Funcionarios tailandeses planearon en secreto deportar a uigures a China
A finales de febrero, representantes de una organización musulmana en Tailandia llevaron un mensaje tranquilizador a 40 hombres uigures aterrorizados de que iban a ser enviados de regreso a China: el gobierno no tenía planes inmediatos de deportarlos.
Menos de 72 horas después, estaban en un avión con destino a la región de Xinjiang, en el lejano oeste de China, donde expertos de la ONU dicen que podrían enfrentar torturas u otros castigos.
Tailandia decidió deportarlos más de un mes antes, mientras negó públicamente casi hasta el final los planes de hacerlo ante la población, legisladores y líderes religiosos musulmanes, según testimonios de investigaciones parlamentarias, entrevistas, notas de reuniones y mensajes de voz. Eso no dio a los detenidos y sus defensores la oportunidad de hacer un último intento de apelación antes de ser enviados de regreso a China.
Ahora, el gobierno tailandés está lidiando con las consecuencias de una medida que indignó a activistas de derechos humanos y aliados. La decisión está en el centro de las investigaciones parlamentarias tailandesas y de una ruptura diplomática entre Tailandia y su principal aliado militar. Estados Unidos ha impuesto sanciones a varios funcionarios tailandeses, mientras que la Unión Europea y otros aliados emitieron condenas.
Funcionarios tailandeses visitaron Xinjiang la semana pasada para reunirse con algunos de los uigures deportados y dijeron que están siendo bien tratados. También han afirmado que los hombres regresaron voluntariamente, a pesar de la evidencia en contra.
El dilema de Tailandia
Los uigures son una etnia turca, mayoritariamente musulmana, nativa de Xinjiang. Después de décadas de conflicto por la supresión de su identidad cultural, Beijing lanzó una brutal represión contra los uigures que algunos gobiernos occidentales consideran un genocidio.
Los hombres deportados el mes pasado eran parte de un grupo más grande de uigures detenidos en Tailandia en 2014 tras huir de China. Eso dejó a Bangkok enfrentando demandas contrapuestas de Beijing y Washington.
Beijing dijo que los uigures eran terroristas y quería que fueran enviados de regreso, pero no presentó pruebas. Activistas uigures y funcionarios occidentales dijeron que los hombres eran inocentes y pedían su reasentamiento en otro lugar.
Ante la posible reacción negativa de todas las partes, Tailandia mantuvo a los hombres detenidos durante más de una década.
Eso cambió cuando la primera ministra Paetongtarn Shinawatra asumió el cargo el año pasado. Su padre, el ex primer ministro Thaksin Shinawatra, tiene vínculos cercanos con altos funcionarios chinos.
Funcionarios tailandeses comenzaron a discutir en secreto planes para deportar a los uigures ya en diciembre, un mes después de que Paetongtarn se reunió con el líder chino Xi Jinping, informó entonces la AP.
El 8 de enero, China envió una solicitud formal para repatriar a los uigures, según registros de una investigación parlamentaria realizada después de que los hombres fueron enviados de regreso.
Ese mismo día, se pidió a los hombres que firmaran documentos de deportación, alarmándolos. Ellos hicieron un llamamiento público y se declararon en huelga de hambre, lo que hizo que las autoridades tailandeses se detuvieran.
No obstante, el 17 de enero, el Consejo de Seguridad Nacional decidió a puerta cerrada deportar a los detenidos uigures en una reunión a la que asistieron los ministros de defensa y justicia, reveló el secretario general del consejo, Chatchai Bangchuad, a la investigación parlamentaria. Chatchai dijo que la decisión se basó en parte en compromisos de China de que los hombres serían bien tratados y que Tailandia podría verificar su situación.
Negaciones repetidas
Fue entonces cuando comenzaron las negaciones. Poco después de la reunión del 17 de enero, el ministro de Defensa, Phumtham Wechayachai, aseguró a los periodistas que el gobierno no tenía planes inmediatos de deportación.
En una investigación parlamentaria del 29 de enero, el gobierno nuevamente negó planes de deportar a los hombres, según los registros de la reunión y una entrevista con el legislador Kannavee Suebsang.
La senadora Angkhana Neelapaijit dijo que el ministro de Justicia le dijo personalmente que no había planes de enviar a los hombres a China, apenas una semana antes de que fueran deportados.
