Administración Biden pide a Corte Suprema que bloquee controvertida ley de aborto de Texas
Las mujeres en el estado tienen prohibido abortar en la mayoría de los casos después de las seis semanas
La administración Biden ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que bloquee la controvertida ley de aborto de Texas que impide el procedimiento en casi todos los casos.
La Casa Blanca dice que quiere que el tribunal más alto del país bloquee la ley restrictiva hasta que la feroz lucha legal que ahora la rodea se desarrolle en las apelaciones de los tribunales inferiores.
La ley, que se aprobó en septiembre, prohíbe los abortos en Texas después de que los profesionales médicos detectan un latido del corazón, lo que normalmente ocurre alrededor de las seis semanas, un tiempo antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.
La ley no hace ninguna excepción en los casos de violación o incesto.
Un juez federal en Texas bloqueó la ley durante aproximadamente 48 horas antes de que un tribunal de apelaciones federal conservador dictaminara que el estado podría continuar haciendo cumplir la ley, que según los críticos fue redactada deliberadamente para ser difícil de impugnar a través del sistema judicial federal.
El Departamento de Justicia solicitó el lunes a la Corte Suprema que levante la orden impuesta por la Quinta Corte de Apelaciones en Nueva Orleans, que dictaminó la semana pasada que la prohibición del aborto podría mantenerse durante el litigio.
El gobierno federal dice que la ley del estado desafía las decisiones clave de la Corte Suprema sobre el derecho al aborto "al prohibir el aborto mucho antes de que sea viable, de hecho, antes de que muchas mujeres se den cuenta de que están embarazadas".
“La pregunta ahora es si se debe permitir que continúe la anulación de Texas de los precedentes de este Tribunal mientras los tribunales consideran la demanda de los Estados Unidos. Como reconoció el tribunal de distrito, no debería hacerlo”, escribió el Departamento de Justicia en su alegato a la Corte Suprema.
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El tribunal superior, que tiene una mayoría de derecha que incluye a tres jueces designados por Donald Trump, se negó a bloquear la prohibición de Texas cuando se convirtió en ley.
La ley impulsada por los republicanos, que impide el acceso a un aborto que viola Roe v Wade, también permitió a los ciudadanos privados demandar a los médicos o cualquier otra persona que se creyera que la había violado y recibir pagos de 10 mil por procedimiento ilegal.
A raíz de la aprobación de la ley en Texas, el fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció que el Departamento de Justicia entablaría una demanda porque estaba diseñada para "evitar que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales frustrando la revisión judicial durante el mayor tiempo posible".