manejar la inmigración. Ahora el gobierno de Biden les está solicitando a los legisladores fondos de emergencia por 4.000 millones de dólares.

El Departamento de Seguridad Nacional señaló en un comunicado que estaba “utilizando las limitadas herramientas a su disposición para asegurar la frontera y desarrollar un sistema migratorio seguro, ordenado y humano”.

Theresa Cardinal Brown, asesora sénior de inmigración y políticas fronterizas en el Bipartisan Policy Center —un centro de investigación que promueve el bipartidismo—, dijo que es normal ver una disminución en los cruces ilegales luego de cambios como los que se impusieron en mayo, pero usualmente eso no dura mucho una vez que los migrantes ven cómo se desarrollan las cosas.

“Las personas ven lo que le ha pasado al último grupo de gente que lo intentó, y dicen algo así: ‘Oh, bueno, tal vez no es tan duro como dicen’”, señaló Brown.

Un incremento en el número de familias que arriban a la frontera derivó en condiciones inaceptables en dos de los sectores de mayor tránsito vigilados por la Patrulla Fronteriza, reportó el doctor Paul H. Wise, un monitor designado por un tribunal ante una corte federal la semana pasada. Wise dijo que niños de incluso 8 años fueron separados de sus padres durante su procesamiento en el sur de Texas, una práctica que ha sido aplicada principalmente en menores de entre 13 y 17 años.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) indicó que estaba examinando el informe de Wise, e hizo notar que durante el procesamiento pueden ocurrir separaciones limitadas y temporales por razones de seguridad, pero de ninguna manera son similares a las separaciones de largo plazo que se implementaron durante el gobierno del expresidente Donald Trump. Wise dijo que incluso una separación a corto plazo puede tener “efectos dañinos perdurables”.

En Eagle Pass, un poblado de unos 28.000 habitantes, aproximadamente 2.700 migrantes cruzaron el martes y 3.000 el miércoles, según Tom Schmerber, jefe policial del condado Maverick. El alcalde Rolando Salinas declaró a la ciudad área de desastre el martes.

Las autoridades federales cerraron un puente y un tren internacional en Eagle Pass el miércoles para reasignar al personal a otras áreas. La empresa Union Pacific Railroad Co. indicó el jueves que miles de vagones de ferrocarril cruzan la frontera allí a diario.

La CBP les dijo a ejecutivos de empresas que no puede dar una fecha aproximada de cuándo se reanudará el tránsito en Eagle Pass ni de cuándo se reabrirá el paso en un puente de El Paso para el tránsito de camiones comerciales que van a Estados Unidos. En otros cruces fronterizos el tráfico avanza más lento.

“Estamos experimentando grandes números de migrantes en toda la frontera, así que verán lentitud y alteraciones” en los cruces fronterizos, dijo Dennis McKenzie, subdirector de carga y seguridad en el transporte para la CBP. “Todo el personal está trabajando al máximo".

En San Diego, un cruce peatonal ha estado cerrado desde el 14 de septiembre, con el fin de que el personal que allí labora pase a un área donde migrantes provenientes de diversos países, desde Camerún hasta Colombia, están aguardando en un área ubicada entre dos muros fronterizos en San Diego. Voluntarios les dan alimentos y agua embotellada a los migrantes mientras esperan a que sus solicitudes sean procesadas.

Cerca de Jacumba Hot Springs —un pueblo de menos de 1.000 habitantes con un pequeño hotel y una tienda de artículos generales, ubicado en medio de montañas llenas de rocas al este de San Diego y a una hora en automóvil—, comenzaron a formarse campamentos de migrantes la semana pasada por primera vez desde mayo.

Los contrabandistas conducen en vehículos a los migrantes a un punto en México donde termina el muro fronterizo. Uno de los tres campamentos en el Valle de Jacumba se encuentra aproximadamente a media hora a pie sobre un camino de grava utilizado casi exclusivamente por agentes fronterizos. El miércoles ningún migrante había permanecido más de una sola noche, aprovechando tiendas de campaña abandonadas por otros.

La Patrulla Fronteriza les da a los migrantes pulseras de colores para marcar la fecha en que llegaron, con el fin de determinar quién es trasladado primero a una instalación de procesamiento. Los migrantes se protegen del frío nocturno acurrucándose junto a arbustos de enebro y encendiendo fogatas. Algunos subieron encima de grandes rocas con la esperanza de captar señal para sus teléfonos celulares.

Ángel Sisa, de 40 años, partió de la región costera de Ecuador con su esposa y dos hijos, de 15 y 13 años, luego de vender su tienda de artículos generales con el fin de escapar de las amenazas de muerte de delincuentes que le exigían pagos mensuales. La familia Sisa les pagó a contrabandistas para que los llevaran en avión y autobús hasta que llegaron a un hotel en Tecate, la localidad en México más cercana al sitio en la carretera donde cruzaron. Albergan esperanzas de asentarse en Minneapolis con otros familiares que partieron de Ecuador hace aproximadamente un año.

Carlos Andrés Vásquez, de 37 años, voló como turista desde su natal Colombia a la Ciudad de México, y luego le pagó 800 dólares a un contrabandista para que lo llevara en un vehículo desde Tijuana por un camino lleno de baches y protuberancias hasta que llegaron a un sitio cercano al lugar donde cruzarían a Estados Unidos.

“Vinimos como ganado, vinimos como animales”, declaró Vásquez. "Nos meten 20, 18 personas en una camioneta. Las mujeres y niños van adelante, nosotros vamos atrás”.

Dijo que él y otros sudamericanos caminaron hasta el campamento el martes bajo la vigilancia “muy amable” de un agente de la Patrulla Fronteriza. Vasquez, que se fue de Colombia debido a que recibió amenazas de muerte y cuyo padre fue asesinado, planea establecerse con un amigo en Holyoke, Massachusetts, y ahorrar dinero para que lo alcancen su esposa y sus hijos de 7 y 2 años.

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Los periodistas de The Associated Press Valerie Gonzalez en McAllen, Texas, Colleen Long en Washington y Josh Funk en Omaha, Nebraska, contribuyeron a este despacho.