Familia salió rumbo al hospital para salvar a su hija, pero acabaron en un autobús de deportación a México
DETALLES EXCLUSIVOS: Una niña de 10 años, residente en Texas, fue trasladada de urgencia al hospital tras una cirugía cerebral. En lugar de recibir atención médica, sus padres fueron detenidos y deportados. Ahora la familia vive en México, reporta Rhian Lubin
Nota del editor: En este reportaje se usaron seudónimos para resguardar la identidad de la familia en su proceso de deportación.
Sara Hernández García, de 10 años, despertó con mareos y un fuerte dolor. Sus padres, preocupados, tomaron a sus hijos y emprendieron el viaje desde el Valle del Río Grande hasta el Texas Children's Hospital, el hospital infantil, en Houston.
Un año antes, la niña había sido operada de urgencia por un tumor cerebral y aún necesitaba controles médicos para evitar complicaciones.
Aquella mañana, sus padres, María y Juan, rezaron para que Sara recibiera la atención médica que necesitaba. Sin embargo, al cruzar el puesto de control de Sarita, el 3 de febrero, rumbo al hospital, la familia se vio atrapada en una nueva pesadilla.
María y Juan fueron detenidos junto a sus cuatro hijos pequeños y trasladados a un centro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). Tras 24 horas, los subieron a una furgoneta y los deportaron a México. Ahora también están separados de su hijo mayor, Fernando, de 17 años y ciudadano estadounidense, quien permanece en Estados Unidos.
El intento desesperado de la familia por conseguir atención médica no solo les costó la estabilidad de su hogar, sino que los dejó atrapados en una lucha política y en una constante incertidumbre.
“Esa mañana solo querían llevar a su hija a urgencias, pero antes de lograrlo, fueron detenidos y expulsados del país. Es absurdo”, declaró el abogado de inmigración Daniel Woodward a The Independent. “Ahora están pasando por un momento muy difícil”, agregó.
María y Juan tienen seis hijos de 6, 8, 10, 13, 15 y 17 años. Cinco de ellos son ciudadanos estadounidenses y han residido toda su vida en el país.
Aunque la pareja ha vivido en el país desde 2013 y no tiene antecedentes penales, fueron deportados de inmediato y sin contemplaciones.
Ahora luchan por regresar y estar con su hija, como una familia. El Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP) presentó una denuncia ante la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Nacional, en la que detallan la difícil situación de la familia.
Según el documento obtenido por The Independent, los agentes de aduanas confiscaron parte de la medicación de Sara y retuvieron a los niños en “condiciones deplorables” durante 24 horas mientras sus padres eran deportados. La familia también acusa a la CBP de haber negado atención médica urgente a una niña ciudadana estadounidense con una discapacidad.
Hilton Beckham, comisario adjunto de asuntos públicos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, negó las acusaciones y las calificó de “falsas e irresponsables”.
En un comunicado enviado a The Independent, afirmó que la CBP opera bajo estrictas normas legales y humanitarias y que sus instalaciones, incluidas las del sector del Valle del Río Grande, son supervisadas de manera continua. “La salud y el bienestar de los detenidos son una prioridad absoluta y siempre se garantiza el acceso a la atención médica necesaria”, sostuvo.
En 2013, María y Juan dejaron atrás su país para buscar una vida mejor en Estados Unidos. Aunque no tienen estatus legal, trabajaron incansablemente y se ganaron el respeto de su comunidad.
Según se detalla en la denuncia, “son miembros valiosos” y activos en su iglesia local. Nunca han tenido problemas con la ley y dedicaron su vida a criar a sus hijos, quienes destacan en música y arte en la escuela. Su hijo mayor, Fernando, sueña con servir en el ejército estadounidense cuando termine el bachillerato.
Además de las complejas necesidades médicas de Sara, su hermano Manuel, de 15 años, y su hermana Elizabeth, de 13, padecen el síndrome de QT largo, un raro trastorno del ritmo cardíaco que requiere monitoreo constante. Manuel, además, usa un monitor cardíaco.
La salud de Sara se deterioró rápidamente en 2023.
Su pie izquierdo empezó a girar de forma anormal, sufría dolores de estómago y tenía dificultades en la escuela. Se tiraba del pelo y se quejaba de fuertes dolores de cabeza.
