Informe: Trump "encendió el fuego" de la insurrección

El informe final de la comisión legislativa encargada de investigar el ataque al Capitolio afirma que Donald Trump participó criminalmente en una “conjura en varias partes” para anular los resultados legítimos de la elección presidencial de 2020 y no tomó medidas para impedir que sus seguidores asaltaran la sede del Congreso, al concluir una investigación de 18 meses del expresidente y la violenta insurrección de hace dos años.

Trump “encendió ese fuego”, escribió el presidente de la comisión, Bennie Thompson, legislador por Mississippi.

El informe de 814 páginas emitido el jueves por la noche es producto de más de 1.000 entrevistas, 10 audiencias y más de 1 millón de páginas de documentos. Los testigos —que incluyen colaboradores de los más estrechos de Trump, agentes de seguridad y algunos de los insurrectos— detallaron las acciones “premeditadas” de Trump en las semanas previas al asalto y la influencia directa que ejercieron sus intentos de anular su derrota sobre los que atravesaron brutalmente las líneas policiales y rompieron puertas y ventanas del Capitolio el 6 de enero de 2021.

La causa central fue “un hombre”, dice el informe: Trump.

La insurrección amenazó gravemente la democracia y “puso en riesgo la vida de legisladores estadounidenses”, dice en conclusión el panel de nueve miembros de ambos partidos, en su relato definitivo de un capítulo oscuro de la historia moderna estadounidense. No solo es un compendio de los testimonios más dramáticos en testimonios a lo largo de meses, sino también un documento que ha de servir de advertencia a las generaciones futuras.

En una serie de recomendaciones, los siete demócratas y dos republicanos de la comisión sugieren que el Congreso estudie la posibilidad de inhabilitar permanentemente a Trump para la función pública. Las conclusiones deben ser un “llamado de atención a todos los estadounidenses: de velar por nuestra democracia y votar solamente por los que cumplen su deber en defensa de nuestra Constitución”, dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Los ocho capítulos del informe narran esencialmente la misma historia que las audiencias del panel a mediados de año: describen los distintos aspectos del plan elaborado por Trump y sus asesores para tratar de anular la victoria del demócrata Joe Biden. Detallan cómo el entonces presidente presionó a los estados, las autoridades federales, los legisladores y el vicepresidente Mike Pence para maniobrar con el sistema o violar la ley.

En los dos meses transcurridos entre la elección y la insurrección, dice el informe, “el presidente Trump o su círculo íntimo realizaron al menos 200 actos aparentes de contacto público o privado, presión o condena, sea contra legisladores estatales o funcionarios electorales estatales o locales para revocar los resultados estatales de las elecciones”.

Las falsas denuncias reiteradas de Trump de fraude electoral generalizado repercutieron en sus partidarios, ampliadas por las redes sociales, aprovechando la desconfianza del gobierno generada por él durante sus cuatro años en funciones. El hizo poco para detenerlos cuando recurrieron a la violencia y asaltaron el Capitolio para interrumpir la certificación de la victoria de Biden.

El informe condenatorio aparece en momentos que Trump se ha postulado nuevamente a la presidencia a la vez que enfrenta varias investigaciones federales por su papel en la insurrección y también por la presencia de documentos secretos en su finca en Florida. Esta semana ha sido particularmente llena de tensión para él, ya que una comisión legislativa ha resuelto dar a conocer sus declaraciones de impuestos, que él trató de ocultar durante años. Al mismo tiempo, muchos republicanos achacan a Trump los resultados peores que lo previsto en las elecciones legislativas. Su situación política es la más vulnerable desde su elección en 2016.

Hacia adelante, la comisión sugiere varias medidas, entre ellas una reforma exhaustiva de la Ley de Recuento Electoral, que Trump trató de soslayar. Una ley bipartidista que dificultará los intentos de los legisladores de objetar los resultados de las elecciones presidenciales y la intervención del vicepresidente está a punto de ser aprobada y enviada a Biden para su firma.

El panel observa que bajo la 14ta enmienda de la Constitución se puede inhabilitar para la función pública a quien haya jurado defender la Constitución y luego participado en una insurrección o rebelión.

Trump “está inhabilitado para la función pública”, escribió la vicepresidenta de la comisión, la legisladora republicana Liz Cheney.