Gobierno de Trump dice escuelas deben firmar certificación contra DEI para recibir fondos federales
Como condición para recibir dinero federal, el gobierno del presidente Donald Trump está ordenando a las escuelas de K-12 que certifiquen que están cumpliendo con las leyes federales de derechos civiles y eliminando prácticas de diversidad, equidad e inclusión.
El Departamento de Educación envió un aviso el jueves que da a los estados y escuelas 10 días para firmar y devolver la certificación. Es la última escalada contra las políticas de DEI, aparentemente dando a la administración republicana una nueva palanca para terminar con el dinero federal.
Craig Trainor, secretario asistente interino para derechos civiles, afirmó en un comunicado: "La asistencia financiera federal es un privilegio, no un derecho". Alegó que muchas escuelas han ignorado sus obligaciones legales, "incluyendo el uso de programas DEI para discriminar a un grupo de estadounidenses en favor de otro".
La certificación pide a los líderes estatales y escolares que firmen un "recordatorio de obligaciones legales" reconociendo que su dinero federal está condicionado al cumplimiento de las leyes federales de derechos civiles. También exige el cumplimiento de varias páginas de análisis legal escrito por la administración.
"La utilización de ciertas prácticas DEI puede violar la ley federal", escribió la administración en la certificación, añadiendo que es ilegal que los programas favorezcan a una raza sobre otra.
Las escuelas y estados que utilicen prácticas DEI ilegales pueden enfrentar la pérdida de dinero federal, incluyendo subvenciones y contratos, y pueden ser responsables bajo la Ley de Reclamaciones Falsas, según la certificación. Amenaza específicamente la financiación del Título I, que envía miles de millones de dólares al año a las escuelas de Estados Unidos y se dirige a áreas de bajos ingresos.
El departamento ordenó a las oficinas de educación estatales que firmen la certificación y recojan certificaciones de los sistemas escolares.
Esto sigue a un memorando del 14 de febrero que declara que cualquier política escolar que trate a los estudiantes o al personal de manera diferente debido a su raza es ilegal. Apuntó a combatir lo que el memorando describió como discriminación generalizada en la educación, a menudo contra estudiantes blancos y de ascendencia asiática.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.