El Ministerio de Justicia remitió a la AP al Ministerio de Relaciones Exteriores para comentarios, pero la cancillería declinó comentar.
En una reunión del 24 de febrero, representantes de Sheikhul Islam, una organización islámica oficial cercana a las autoridades tailandesas, informaron a los uigures que el gobierno dijo que no serían enviados a China, según notas y grabaciones obtenidas por AP.
Un detenido describió lo que Sheikhul Islam les dijo en dos grabaciones, una enviada a un defensor y la otra a un familiar en Europa.
"Dijeron que están en contacto con el gobierno y no pueden garantizar que el gobierno no nos enviará de regreso más tarde, pero hasta ahora, dicen que no seremos enviados de regreso", comenta el detenido. Ambas grabaciones fueron proporcionadas a la AP por el defensor y duran de dos a tres minutos. El defensor pidió anonimato para sí mismo y para el detenido para protegerlos de represalias.
La descripción de la reunión en las grabaciones fue corroborada por notas tomadas por un participante y compartidas por un activista, así como por una entrevista con otra persona con conocimiento directo de la situación. Esa persona, que pidió no ser nombrada por temor a represalias, agregó que al menos algunos de los representantes de Sheikhul Islam creían que los hombres no estaban a punto de ser deportados basándose en las garantías del gobierno. Sheikhul Islam declinó comentar.
Las notas también dejan claro que los hombres no querían ir a China, contrariamente a las afirmaciones del gobierno.
"Los detenidos pidieron una oración para que no fueran deportados", decían las notas.
Tres días después, en las primeras horas del 27 de febrero, los hombres fueron subidos a camiones y llevados en la oscuridad de la noche, con sábanas negras cubriendo las ventanas.
Al día siguiente, la primera ministra Paetongtarn confirmó a los periodistas que había discutido la deportación con funcionarios chinos durante una visita a Beijing en febrero.
La oficina de la primera ministra remitió una solicitud de comentarios a las "partes relevantes" sin decir quiénes eran esas partes. El Ministerio de Defensa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La reacción
A raíz de la deportación, Kannavee, Angkhana, Rangsiman y otros legisladores expresaron indignación y exigieron respuestas. El comité de seguridad nacional del Parlamento tailandés realizó una investigación y pidió que se publicaran imágenes de la deportación.
Al principio, los principales funcionarios tailandeses dijeron que no había otros países dispuestos a ofrecer asilo a los uigures, pero Estados Unidos y otros países han dicho que hicieron repetidas ofertas para acoger a los hombres.
En un intento adicional por abordar las críticas, más de media docena de altos funcionarios tailandeses visitaron Xinjiang la semana pasada por invitación de Beijing. Se invitó a medios tailandeses selectos, pero se negó una solicitud de AP para participar.
"No hay necesidad de preocuparse por los uigures", dijo el jueves en un comunicado el portavoz del gobierno Jirayu Houngsab. "Están viviendo felices con sus familias".
Comunicados de prensa e instrucciones dadas a los medios muestran que el viaje fue cuidadosamente gestionado: la delegación se reunió solo con seis de los 40 hombres, según un portavoz, mientras que a los medios en el viaje se les ordenó evitar tomar imágenes de los uigures y funcionarios chinos, según notas que circulan entre reporteros tailandeses vistas por AP. Las imágenes publicadas de la visita difuminaron casi todos los rostros excepto los de los funcionarios tailandeses.
Su deportación también causó una ruptura diplomática entre Tailandia y países occidentales. El 14 de marzo, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones de visa a un número desconocido de funcionarios tailandeses por su papel en las deportaciones, mientras que el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando la deportación.
Los funcionarios sancionados por Estados Unidos no fueron nombrados.
Las autoridades de Xinjiang no respondieron a una solicitud de comentarios enviada por fax. Durante una conferencia de prensa la semana pasada, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, calificó las sanciones de Estados Unidos como "ilegales".
"China... se opone a que Estados Unidos use los derechos humanos como pretexto para manipular cuestiones relacionadas con Xinjiang, interferir en los asuntos internos de China y perturbar la cooperación normal en la aplicación de la ley", señaló Mao.
___ Kang informó desde Beijing; David Rising en Bangkok y Didi Tang en Washington. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.