Fiscales franceses piden siete años de prisión para Sarkozy por financiamiento libio de campaña
Los fiscales franceses solicitaron el jueves una sentencia de prisión de siete años y una multa de 300.000 euros (alrededor de 325.000 dólares) para el expresidente Nicolas Sarkozy, en relación con acusaciones de que su campaña presidencial de 2007 fue financiada ilegalmente por el entonces gobierno del líder libio Moamar Gadafi.
La Oficina del Fiscal Nacional Financiero, conocida por sus siglas en francés PNF, también pidió una prohibición de cinco años sobre los derechos cívicos, civiles y familiares de Sarkozy, una medida que le impediría ocupar cargos electos o desempeñar cualquier función judicial pública.
El caso, que se abrió en enero y debe concluir el 10 de abril, es considerado el más grave de los múltiples escándalos legales que han ensombrecido la postpresidencia de Sarkozy.
Sarkozy, de 70 años, quien lideró Francia de 2007 a 2012, enfrenta cargos de corrupción pasiva, financiamiento ilegal de campaña, ocultación de malversación de fondos públicos y asociación criminal. Él ha negado cualquier delito.
Las acusaciones se remontan a 2011, cuando una agencia de noticias libia y el propio Gadafi dijeron que el estado libio había canalizado secretamente millones de euros a la campaña de Sarkozy en 2007.
En 2012, el medio de investigación francés Mediapart publicó lo que decía ser un memorando de inteligencia libio que hacía referencia a un acuerdo de financiamiento de 50 millones de euros. Sarkozy denunció el documento como una falsificación y demandó por difamación.
Más tarde, los magistrados franceses dijeron que el memorando parecía ser auténtico, aunque no se ha presentado evidencia concluyente de una transacción completada.
Los investigadores también examinaron una serie de viajes de los asociados de Sarkozy a Libia entre 2005 y 2007.
En 2016, el empresario franco-libanés Ziad Takieddine le dijo a Mediapart que había entregado maletas llenas de dinero en efectivo desde Trípoli al Ministerio del Interior francés bajo Sarkozy. Más tarde retractó su declaración. Esa retractación es ahora el foco de una investigación separada sobre posible manipulación de testigos.
Sarkozy y su esposa, Carla Bruni-Sarkozy, han sido puestos bajo investigación preliminar en ese caso.
Los exministros de Sarkozy Claude Guéant, Brice Hortefeux y Éric Woerth también están siendo juzgados, junto con otros ocho acusados. Pero los fiscales han dejado claro que la figura central es el propio expresidente, acusado de beneficiarse de un "pacto de corrupción" con una dictadura extranjera mientras hacía campaña para liderar la república francesa.
Aunque Sarkozy ya ha sido condenado en otros dos casos penales, el asunto de Libia es ampliamente visto como el más políticamente explosivo, y el que más probablemente moldeará su legado.
En diciembre de 2024, el tribunal más alto de Francia confirmó su condena por corrupción y tráfico de influencias, sentenciándolo a un año de arresto domiciliario con un brazalete electrónico. Ese caso se originó a partir de llamadas telefónicas interceptadas descubiertas durante la investigación de Libia. En un fallo separado en febrero de 2024, un tribunal de apelaciones de París lo encontró culpable de financiamiento ilegal de campaña en su fallida candidatura a la reelección en 2012.
Sarkozy ha desestimado las acusaciones como políticamente motivadas y basadas en pruebas falsificadas. Pero si es condenado, se convertiría en el primer expresidente francés hallado culpable de aceptar fondos extranjeros ilegales para ganar un cargo.
Se espera un veredicto más adelante este año.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.