Los médicos le diagnosticaron autismo, pero sus padres temían que hubiera algo más grave. En febrero de 2024, sus temores se confirmaron cuando Sara sufrió un ataque y fue trasladada de urgencia al hospital. Allí, los médicos detectaron un tumor cerebral y la enviaron en helicóptero al Texas Children's Hospital de Houston.
Estuvo al borde de la muerte y su madre llegó a pensar que la había perdido.
Sin embargo, los cirujanos realizaron una operación de emergencia para extirpar el tumor y, contra todo pronóstico, Sara sobrevivió. “Los médicos les dijeron que fue un milagro”, se relata en la denuncia.
El año siguiente a la operación fue un desafío constante para Sara y su familia. Su movilidad se vio afectada: el lado derecho de su cuerpo quedó parcialmente paralizado, necesita una pierna ortopédica y a menudo pierde el hilo de sus pensamientos. Cada día, su vida depende de medicamentos para prevenir convulsiones y sus padres nunca salen de casa sin un spray nasal de emergencia. La carga también fue económica. María dejó de trabajar para cuidar a su hija, lo que complicó aún más su situación.
Aun así, cuando el mes pasado Sara sintió un fuerte dolor de cabeza, María y Juan no dudaron: tenían que llevarla a sus médicos en Houston. Pero nunca llegaron.
En el puesto de control de Sarita, los agentes de la CBP los detuvieron. Entregaron los documentos médicos de Sara, como habían hecho antes, confiando en que podrían seguir su camino.
Sin embargo, esta vez, la historia fue distinta. La política de deportaciones masivas del gobierno de Trump ya estaba en marcha y su destino quedó sellado en ese instante.
María y Juan explicaron su situación a los agentes y presentaron los certificados de nacimiento de sus hijos para demostrar que eran ciudadanos estadounidenses.
También entregaron una carta del hospital donde se detallaba que Sara estaba en tratamiento por un tumor cerebral y que, debido a la gravedad de su enfermedad, necesitaba acudir a sus citas médicas.
Según se informa en la denuncia, en lugar de permitir que Sara recibiera atención en el Texas Children's Hospital, los agentes de la CBP detuvieron a toda la familia.
La CBP niega las acusaciones. Sin embargo, según se afirma, un agente llamó al hospital infantil y confirmó que la niña era paciente del centro.
A pesar de ello, los agentes no permitieron que la familia siguiera su camino ni la llevaron a un centro médico local. “No tomaron ninguna medida para garantizar que Sara recibiera la atención que necesitaba. En cambio, le confiscaron la medicación”, se señala en la denuncia.
Tras seis horas en el puesto de control, la familia fue trasladada a un centro de detención, donde, según denuncian, sufrieron “abusos y humillaciones” por parte de los funcionarios de aduanas. Veinticuatro horas después, fueron subidos a una furgoneta y dejados en México.
“Estos niños crecieron en Estados Unidos. Iban a escuelas estadounidenses y les iba bien”, declaró Woodward a The Independent. “Su mamá me dijo que los niños querían conocer México y saber de dónde venían sus padres, pero no así”.
La familia se esconde en una zona rural de México, refugiada en casa de unos parientes. El miedo los mantiene aislados: temen que las bandas criminales descubran que los niños son ciudadanos estadounidenses y los secuestren. Además, siguen luchando por regresar a Estados Unidos.
“María y Juan mantienen a los niños dentro de la propiedad de sus parientes. No pueden ir a la escuela ni al médico. No han salido en casi un mes”, se reporta en la denuncia.
Sara, además, necesita con urgencia más medicación y atención especializada. Mientras tanto, Fernando, el hijo mayor de la familia, sigue en Estados Unidos, separado de sus padres y hermanos.
“Debe someterse a una resonancia magnética, pero la situación lo hace aún más difícil”, dijo el abogado Daniel Woodward. “También está teniendo problemas con la medicación y la pérdida de ingresos de su familia complica aún más su acceso a tratamiento”.
Woodward señaló que la CBP pudo haber cometido un “error” en la gestión del caso y que “no supiera lo que hacía en ese momento”. Pero si no fue así, añadió, el caso refleja la “falta total de humanidad” del gobierno.
“Si no fue un error, demuestra una falta total de humanidad y el desprecio por el derecho de las familias a estar juntas”, afirmó. “Los niños ciudadanos estadounidenses deberían poder recibir atención médica en su propio país”.
Traducción de Leticia Zampedri