Una semana de protestas en Guatemala aglutina a miles en contra de la fiscal general del país
Por quinto día consecutivo indígenas, campesinos, estudiantes, trabajadores protestan y bloquean 58 puntos en carreteras de 19 de los 22 departamentos del país, en reclamo de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quién señalan de socavar la democracia en el país y de intentar evitar que el presidente electo, el progresista Bernardo Arévalo, tome posesión de su cargo en enero próximo.
El lunes eran 14 los puntos bloqueados, pero las manifestaciones y bloqueos se cuadruplicaron el viernes después de que la Corte de Constitucionalidad decidiera el jueves respaldar la actuación judicial al reconocer al juez penal competencia en materia electoral para suspender la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla, el que llevó a ganar la presidencia a Arévalo.
Ante la movilización masiva, los representantes indígenas solicitaron a la Comisión Interamericana de DDHH medidas cautelares a favor de quienes protestan pacíficamente frente a algunos intentos de infiltrados en las marchas, que fueron denunciados, y frente a la posibilidad de que las manifestaciones fuese reprimidas por la fuerza pública, algo que también ya fue descartado por el gobierno.
Las medidas fueron solicitadas ante la amenaza de actos de violencia, amenazas contra la vida y la integridad física y otras violaciones de derechos fundamentales en contra de las autoridades ancestrales
Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo en un comunicado de prensa que “la protesta es esencial para hacer valer otros derechos". El texto añadía: "Las autoridades guatemaltecas tienen la obligación de garantizar el derecho de las personas a expresar sus opiniones y evitar a toda costa cualquier acción de las fuerzas de seguridad que pudiera obstaculizarlo o poner en peligro a las personas.”
La fiscalía mantiene una arremetida contra el proceso electoral, contra Arévalo y su partido político, contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y quienes participaron en el conteo, donde más de 100.000 ciudadanos recibieron, custodiaron y contaron los votos en primera y segunda vuelta electoral.
Las organizaciones indígenas y campesinas han mostrado su molestia y alcance al paralizar las rutas del país.
Además de la renuncia de Porras, exigen la de los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso — quienes dirigieron la investigación contra Semilla—, así como la renuncia del juez Fredy Orellana que ordenó allanamientos y aprehensiones por la presunta inscripción del partido político con firmas falsas.
Los fiscales aceleraron la investigación contra el movimiento político cuando el TSE anunció que Arévalo, que ha ofrecido combatir la corrupción e impunidad incluso en la fiscalía, había alcanzado el segundo lugar en la primera vuelta electoral y competiría contra la ex primera dama Sandra Torres en el balotaje para ganar la presidencia.
En segunda vuelta electoral, Arévalo ganó con más de un 58 % de apoyo popular.
Arévalo había presentado una denuncia en 2022 para que la fiscalía investigara si había firmas falsas en el proceso de inscripción de Semilla, pero la fiscalía aceleró la investigación en julio de 2023 cuando el partido ya había completado el proceso para participar en las elecciones sin señalamientos ni inconvenientes.
La fiscalía se dirigió después contra los magistrados electorales, solicitando que se les retire la inmunidad para ser investigados. Ante la falta de respuesta de la Corte Suprema de Justicia sobre esa petición, el Ministerio Público allanó sedes electorales.
Un grupo de abogados pidió el viernes un amparo a la Corte de Constitucionalidad por las amenazas de una "grave crisis institucional que atraviesa el país y la amenaza de la ruptura del orden constitucional y democrático” como consecuencia de lo que consideran una persecución de la fiscalía, dijo a periodistas el abogado Edgar Ortíz.
“Ustedes están al tanto del uso abusivo de los mecanismos de investigación penal en contra del proceso electoral... Creemos que esos hechos ponen en riesgo la transición democrática, el orden constitucional", subrayó Ortíz.