¿Por qué Kim Kardashian se unió al grupo que busca detener la ejecución “trágica” de Melissa Lucio en Texas?

En 1863, Josefa “Chipita” Rodríguez, una madre soltera mexicana pobre que vivía en la Confederación de Texas, fue condenada injustamente por matar a un comerciante de algodón blanco con un hacha por más de US$600 en oro. A pesar de que, según los informes, el oro fue encontrado cerca del cuerpo, Chipita fue sentenciada a muerte de todos modos.

El juicio fue supervisado por un jurado corrupto, y Chipita nunca tuvo mucha defensa ni apelaciones. Hablaba poco inglés y, según los informes, sus últimas palabras antes de ser colgada en el río Nueces fueron: “No soy culpable”. Fue considerada durante años la única mujer ahorcada legalmente en Texas, antes de ser absuelta oficialmente en 1985. Cuenta la leyenda local que su fantasma aún acecha en la región.

Ahora, 160 años después, los defensores de la justicia penal dicen que esos fantasmas no se han ido a ninguna parte, y Texas está a punto de ejecutar por error a otra madre latina, Melissa Lucio, bajo otra sentencia equivocada.

Lucio fue sentenciada a muerte en 2008 por el asesinato de su hija Mariah, de dos años, de quien los fiscales dicen que había sido abusada físicamente. Lucio, de 53 años, ha insistido en que la muerte de su hija fue un accidente, como resultado de una lesión no diagnosticada después de que Mariah se cayera por las escaleras.

Ahora, Lucio, junto con un poderoso grupo de aliados bipartidistas, así como estrellas como Kim Kardashian, respaldan una petición de clemencia enviada al gobernador de Texas, Greg Abbott, en marzo. Salvo una intervención inmediata, está previsto que Lucio sea ejecutada el 27 de abril.

Kardashian, que no es ajena al activismo por la pena de muerte, calificó la muerte de Mariah como un “trágico accidente”, pero que no debería causar la pérdida de otra vida.

“Son historias como la de Melissa las que me hacen hablar tan fuerte sobre la pena de muerte en general y por qué debería prohibirse cuando personas inocentes están sufriendo”, dijo Kardashian a sus millones de seguidores el martes en una serie de publicaciones instándolos a firmar una petición para pedir al gobernador que detenga la ejecución.

Según Lucio y sus patrocinadores, el caso que envió a la mujer al corredor de la muerte tenía fallas de principio a fin, empezando por su supuesta confesión.

Horas después de que encontraran muerta a su hija, Lucio, sobreviviente de abuso físico y sexual desde los seis años, fue interrogada durante cinco horas por un grupo de policías armados, quienes la reprendieron más de 100 veces por afirmar su inocencia, según su solicitud de clemencia. Lucio —quien estaba desconsolada, embarazada de gemelos en ese momento y exhausta por un interrogatorio que se prolongó hasta las 3 am— finalmente pareció admitir haber golpeado y mordido a su hijo, lo que, según los fiscales, demostró su culpabilidad en la muerte de Mariah.

Los expertos reunidos por la defensa de Lucio dicen que el escenario es una confesión falsa clásica de una mujer vulnerable en circunstancias extremas, y la pena de muerte tiene una larga y sórdida historia de aplicación contra personas que confesaron falsamente o fueron condenadas injustamente.

“La muerte de Mariah fue una tragedia, no un asesinato”, dijo a The Independent la profesora Sandra Babcock, una de las abogadas de Lucio y directora del Cornell Center on the Death Penalty Worldwide. Si Texas lleva la ejecución a cabo, “muestra que cualquier mujer inocente puede ser ejecutada”.

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Los problemas supuestamente no terminaron ahí. A un forense que examinó el cuerpo de Mariah se le dijo antes de que comenzara el examen que se trataba de un homicidio. La autopsia se realizó con algunos de los oficiales interrogadores en la sala. El examen ignoró los signos de que Mariah había tenido fiebre, estaba deshidratada y otros signos consistentes con una lesión accidental en la cabeza y “no revisó ninguno de los antecedentes médicos de Mariah para buscar alguna explicación o causa que contribuyera a sus lesiones”, según la Dra. Janice Ophoven, una patóloga forense pediátrica citada en la petición de clemencia.

La familia de Mariah, así como varios miembros del jurado en el caso, dijeron que no creen en la condena, que se produjo después de un juicio de 2008 en el que los miembros del jurado no se enteraron de las numerosas veces que Lucio se declaró inocente o de su pasado relevante como víctima de abuso. Durante el caso, el estado no presentó evidencia física, testimonios de testigos o información del largo expediente anterior de Lucio ante las autoridades estatales de bienestar infantil que indicara que alguna vez había sido abusiva, porque no había ninguno.

“No sabía que su larga historia de abuso físico y sexual la hizo vulnerable a confesar falsamente cuando la sometieron a tácticas agresivas de interrogatorio la noche de la muerte de su hija”, escribió Johnny Galván Jr., miembro del jurado en el caso, en un reciente artículo de opinión de Houston Chronicle. “Nadie nos guió durante el interrogatorio para mostrarnos cuántas veces afirmó su inocencia (más de 100) o cómo repitió las mismas palabras que le dieron los interrogadores. No se presentaron pruebas de eso y a mí me habría importado”.

En 2019, una corte federal de apelaciones determinó que el juicio la privó de “su derecho constitucional a presentar una defensa significativa”, pero la Corte Suprema se negó a intervenir luego de una apelación del estado de Texas.

“Ella es inocente”, dijo Sonya Valencia, la hermana de Lucio, en una protesta en febrero. “No estaría aquí si no creyera en la inocencia de mi hermana”.

