Espías rusos hackean el celular de Liz Truss y obtienen información de alto secreto
Se pide una investigación sobre las alegaciones “extremadamente serias” y las acusaciones de que Boris Johnson las ocultó al público
El celular de la ex primer ministra británica Liz Truss fue hackeado por agentes que al parecer trabajaban para el ruso Vladimir Putin durante la contienda por el liderazgo conservador que la impulsó por poco tiempo a Downing Street, según un explosivo reporte.
Los partidos de la oposición exigen que se investigue de manera urgente si el teléfono de la entonces ministra de Asuntos Exteriores fue intervenido por espías rusos este verano y, de ser así, por qué se ocultó el asunto al público.
En su calidad de primer ministro saliente, Boris Johnson habría sido informado de inmediato del hackeo y habría acordado con su secretario de gabinete, Simon Case, un “apagón informativo total”.
Los hackers habrían accedido a información sensible, incluyendo conversaciones con funcionarios extranjeros sobre la guerra en Ucrania y detalles sobre envíos de armas.
Los mensajes entre Truss y su futuro canciller de 38 días, Kwasi Kwarteng, en los que ambos criticaban a Johnson, son algunos de los que se han visto comprometidos durante todo un año, lo que supone un riesgo potencial de chantaje.
El teléfono se encuentra ahora en una caja fuerte cerrada en un lugar seguro del gobierno, declaró una persona al Mail on Sunday, que citó en su informe fuentes no identificadas con conocimiento del incidente.
“Esta noticia desató un caos absoluto”, señaló otra persona al periódico, y acusó a Johnson y a Case de haber ocultado el asunto.
“No es una buena imagen para los servicios de inteligencia si el teléfono del secretario de Asuntos Exteriores puede ser saqueado tan fácilmente en busca de mensajes personales embarazosos por agentes que se supone trabajan para la Rusia de Putin”.
Al parecer, Truss cambió su número de celular de 10 años poco antes de entrar en Downing Street, y se afirma que su dispositivo comprometido se encuentra ahora en una caja fuerte cerrada dentro de un lugar seguro del gobierno.
La secretaria de Interior en la sombra, Yvette Cooper, comentó: “Hay cuestiones de seguridad nacional de enorme importancia planteadas por un ataque como este por parte de un Estado hostil que habrán sido tomadas muy en serio por nuestros organismos de inteligencia y seguridad”.
“También hay serias cuestiones de seguridad en torno a por qué y cómo se ha filtrado o divulgado esta información en este momento, que también deben ser investigadas con urgencia”.
“Es esencial que todas estas cuestiones de seguridad se investiguen y se aborden al más alto nivel y tenemos que saber que el Gobierno reconoce la gravedad de este asunto y la importancia de proteger plenamente nuestra seguridad nacional”.
La portavoz de Asuntos Exteriores del Partido Liberal Demócrata, Layla Moran, pidió “una investigación independiente urgente para descubrir la verdad”, y añadió: “¿Fue el teléfono de Liz Truss hackeado por Rusia, hubo un apagón informativo y, si es así, por qué?”.
“Si resulta que esta información se ocultó al público para proteger la candidatura de liderazgo de Liz Truss, sería imperdonable”.
Tobias Ellwood, presidente de la Comisión de Defensa de los Comunes, dijo a Sky News: “He visto estos informes. No sé el valor o las fuentes y demás. Creo que es algo que debe investigar la comisión hermana, la Comisión de Inteligencia y Seguridad”.
El gobierno afirmó que no haría comentarios sobre las medidas de seguridad de los individuos, pero un portavoz añadió: “El gobierno tiene sistemas robustos para protegerse contra las amenazas cibernéticas”.
“Eso incluye sesiones informativas periódicas sobre seguridad para los ministros y asesoramiento sobre la protección de sus datos personales y la mitigación de las ciberamenazas”.
Los informes sobre el hackeo se publican en un momento en que el Primer Ministro Rishi Sunak se resiste a las demandas de iniciar una investigación sobre Suella Braverman por su violación de seguridad.
El primer ministro volvió a nombrarla ministra del Interior solo seis días después de que se viera obligada a dimitir por haber compartido sin permiso un documento sensible con un diputado conservador a través de un correo electrónico personal.