Investigación AP: Jefe de prisión golpea presos. Ascendido

El personal de la prisión no sabía mucho sobre el nuevo director interino. Después, dijeron, hizo una confesión extraña y alarmante: años atrás, golpeó a unos reclusos y se salió con la suya.

Thomas Ray Hinkle, un funcionario de alto rango de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés), fue enviado para restaurar el orden y la confianza a una prisión de mujeres sacudida por un escándalo deplorable. En lugar de eso, agregan los trabajadores, dejó aún peor la cárcel federal en Dublin, California.

El personal consideró a Hinkle un acosador y su presencia allí —justo después de las acusaciones de que el alcaide anterior y otros empleados agredieron sexualmente a las reclusas— una hipocresía de una agencia que se había comprometido públicamente a poner fin a su cultura abusiva y corrupta.

Así que, durante una reunión de personal en marzo, confrontaron al entonces director de la BOP y preguntaron: ¿Por qué, en lugar de despedir a Hinkle hace años, la agencia estuvo dispuesta a seguir promoviéndolo?

“Eso es algo que tenemos que investigar”, respondió Michael Carvajal, según personas en la sala.

Tres meses después, la BOP promovió nuevamente a Hinkle: lo puso a cargo de 20 prisiones federales y 21.000 reclusos desde Utah hasta Hawai como director interino de la región occidental. Entre ellas: Dublin.

ACUSACIONES MÚLTIPLES

Una investigación de The Associated Press descubrió que la BOP ha promovido repetidamente a Hinkle a pesar de las numerosas señales de alerta, y que lo recompensó una y otra vez durante una carrera de tres décadas mientras que otros que agredieron a los reclusos perdieron sus empleos y fueron a prisión.

La nueva directora de la agencia defiende a Hinkle, diciendo que es un hombre diferente y un empleado modelo y lo apoya incluso cuando promete trabajar con el Departamento de Justicia y el Congreso para erradicar la conducta inapropiada del personal. Y Hinkle, en respuesta a las preguntas de la AP, reconoce que agredió a reclusos en la década de 1990, pero que lamenta ese comportamiento y que ahora habla abiertamente al respecto “para enseñar a otros cómo evitar cometer los mismos errores”.

Estos son algunos de los hallazgos de la AP:

— Al menos tres reclusos, todos negros, han acusado a Hinkle de golpearlos mientras era funcionario correccional en una penitenciaría federal de Florence, Colorado, en 1995 y 1996. Los señalamientos se registraron en documentos judiciales y quejas formales a los funcionarios de la prisión. En los últimos años, dicen sus colegas, Hinkle ha hablado sobre haber golpeado a los presos cuando él era miembro de una pandilla violenta y racista de guardias llamada “The Cowboys” (“Los Vaqueros”).

– Un recluso dijo que se sintió aterrorizado cuando Hinkle y otro guardia lo arrastraron hacia arriba por un tramo de escaleras y lo azotaron contra las paredes. Otro afirmó que Hinkle estaba entre los guardias que lo arrojaron al piso de concreto, le escupieron y usaron lenguaje racista contra él. Un tercero dijo que Hinkle lo abofeteó y lo sujetó mientras otro guardia lo agredía sexualmente.

— La BOP y el Departamento de Justicia sabían de las acusaciones contra Hinkle en 1996, pero lo ascendieron de todos modos. La agencia promovió a Hinkle al menos nueve veces después de las supuestas palizas, y culminaron en junio con su ascenso a director regional interino.

— Al menos 11 guardias conectados con “Los Vaqueros” fueron acusados de delitos federales, pero Hinkle no. Tres fueron condenados y encarcelados. Cuatro fueron absueltos; cuatro se declararon culpables y acordaron cooperar. Hinkle fue ascendido dos veces antes de que terminara la investigación penal.

— En 2007, cuando era subdirector en una cárcel federal en Houston, Hinkle fue arrestado por intoxicación en público durante un festival de música, luego de que la policía dijera que se embriagó, mostró su tarjeta de identificación de la BOP y rechazó las órdenes de irse. Después de que se abandonara el caso, la agencia promovió a Hinkle.

— Hinkle también ha sido criticado como alto cargo de la agencia. El Departamento de Justicia lo reprendió en marzo luego de que fuera acusado de intentar silenciar a una informante. La BOP dijo que estaba aplicando medidas correctivas después de que él impidió la investigación de una integrante del Congreso y envió correos electrónicos a todo el personal criticándola a ella y a la agencia. Tres meses después, fue ascendido como director regional interino.

— La BOP, que ya estaba bajo un escrutinio intenso del Congreso por innumerables crisis y disfunciones, no hizo público el ascenso de Hinkle. En vez de ello, la agencia dejó el nombre y la biografía de su predecesor en su sitio web y rechazó las solicitudes de información básica sobre él.

La AP ha pasado meses investigando a Hinkle, ha obtenido más de 1.600 páginas de registros judiciales e informes de la agencia Archivos Nacionales y Administración de Documentos de Estados Unidos (NARA, por sus siglas en inglés) y ha revisado miles de páginas de documentos de casos penales relacionados y apelaciones, y entrevistado a decenas de personas. Muchos hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias o porque no estaban autorizados para hablar públicamente.

En conjunto, todo muestra que si bien la Oficina de Prisiones ha jurado cambiar su cultura tóxica a raíz de Dublin y otros escándalos —una promesa reiterada recientemente por la nueva directora de la agencia, Colette Peters—, ha seguido promoviendo a un hombre involucrado en uno de los períodos más oscuros y abusivos de su historia.

“TODOS SOMOS HUMANOS”

El alcance del supuesto comportamiento inadecuado de Hinkle y su subsiguiente ascenso a los rangos más altos de la BOP nunca había sido revelado. Los hallazgos de la AP plantean dudas graves sobre los estándares de la agencia, su selección e investigación de antecedentes de candidatos para puestos de primer nivel y su compromiso explícito de erradicar el abuso.

“Como mínimo, el incidente en el festival de música, el manejo del caso de la informante y la investigación del Congreso muestran su juicio extremadamente pobre”, opinó Allan Turner, exalcaide de una prisión federal que revisó los hallazgos de la AP.

“Esto debería haber sido una señal de alerta para cualquier junta de promoción, y ciertamente no es el nivel de juicio apropiado que se espera de alguien que desempeña un papel de liderazgo en una institución correccional o en una región”, agregó Turner, profesor investigador emérito en el Departamento de Criminología, Derecho y Sociedad de la Universidad George Mason en Fairfax, Virginia.

Este reportaje es parte de una investigación en curso de la AP que ha descubierto fallas profundas, no reportadas previamente, dentro de la BOP, la agencia de aplicación de la ley más grande del Departamento de Justicia, con más de 30.000 empleados, 158.000 reclusos y un presupuesto anual de alrededor de 8.000 millones de dólares.