Gobierno de EE. UU. justifica el envío de inmigrantes a Guantánamo: “Es una promesa de campaña del presidente”
Migrantes detenidos en la base naval de Guantánamo denuncian haber sido tratados como animales durante su estancia
El gobierno respondió a los informes sobre el presunto trato inhumano que habrían recibido migrantes deportados y detenidos en la base naval estadounidense de Guantánamo Bay. Sin negar explícitamente el uso de métodos severos, destacó los antecedentes penales de los deportados.
Durante una conferencia con periodistas el martes, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue consultada sobre un reportaje de The Washington Post que describe las condiciones en las instalaciones de detención de la base.
Guantánamo Bay, una base militar en Cuba, ha funcionado históricamente como prisión para presuntos terroristas. Sin embargo, en las últimas semanas, se convirtió en un centro de detención para migrantes en espera de deportación a sus países de origen, como parte de los esfuerzos del gobierno Trump para intensificar la remoción de personas que ingresaron ilegalmente a Estados Unidos.
Según un exdeportado que habló con el periódico, pasó dos semanas en la base estadounidense en una celda oscura y sin ventanas, con solo un balde para sus necesidades. Afirmó haber escuchado gritos de otros deportados, incluidas amenazas de suicidio.
El detenido, Diuvar Uzcátegui, aseguró que solo le permitieron salir al exterior en dos ocasiones por períodos breves y siempre encadenado dentro de una jaula. “No me trataron como a un ser humano”, denunció.
Ante la insistencia de los periodistas sobre el reportaje de The Washington Post, Leavitt aseguró que las condiciones en la base eran adecuadas debido a los antecedentes penales de los detenidos.
“Es una promesa de campaña del ppresidente: si cruzas ilegalmente nuestras fronteras, violas nuestras leyes y luego cometes crímenes atroces y brutales en el país, serás deportado y podrías ser retenido en Guantánamo”, afirmó.
“Estamos hablando de criminales, no lo olviden”, enfatizó.
Sin embargo, Leavitt no desmintió los informes sobre las duras condiciones en la instalación, utilizada durante años para recluir a detenidos de la guerra global contra el terrorismo, capturados en campos de batalla extranjeros y considerados por EE. UU. como combatientes enemigos ilegales.
La semana pasada, el gobierno de Trump habría dejado de usar la base naval estadounidense para retener a migrantes deportados, después de que el Departamento de Justicia informara en un documento judicial que ya “no había detenidos por motivos de inmigración” en el lugar.
Un avión con casi 200 migrantes venezolanos que estuvieron detenidos en la base naval llegó a Venezuela el jueves por la noche, luego de que el uso de la instalación por parte del gobierno fuera objeto de un intenso escrutinio judicial tras una demanda de grupos de derechos de los migrantes para frenar esta práctica.
Esa demanda, presentada por la American Civil Liberties Union (ACLU), organización dedicada a la defensa de los derechos y libertades individuales, y el Center for Constitutional Rights, grupo que lucha por la justicia social y la protección de los derechos constitucionales, junto con otras organizaciones, argumentó que los detenidos estaban “aislados sin posibilidad de contacto” y no podían comunicarse con sus familias ni con abogados.
En respuesta, el Departamento de Justicia afirmó que “la finalización de la operación de expulsión elimina cualquier necesidad de una medida cautelar temporal” y subrayó que la base era “un punto de tránsito temporal y no un centro de detención indefinida”.
Los abogados del gobierno también afirmaron que los detenidos en Guantánamo no requieren el mismo derecho a un abogado que los acusados en procesos penales, ya que “no cuentan con las mismas protecciones del debido proceso” ni “protección jurídica para recibir asistencia legal”, debido a que están en proceso de deportación de Estados Unidos.
Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han defendido en repetidas ocasiones el uso del centro, inaugurado en 2002 para retener a sospechosos de terrorismo y para encarcelar a presuntos miembros de la banda Tren de Aragua y a “delincuentes ilegales” y a “lo peor de lo peor”, según Noem.
Sin embargo, los inmigrantes “menos peligrosos” son personas que viven en Estados Unidos ilegalmente, pero que nunca fueron acusados o condenados por delitos violentos u otros delitos graves, según los lineamientos federales.
El uso del centro, en el que Trump ha sugerido detener hasta 30 000 personas, ha suscitado duras críticas por parte de grupos humanitarios, que temen la ocurrencia de posibles abusos debido al contexto de hermetismo del establecimiento ubicado en otro país.
Durante el último mes, se ha visto a miembros del ejército estadounidense levantando carpas alrededor del lugar.
Alex Woodward contribuyó a esta nota
Traducción de Leticia Zampedri