Un juez determinará si desestima cargos contra el alcalde de Nueva York
Los abogados del Departamento de Justicia y el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, se enfrentarán a un juez federal que ha señalado que es poco probable que apruebe su solicitud para desestimar los cargos de corrupción contra el alcalde, a unas semanas de su juicio en abril.
El juez Dale E. Ho de Manhattan programó la audiencia para la tarde del miércoles, después de que tres abogados del gobierno de Washington hicieran la solicitud de desestimación el viernes. La fiscal federal de Manhattan renunció tras negarse a cumplir con una orden para hacerlo.
Ho ya indicó que la audiencia probablemente sería solo un primer paso cuando escribió el martes, en una orden, que uno de los temas en la agenda será una discusión sobre “el procedimiento para la resolución de la moción”.
También se discutirán las razones para la solicitud de desestimar la acusación contra el demócrata, que cursa su primer mandato, según la cual aceptó más de 100.000 dólares en contribuciones de campaña ilegales y lujosos beneficios de viaje por parte de un funcionario turco y líderes empresariales que buscaban comprar su influencia mientras él era presidente del distrito de Brooklyn. Él se ha declarado inocente.
A principios de la semana pasada, el fiscal general adjunto Emil Bove pidió a los fiscales de Nueva York en un memorando que desestimaran los cargos porque la acusación “ha restringido indebidamente la capacidad del alcalde Adams para dedicar toda su atención y recursos a la inmigración ilegal y el crimen violento”. Dijo que los cargos podrían ser reinstituidos después de las elecciones municipales de noviembre.
Dos días después, la entonces fiscal federal interina Danielle Sassoon escribió a la fiscal general Pam Bondi, diciendo que la solicitud de Bove para desestimar los cargos a cambio de asistencia en la aplicación de las leyes federales de inmigración traicionaría las propias palabras de Bondi de que “no tolerará abusos del proceso de justicia penal, conducta coercitiva u otras formas de mala conducta”.
“Desestimar la acusación únicamente para influir en la toma de decisiones del alcalde Adams sería las tres cosas”, dijo la republicana Sassoon sobre lo que calificó como un acuerdo de “quid pro quo” mientras ofrecía renunciar. También señaló que los fiscales estaban a punto de presentar cargos adicionales de obstrucción de la justicia contra Adams.
Bove respondió a Sassoon con aparente enojo, aceptando su renuncia y acusándola de “perseguir una acusación motivada políticamente a pesar de una instrucción expresa para desestimar el caso”. Luego le informó que dos fiscales asignados al caso fueron suspendidos con goce de sueldo y que una investigación determinaría si conservan sus empleos.
Si alguno de esos fiscales deseaba cumplir con su directiva de desestimar los cargos, los alentó a hacerlo, pero Hagan Scotten renunció al día siguiente, escribiendo en una carta de renuncia que apoyaba las acciones de Sassoon.
Scotten escribió a Bove que se necesitaría un “tonto” o un “cobarde” para cumplir con su demanda de desestimar los cargos, “pero nunca iba a ser yo”.
En total, siete fiscales, entre ellos, cinco fiscales de alto rango del Departamento de Justicia en Washington, habían renunciado para el viernes.
Desde entonces, un pequeño ejército de exfiscales ha respaldado la postura desafiante de Sassoon y otros fiscales.
El viernes, siete exfiscales federales de Manhattan, entre los que estaban James Comey, Geoffrey S. Berman y Mary Jo White, emitieron un comunicado donde elogiaron el “compromiso con la integridad y el estado de derecho” de Sassoon.
El lunes, tres exfiscales federales de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut presentaron documentos ante Ho, sugiriéndole que nombrara a un fiscal especial si consideraba que el Departamento de Justicia actuó de manera inapropiada, o que ordenara que toda la evidencia esté disponible para los fiscales estatales y locales.
Un exfiscal de Watergate presentó documentos por separado, pidiéndole al juez que rechazara la solicitud del gobierno y considerara la posibilidad de asignar un abogado especial para explorar los problemas legales y, en última instancia, de nombrar a un fiscal especial independiente para juzgar el caso.
También el lunes, Justice Connection, una organización que aboga por los empleados del Departamento de Justicia, publicó una carta firmada por más de 900 exfiscales federales y dirigida a los fiscales federales de carrera donde se indica que han “observado con alarma” cómo los valores “fundamentales para un sistema legal justo y equitativo” han sido puestos a prueba.
En la carta, los exfiscales dijeron que “saludan y admiran la valentía que muchos de ustedes ya han mostrado. Han respondido con principios y convicción a desafíos éticos de un tipo que ningún servidor público debería verse obligado a enfrentar, siguiendo las mejores tradiciones del Departamento de Justicia”.
El martes, Alex Spiro, un abogado del alcalde, escribió al juez, diciendo que quienes creían que Adams había establecido un acuerdo de “quid pro quo” con los fiscales estaban equivocados.
“No hubo quid pro quo. Punto”, dijo.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.