Kilmar Ábrego García regresa a Estados Unidos y enfrenta cargos penales por contrabando de inmigrantes
El inmigrante salvadoreño deportado por error se enfrenta a la acusación de un gran jurado por tráfico de personas
Más de dos meses después de que la administración de Donald Trump recibiera la orden de “facilitar” el regreso de Kilmar Ábrego García, el padre salvadoreño deportado injustamente regresó a Estados Unidos para enfrentar cargos penales en Tennessee.
El gobierno ha pasado semanas luchando contra las órdenes judiciales para su regreso después de admitir que fue deportado por error, pero el padre de 29 años de Maryland se enfrenta ahora a un gran jurado federal por una acusación de transportar ilegalmente a inmigrantes indocumentados.
Una acusación de dos cargos presentada en secreto en Tennessee el mes pasado y desvelada el viernes acusa a Ábrego García de participar en una conspiración de varios años para traficar con inmigrantes indocumentados desde Texas. Se enfrenta a un cargo de conspiración para transportar extranjeros y a otro de transporte ilegal de extranjeros indocumentados.
Los fiscales federales alegan que es miembro de la banda transnacional Mara Salvatrucha y que “participó personalmente en delitos violentos, incluido el asesinato”. Los fiscales también afirman que “maltrataba” a mujeres y traficaba con niños, armas de fuego y estupefacientes. Asimismo, hay una investigación en curso sobre “solicitud de material de abuso sexual infantil”, aunque no se han presentado cargos, según la fiscalía.
La decisión de seguir adelante con el caso contra Ábrego García provocó la abrupta salida del principal fiscal, Ben Schrader, que temía que los cargos tuvieran motivaciones políticas, según ABC, que informó por primera vez de la acusación.
“El gobierno desapareció a Kilmar a una prisión extranjera en violación de una orden judicial. Ahora, tras meses de retraso y secretismo, lo traen de vuelta, no para corregir su error, sino para procesarlo”, manifestó su abogado Simon Sandoval-Moshenberg en una declaración a The Independent.
“Esto demuestra que han estado jugando con la corte todo este tiempo”, añadió. “El debido proceso significa la oportunidad de defenderte antes de que te castiguen, no después”.
El caso tiene su origen en una parada de tránsito en Tennessee en 2022, cuando la policía encontró a Ábrego García conduciendo a varios hombres más que carecían de identificación, según el escrito de acusación. No se le imputaron cargos por el incidente.
La acusación cita alegaciones de seis cómplices anónimos, que afirman que Ábrego García ayudó a trasladar a inmigrantes por todo el país a cambio de dinero que lavaban entre ellos en un supuesto esfuerzo por ocultar sus orígenes.
Ábrego García y sus presuntos cómplices “transportaron a sabiendas e ilegalmente a miles” de personas, algunas de las cuales eran miembros de la Mara Salvatrucha, según la acusación.
Los fiscales federales han pedido a un juez que lo mantenga en prisión preventiva “porque supone un peligro para la comunidad y un grave riesgo de fuga”.
“El testimonio en el juicio establecerá que el acusado transportó a aproximadamente 50 extranjeros indocumentados por todo Estados Unidos al mes durante varios años”, según los fiscales. “Las pruebas también establecerán la pertenencia y asociación de larga data del acusado con la Mara Salvatrucha y cómo utilizó su asociación con la pandilla para promover la conspiración de contrabando de extranjeros”.
En una rueda de prensa el viernes, la fiscal general Pam Bondi calificó su acusación y detención como “justicia estadounidense”.
Si lo declaran culpable, será deportado a El Salvador, recalcó.
Ábrego García huyó de El Salvador cuando era adolescente en 2011 y trabajaba como aprendiz de chapista en Maryland, donde vivía con su esposa y su hijo de 5 años, ambos ciudadanos estadounidenses. La pareja también cría a otros dos hijos de una relación anterior.
Tras una parada de tránsito en marzo, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y posteriormente expulsado al brutal Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, a pesar de la orden de un juez de inmigración de 2019 que suspendía su expulsión del país por razones humanitarias. Ábrego García fue trasladado posteriormente a otra prisión para reclusos ajenos a las pandillas. Llevaba casi tres meses encarcelado en el país.
Los aliados de Trump y los funcionarios de la administración han tratado repetidamente de justificar su detención por las acusaciones de actividad criminal y pertenencia a la banda Mara Salvatrucha, que se plantearon solo después de que fuera incluido en las deportaciones sumarias. Los demócratas y los analistas jurídicos han argumentado que la administración podría simplemente devolver a Ábrego García y luego utilizar esas supuestas pruebas contra él en las audiencias normales de expulsión del tribunal de inmigración.
En cambio, los abogados del Departamento de Justicia y los funcionarios de la administración de Trump se enfrentaron a los jueces federales e invocaron un privilegio de “secretos de Estado” para evitar responder a las preguntas de un juez sobre la relación del Gobierno con El Salvador y las conversaciones sobre su detención allí.
“Es un abuso de poder, no justicia”, dijo Sandoval-Moshenberg a The Independent.
“El gobierno debe llevarlo a juicio, sí, pero frente al mismo juez de inmigración que vio su caso en 2019, que es la manera ordinaria de hacer las cosas, ‘para asegurar que su caso sea manejado como lo habría sido si no hubiera sido enviado indebidamente a El Salvador’, como ordenó la Corte Suprema”, exclamó.
El senador de Maryland Chris Van Hollen, que viajó a El Salvador para reunirse con Ábrego García, dijo que la administración parecía haber “cedido finalmente a nuestras demandas de cumplimiento de las órdenes judiciales y de los derechos al debido proceso que se conceden a todos en Estados Unidos”.
“Como he dicho en repetidas ocasiones, no se trata del hombre, se trata de sus derechos constitucionales, y de los derechos de todos”, dijo el viernes. “La administración tendrá ahora que exponer sus argumentos ante los tribunales, como debería haber hecho desde el principio”.
Tras un recurso judicial por su detención y expulsión, los abogados del Gobierno reconocieron en documentos judiciales que la expulsión de Ábrego García se debió a un “error administrativo”, pero insistieron en que era imposible traerlo de vuelta. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también dijo que fue deportado debido a un “error administrativo”. Pero el presidente y otros funcionarios de la administración han defendido repetidamente su detención.
En abril, la jueza distrital de Maryland, Paula Xinis, ordenó a la administración que “facilitara” el regreso de Ábrego García de El Salvador por su decisión “totalmente ilícita” y su “grave error” que “estremece la conciencia”.
Escribió: “Como reconocen los acusados, no tenían autoridad legal para detenerlo, ni justificación para retenerlo, ni motivos para enviarlo a El Salvador, y mucho menos para entregarlo a una de las prisiones más peligrosas del hemisferio occidental”.
Incluso la Corte Suprema acordó por unanimidad que su expulsión fue “ilegal” y confirmó la orden de la jueza de primera instancia de “facilitar” su regreso.
Los funcionarios continuaron rechazando esas órdenes e insistieron en que Ábrego García nunca regresaría a Estados Unidos. Así escaló la batalla en curso de la administración de Trump con un poder judicial al que el presidente acusa de conspirar en su contra.
“No hay ningún escenario en el que Ábrego García vuelva a estar en Estados Unidos”, declaró el mes pasado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ante un panel del Senado.
.jpg?quality=75&width=230&auto=webp)
Traducción de Michelle Padilla