El índice de aprobación de Donald Trump en materia de inmigración se ha desplomado en las últimas semanas
Mientras tanto, los ciudadanos piden por el regreso de Kilmar Ábrego García, un padre e inmigrante salvadoreño de Maryland que fue deportado injustamente
Mientras el Gobierno estadounidense sigue expulsando a inmigrantes “sin un debido proceso”, el índice de aprobación del presidente Donald Trump en materia de inmigración se ha desplomado en las últimas semanas.
Más precisamente, el índice pasó de tener una puntuación total de más 18 puntos a una de un poco más 10 puntos desde mediados de marzo, según una nueva encuesta de Echelon Insights.
Los resultados de la encuesta muestran que, hasta la semana pasada, el 54 % de los posibles votantes aprobaban sus medidas en cuanto a inmigración, mientras que el 44 % las desaprobaban. El mes pasado, la diferencia era mucho mayor, con un 57 % de aprobación y un 39 % de desaprobación.
Desde que asumió en enero, el índice de aprobación general de Trump en cuanto a políticas sobre inmigración ha caído cinco puntos, según Echelon Insights.
Al ser contactado para hacer comentarios, el vocero de la Casa Blanca, Kush Desai, dijo a The Independent que los votantes le “dieron al presidente Trump autoridad rotunda en noviembre para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración, deportar en masa a los inmigrantes ilegales criminales y aumentar la seguridad en nuestra frontera”.
Agregó: “Una mayoría de estadounidenses sigue apoyando que el presidente Trump cumpla con eso”.
Al mismo tiempo, el Gobierno se enfrenta a conflictos legales y críticas públicas por la deportación injusta de Kilmar Ábrego García, un padre e inmigrante salvadoreño que vivía en Maryland. García huyó de El Salvador cuando era adolescente e incluso tenía una orden de protección contra su deportación emitida por Estados Unidos.
La Corte Suprema dictaminó la semana pasada que el Gobierno debe “facilitar” el regreso de García.
Acto seguido, el Gobierno presentó una solicitud de emergencia para bloquear el fallo tras admitir que su expulsión se debió a un “error administrativo” y después insistir, sin pruebas, en que podría ser miembro de una “organización terrorista extranjera”. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que no tomará medidas para devolver a García a Estados Unidos.
Sin embargo, el jueves, un tribunal de apelaciones rechazó la petición. Los jueces declararon que la expulsión de residentes de EE. UU. “sin el debido proceso” debería ser “chocante” para el “sentido intuitivo de libertad” de los estadounidenses.
El senador de Maryland, Chris van Hollen, se reunió el jueves con García en El Salvador para ayudar a concretar su liberación.
“Dije que mi principal objetivo de este viaje era reunirme con Kilmar. Esta noche tuve esa oportunidad”, escribió el senador. Agregó: “Llamé a su esposa, Jennifer, para transmitirle su mensaje de amor. Espero poder dar una actualización completa a mi regreso”.
El Gobierno también detuvo al estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, Mahmoud Khalil el mes pasado después de que participara en protestas propalestinas dentro del campus en 2024. Fue la primera detención del Gobierno relacionada con sus medidas de represión contra los manifestantes universitarios del país que estén a favor de Palestina.
Un juez de inmigración dictaminó la semana pasada que Khalil, esposo y futuro padre, puede ser deportado. Sus abogados tienen previsto apelar la decisión.
Asimismo, Badar Khan Suri, becario postdoctoral de la Universidad de Georgetown y residente legal, fue detenido por agentes del ICE poco después que Khalil el mes pasado. Fue acusado de “difundir publicidad a favor de Hamás y promover el antisemitismo en las redes sociales”.
Ambos casos han llevado a los defensores de la inmigración a argumentar que Trump está infringiendo el derecho constitucional de los residentes a la libertad de expresión.
Khalil y Suri no son los únicos afectados. El Gobierno ha revocado unos 147 visados a estudiantes de 48 universidades de todo el país.
Mientras que la causa de las detenciones anteriores fueron el activismo universitario propalestino, esta última oleada de revocaciones parece tener poco que ver con la actividad política. Algunos funcionarios universitarios dicen incluso que sospechan que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas están rastreando las bases de datos de infracciones de tráfico para dar con el paradero de los estudiantes.
Traducción de María Luz Avila