Cuestionan a nominada de Trump para secretaria del Trabajo sobre apoyo a sindicatos

Los líderes sindicales han descrito a la nominada del presidente Donald Trump para liderar el Departamento de Trabajo como una amiga del trabajo organizado. Pero, a medida que comenzó su audiencia de confirmación el miércoles, los defensores de los derechos de los trabajadores se preguntan si Lori Chavez-DeRemer podrá mantener esa reputación en una administración que ha despedido a miles de empleados federales.

Chavez-DeRemer, exlegisladora republicana del Congreso de Oregon y exalcaldesa de una pequeña ciudad en las afueras de la liberal Portland, se presentó el miércoles ante la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, la primera escala en su proceso de confirmación.

El senador Bill Cassidy, republicano de Luisiana que preside el comité, abrió la audiencia diciendo que la administración Trump tenía la oportunidad de promulgar una agenda proestadounidense. Expresó que había preocupación sobre el apoyo de Chavez-DeRemer en el Congreso al PRO Act, una legislación que permitiría a más trabajadores llevar a cabo campañas de organización sindical y penalizaría a las empresas que violen los derechos laborales.

Durante su declaración inicial, Chavez-DeRemer dijo que ley de la era Biden era “imperfecta”. Cuando Cassidy le preguntó si aún la apoyaba, ella se negó a dar una respuesta de sí o no.

“No creo que el secretario del Trabajo deba redactar las leyes. Dependería del Congreso redactar la ley”, respondió.

Bernie Sanders, legislador independiente de Vermont, el miembro de mayor rango del comité, le preguntó a Chavez-DeRemer si sería un mero sello de goma para la administración o si se alinearía con los trabajadores.

“Si soy confirmada, mi trabajo será implementar la visión política del presidente Trump”, afirmó Chavez-DeRemer. “Y mi principio rector será el principio rector del presidente Trump: garantizar un campo de juego equitativo para las empresas, los sindicatos y, lo más importante, el trabajador estadounidense”.

Durante su único mandato como congresista, el historial de votación de Chavez-DeRemer le valió un fuerte apoyo sindical. Algunos observadores políticos especularon que Trump la eligió como secretaria del Trabajo para atraer a los votantes que son miembros o están afiliados a organizaciones laborales. Es hija de un miembro de los Teamsters.

Antes de perder su intento de reelección a la Cámara de Representantes en noviembre, Chavez-DeRemer respaldó el PRO Act. El proyecto de ley, una de las prioridades del expresidente Joe Biden, pasó en la cámara baja en 2021, pero no en el Senado.

Si es confirmada como secretaria, Chavez-DeRemer estaría a cargo de casi 16.000 empleados a tiempo completo del Departamento del Trabajo y un presupuesto propuesto de 13.900 millones de dólares para el año fiscal 2025. Ella establecería prioridades que impactan los salarios de los trabajadores, su capacidad para sindicalizarse y la salud y seguridad, así como los derechos de los patrones para despedir empleados.

Pero no está claro cuánto poder podrá ejercer Chavez-DeRemer mientras el gabinete de Trump se mueve para recortar el tamaño de la fuerza federal. Durante su primer mes en el cargo, el presidente congeló trillones de dólares en financiamiento federal y ofreció indemnizaciones a la mayoría de los trabajadores federales.

La semana pasada, la administración Trump comenzó a despedir a casi todos los empleados en período de prueba que aún no habían obtenido protección del servicio civil. El multimillonario Elon Musk, quien lidera el Departamento de Eficiencia del Gobierno (DOGE) de Trump, ha pedido eliminar agencias enteras.

“El Departamento del Trabajo es la agencia donde se supone que las personas deben despertarse cada día pensando en cómo pueden mejorar la vida de los trabajadores”, dijo Adam Shah, director de política nacional en Jobs with Justice, una organización sin fines de lucro que promueve los derechos de los trabajadores. “Es bastante posible que, sin importar lo que defienda el secretario del Trabajo, el multimillonario incrustado en la administración Trump, que está tan interesado en destruir instituciones, esté interesado en desmantelar el Departamento del Trabajo”.

En enero, Trump despidió a dos de los tres comisionados demócratas que servían en la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, una agencia federal. También despidió a la presidenta interina de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), Gwynne Wilcox, la primera mujer negra en servir como miembro de la Junta, así como a la asesora general Jennifer Abruzzo. Wilcox demandó a la administración Trump, argumentando que la ley federal la protege de ser despedida arbitrariamente.

Los republicanos han logrado avances con los votantes de clase trabajadora. A pesar de décadas de sindicatos laborales alineados con los demócratas, y el aparente apoyo de Trump para despedir a trabajadores en huelga, su atractivo populista le ganó votos de miembros de base de los sindicatos.

Muchos sindicatos importantes, incluidos AFL-CIO y Trabajadores Automotrices Unidos, respaldaron a la demócrata Kamala Harris en la contienda presidencial. La Hermandad Internacional de Camioneros se abstuvo de respaldar a un candidato, y su líder, Sean O’Brien, habló en la Convención Nacional Republicana. Los camioneros han respaldado la nominación de Chavez-DeRemer.

Algunos observadores esperan que Chavez-DeRemer reciba más votos de los demócratas del Senado que otros nominados del gabinete de Trump. Pero las mismas posiciones que le granjearon el apoyo de los sindicatos pueden complicarle el camino ante los grupos empresariales; las Asociaciones Estadounidenses de Transporte y la Asociación Internacional de Franquicias dijeron que esperaban que ella retirara su apoyo al PRO Act trabajando para que se anule.

Emily Twarog, profesora asociada en la escuela de relaciones laborales y empleo de la Universidad de Illinois, dijo que hay un signo de interrogación sobre la nominada, incluso si obtiene la aprobación de la comisión del Senado.

Con los esfuerzos en curso de la administración actual para limitar o eliminar ciertas funciones gubernamentales, “¿cuánto podrá ella realmente ayudar a los trabajadores en el Departamento del Trabajo si hay financiamiento limitado y restricciones impuestas al trabajo que se puede realizar?”, señaló Twarog.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.