Jueza determina que intento de Trump de destituir a director de agencia de vigilancia es ilegal
El director de una agencia federal de supervisión debe permanecer en su puesto, dictaminó una jueza en Washington el sábado, afirmando que el intento del presidente Donald Trump de destituir al asesor legal especial era ilegal.
La jueza Amy Berman Jackson de la Corte Federal de Distrito apoyó a Hampton Dellinger, quien encabeza la Oficina del Asesor Legal Especial, en una batalla legal sobre la autoridad del presidente para despedir al jefe de la agencia independiente que probablemente regresará a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Dellinger demandó a Trump el mes pasado después de ser despedido, a pesar de que la ley establece que los asesores legales especiales sólo pueden ser destituidos por el presidente “por ineficiencia, negligencia en el deber o mala conducta en el cargo”. Jackson, quien fue nominada para el cargo por el presidente demócrata Barack Obama, rápidamente restableció a Dellinger en su cargo mientras él continuaba con su caso.
Jackson rechazó las afirmaciones del gobierno de Trump de que las protecciones contra la destitución del asesor legal especial son inconstitucionales porque impiden que el presidente designe legítimamente a su jefe de agencia preferido.
La jueza dijo que permitir al presidente destituir al asesor legal especial a voluntad tendría un efecto paralizante en sus funciones cruciales, que incluyen proteger a la fuerza laboral federal de acciones ilegales, como represalias por denunciar irregularidades.
“El asesor legal especial debe resistir los vientos del cambio político y ayudar a garantizar que ningún servidor público de ningún partido se convierta en objeto de prácticas laborales prohibidas o enfrente represalias por señalar irregularidades —ya sea por parte de funcionarios de un gobierno anterior o del nuevo”, escribió Jackson en su decisión.
El Departamento de Justicia rápidamente presentó documentos judiciales indicando que impugnará el fallo ante la corte federal de apelaciones de Washington. El caso ya ha llegado una vez a la Corte Suprema, que anteriormente permitió que Dellinger permaneciera en su puesto de manera temporal.
El fallo se da cuando Dellinger impugna la destitución de trabajadores en período de prueba que fueron despedidos como parte de la masiva reestructuración del gobierno por parte del gobierno de Trump. Un consejo federal detuvo el martes las terminaciones de varios trabajadores en período de prueba después que Dellinger afirmara que sus despidos podrían haber sido ilegales.
“Estoy contento y agradecido de ver que el tribunal confirma la importancia y legalidad de las protecciones laborales que el Congreso otorgó a mi puesto”, dijo Dellinger en un comunicado el sábado. “Mis esfuerzos por proteger a los empleados federales en general, y a los denunciantes en particular, de un trato ilegal continuarán”.
La jueza afirmó que el asesor legal especial tiene un “estatus y misión únicos”, lo que requiere independencia del presidente para garantizar que pueda cumplir con sus responsabilidades. La oficina investiga las acusaciones de represalias de los denunciantes, puede llevar a cabo medidas disciplinarias contra empleados que castiguen a los denunciantes y proporciona un canal para que los empleados revelen irregularidades gubernamentales.
“Si no tengo independencia, si puedo ser destituido sin una buena razón, los empleados federales no tendrán una buena razón para acudir a mí”, subrayó Dellinger a los periodistas fuera de la corte federal de Washington luego de una audiencia reciente.
La Oficina del Asesor Legal Especial también es responsable de hacer cumplir la Ley Hatch, que restringe las actividades políticas partidistas de los trabajadores del gobierno. El despido de Dellinger se produjo al momento en que los empleados del gobierno de Trump han promovido su apoyo en las redes sociales a sus políticas, a pesar de que la Ley Hatch está destinada a restringir la defensa política cuando están de servicio.
El Departamento de Justicia utilizó un lenguaje contundente al instar a la Corte Suprema el mes pasado a permitir la destitución del jefe de una oscura agencia federal con poder limitado. La procuradora general interina Sarah Harris escribió en documentos judiciales que el tribunal inferior había cruzado “una línea roja constitucional” al bloquear el despido de Dellinger e impedir a Trump “dar forma a la agenda de una agencia del poder ejecutivo en los críticos primeros días del nuevo gobierno”.
Dellinger fue nombrado por el presidente demócrata Joe Biden y confirmado por el Senado para un mandato de cinco años en 2024.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.