El caso ha atraído la atención bipartidista en Texas, estado típicamente conservador. Más de la mitad de los miembros republicanos de la Cámara de Representantes del estado se ha sumado a los llamados para detener la ejecución, ya sea conmutando la sentencia de Lucio o retrasándola hasta que se puedan considerar más pruebas.

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“Cuando hacemos todo lo posible para asegurarnos de que el estado no ejecute a un tejano inocente, o incluso que el estado no ejecute a un tejano potencialmente inocente… estamos fortaleciendo nuestro sistema de justicia penal”, dijo en marzo el representante republicano Jeff Leach de Plano, quien copreside el Caucus de Reforma de Justicia Penal de la Cámara.

Otros han argumentado que el caso y otros similares muestran la doble moral contra las mujeres en el sistema de justicia penal, que pueden ser castigadas con mayor dureza por delitos domésticos debido a ideas arraigadas sobre los roles de género.

“Un crimen se considera particularmente atroz porque lo comete una mujer”, dijo a The Independent Mary Atwell, profesora de justicia penal en la Universidad de Radford, en nuestra investigación a profundidad sobre las mujeres en el corredor de la muerte. “Nuestras expectativas sociales son que las mujeres no sean violentas, sean amables y gentiles, por lo que es fácil jugar con las emociones de que una mujer que comete un crimen violento no es una mujer normal, que está en contra de la ley y que no es como nosotros”.

El marido de Melissa Lucio, también responsable del cuidado de Mariah, no fue condenado a muerte.

Aunque Lucio es la única latina en el corredor de la muerte de Texas, no sorprende que el estado tome la decisión de ejecutar a una persona de color, según los expertos.

Texas tiene una larga historia de ejecución legal y extralegal de latinos a través de linchamientos. El estado también ha ejecutado por mucho a la mayor cantidad de personas, 573, en la historia moderna de los Estados Unidos. En comparación con la población general, hay un número desproporcionado de los condenados a muerte en el estado que son personas de color, según Kristin Houlé Cuellar, directora ejecutiva de la TCADP (Coalición de Texas para Abolir la Pena de Muerte).

“Lo que estamos viendo, incluso cuando el uso de la pena de muerte y las nuevas sentencias de muerte están disminuyendo, es que se siguen imponiendo de manera desproporcionada a las personas de color”, dijo a The Independent .

En este contexto, los indultos y las solicitudes de clemencia exitosas son extremadamente raros, dice. Los gobernadores George W. Bush y Rick Perry concedieron, cada uno, solo una de esas solicitudes. El gobernador Abbott concedió una solicitud de conmutación, en 2018, en una rara recomendación unánime de las autoridades estatales de libertad condicional en el caso de Thomas Whitaker, un hombre que ordenó el asesinato de su familia, cuyo padre lo perdonó y suplicó a los funcionarios que no llevaran a cabo la ejecución.

“El padre del señor Whitaker, que sobrevivió al atentado contra su vida, se opone apasionadamente a la ejecución de su hijo”, escribió el gobernador en ese momento. “El padre del señor Whitaker insiste en que sería victimizado nuevamente si el estado ejecutara al último miembro de su familia inmediata que le queda”.

Queda por ver si el gobernador y los funcionarios estatales de indultos y libertad condicional tienen una opinión similar de los llamados de la familia de Lucio.

Pero la gran atención de los medios en torno al caso, entre los tuits de Kardashian y el documental de 2020 The State of Texas vs Melissa en Hulu, podría tener un impacto. Una campaña similar ayudó a sacar del corredor de la muerte al preso de Oklahoma Julius Jones, quien durante mucho tiempo ha mantenido su inocencia.

Es posible que el esfuerzo no acabe con la aceptación de las ejecuciones durante generaciones en Texas, pero podría llamar más la atención sobre las disparidades en el estado y arrojar luz sobre otras próximas sentencias de muerte que presentan serias cuestiones éticas.

El 21 de abril, se espera que Texas ejecute a un anciano llamado Carl Wayne Buntion, que tiene 78 años. Él será la persona de mayor edad ejecutada en la historia del estado.

Kristin Houlé Cuellar de TCADP calificó la ejecución planeada como un “espectáculo asqueroso que no sirve para nada”.

“Es un anciano frágil con problemas de salud graves, no representa una amenaza para nadie”, dijo, destacando la solicitud de clemencia pendiente del hombre para cumplir sus días cada vez más escasos en prisión.

“Hay tantas personas afectadas por este problema que no necesariamente son vistas o reconocidas”, agregó. “Al final del día, tenemos que recordar que las ejecuciones son un acto del gobierno y hay personas que están realizando estos actos en nombre del pueblo. Corresponde al pueblo hablar y alzar la voz sobre todas las ejecuciones”.

A diferencia de Chipita, el estado ahora tiene la oportunidad de corregir una ejecución potencialmente injusta antes de que sea demasiado tarde, no siglos después.

The Independent y la Iniciativa Empresarial Responsable por la Justicia (RBIJ), una organización sin fines de lucro, lanzaron una campaña conjunta para pedir el fin de la pena de muerte en los EE.UU. La RBIJ ha reunido a más de 150 signatarios conocidos en su Declaración de líderes empresariales contra la pena de muerte, y The Independent es el más reciente en la lista. Nos unimos a ejecutivos de alto perfil como Ariana Huffington, Sheryl Sandberg de Facebook y el fundador de Virgin Group, Sir Richard Branson, como parte de esta iniciativa y nos comprometemos a resaltar las injusticias de la pena de muerte en nuestra cobertura.