Gobierno de Trump reconoce que deportó a venezolanos sin antecedentes penales a la megacárcel de El Salvador

La administración de Donald Trump admite que “muchos” de las decenas de venezolanos deportados a la conocida megacárcel de El Salvador no tienen antecedentes penales de ningún tipo.

Pero la falta de antecedentes penales “no indica que supongan un riesgo menor”, según la declaración jurada de un funcionario del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) presentada en los expedientes judiciales.

Robert Cerna, agente de ICE, plantea que la falta de información específica sobre cada individuo “en realidad pone de relieve el riesgo que suponen” y

demuestra que son terroristas respecto a los cuales carecen de un perfil “completo”.

La extraordinaria declaración se incluyó en los archivos judiciales de la administración de Trump que piden a un juez que revoque su orden que bloquea de forma temporal las deportaciones en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. Los abogados del Gobierno calificaron la medida como una afrenta a la amplia autoridad constitucional y estatutaria del presidente para proteger a los Estados Unidos de extranjeros peligrosos que representan graves amenazas para el pueblo estadounidense.

El juez de distrito James Boasberg ordenó a los abogados del Gobierno que respondan a varias preguntas —sobre el horario de los vuelos, cuándo salieron los aviones del espacio aéreo estadounidense y quiénes iban a bordo— para determinar si los agentes desafiaron de forma deliberada la orden judicial.

La administración de Trump apeló la orden judicial y los abogados del Departamento de Justicia argumentaron que “no hay justificación para ordenar información adicional, y que hacerlo sería inapropiado”.

Dichas respuestas “revelarían información sensible relacionada con la seguridad nacional y las relaciones exteriores”, según una presentación judicial de los abogados del Departamento de Justicia.

Tres vuelos en los que presuntamente viajaban miembros de la banda venezolana Tren de Agua partieron el viernes por la noche de Estados Unidos con destino a El Salvador a pesar de las órdenes verbales —y escritas— del juez que les impedía explícitamente despegar.

Una línea de tiempo es crucial para determinar si la administración desafió abiertamente la orden y se justificaron con la reclamación sin precedentes de Trump de autoridad ejecutiva. De hecho, los críticos temen que sea un umbral que destroce los controles y equilibrios críticos.

El martes, los abogados de los inmigrantes venezolanos deportados entregaron a un tribunal de apelaciones un escrito que describía las implicaciones de la postura del Gobierno como “abrumadoras”.

Advirtieron que si el presidente puede designar a cualquier grupo como extranjeros enemigos en virtud de la ley, y tal designación no está sujeta a revisión, entonces no hay límite alguno sobre quién puede ser enviado a una prisión salvadoreña, ni límite alguno sobre cuánto tiempo permanecerán allí. Agregaron que incluso el presidente salvadoreño asegura que estos hombres estarán allí al menos un año y que el encarcelamiento es “renovable”.

Trump, por su parte, exigió la destitución del juez y provocó una singular reprimenda del presidente de la Corte Suprema John Roberts, el martes.

“Durante más de dos siglos, se ha establecido que el juicio político no es una respuesta apropiada al desacuerdo relativo a una decisión judicial”, manifestó a los periodistas. “Para eso existe el proceso normal de revisión de apelación”.

La asociación de abogados penalistas National Association of Criminal Defense Lawyers también criticó los argumentos de la administración y reprobó los ataques del presidente.

“Las acusaciones sin pruebas, la denegación de acceso a asistencia legal y el aparente desafío a las órdenes judiciales de no deportar a los acusados sin una audiencia representan una peligrosa desviación de estos principios”, declaró en un comunicado el presidente de la asociación, Christopher A. Wellborn.

_{Traducción de Michelle Padilla}