Españoles marchan en 40 ciudades para protestar por la creciente crisis de vivienda
Los españoles volvieron a tomar las calles en todo el país el sábado, enfurecidos por los altos costos de la vivienda, y sin perspectivas de alivio a la vista.
Miles de personas marcharon en Madrid, la capital, y en más de 30 ciudades, en una manifestación organizada por activistas a favor del acceso a la vivienda y respaldada por los principales sindicatos españoles.
La crisis de la vivienda ha golpeado particularmente fuerte a España, donde la tradición de propiedad de vivienda está fuertemente arraigada y hay pocas viviendas públicas en arriendo. El precio de los alquileres ha aumentado debido a la creciente demanda. Comprar una casa se ha vuelto inasequible para muchas personas debido a que las presiones del mercado y la especulación elevan los precios, especialmente en las grandes ciudades y en las áreas costeras.
Una generación de jóvenes dice que tiene que quedarse con sus padres o gastar mucho solo para compartir un apartamento, con pocas posibilidades de ahorrar lo suficiente para comprar una casa algún día. Los altos costos de la vivienda significan que incluso quienes tienen trabajos tradicionalmente bien remunerados enfrentan problemas para llegar a fin de mes.
Mari Sánchez, una abogada de 26 años en Madrid, vive con cuatro personas y, aun así, destina el 30 o 40% de su salario al alquiler. Eso no le permite ahorrar ni hacer nada más, y ni siquiera puede adquirir un auto. Su situación refleja lo que hoy viven muchos jóvenes.
Falta de vivienda pública
El alquiler promedio en España casi se duplicó en los últimos 10 años. El precio por metro cuadrado subió de 7,2 euros en 2014 a 13 euros el año pasado, según el sitio web inmobiliario Idealista. El aumento es mayor en Madrid y Barcelona.
Los ingresos no han logrado mantenerse al día, especialmente para los jóvenes, en un país con un índice de desempleo crónicamente alto.
España no cuenta con la vivienda pública en la que otras naciones europeas han invertido para proteger a los inquilinos en dificultades de un mercado que los deja fuera.
La nación europea está cerca del extremo inferior de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la vivienda pública en alquiler representa menos del 2% de toda la vivienda disponible. El promedio de la OCDE es del 7%. En Francia es del 14%, en Reino Unido del 16% y en Holanda del 34%.
Los furiosos inquilinos señalan casos en que los fondos de cobertura internacionales adquieren propiedades, a menudo con el objetivo de alquilarlas a turistas extranjeros. La cuestión ha adquirido tal carga política que el gobierno de Barcelona prometió el año pasado eliminar para 2028 sus 10.000 permisos de alquileres a corto plazo, muchos de los cuales se anuncian en plataformas como Airbnb.
Los manifestantes que protestaron en Madrid el sábado coreaban “Fuera Airbnb de nuestros barrios” y mostraban letreros contra los alquileres a corto plazo.
Autoridades bajo presión
La mayor iniciativa del gobierno central para frenar el costo de la vivienda es un mecanismo de tope de alquiler, que ofreció a las autoridades regionales, y se basa en un índice de precios establecido por el ministerio de vivienda.
Pero tales medidas no han bastado para detener las protestas en los últimos dos años. Según los expertos, no es probable que la situación mejore pronto.
“No es la primera, ni será la última (protesta por la vivienda), dada la situación de emergencia habitacional”, señaló Ignasi Martí, profesor de la escuela de negocios Esade y director de su Observatorio de la Vivienda Digna, en un correo electrónico.
“Ya lo vivimos tras la gran crisis financiera (de 2008-2012), y duró hasta que hubo una cierta recuperación económica y una reducción de la tensión social”, añadió.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.