Histórico fallo de la Corte Suprema de EEUU concede inmunidad a Trump por actos mientras era presidente
La mayoría conservadora de la corte concordó en que la constitución estadounidense otorga inmunidad al presidente por actos “oficiales”
La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió su fallo el lunes en la causa penal contra Donald Trump, acusado de conspirar para anular su derrota en las elecciones presidenciales de 2020, y determinó que los expresidentes gozan de cierta inmunidad frente a procesos penales por actos oficiales. Así, la decisión que prorroga el indulto de Trump y prácticamente pone fin a las posibilidades de que lo juzguen antes de los comicios de noviembre.
En una decisión de 6-3 publicada el lunes, la corte rechazó la petición de Trump de inmunidad total, pero declaró que algunas de las acciones establecidas en la acusación federal de interferencia electoral estaban relacionadas con sus actos oficiales y, por consiguiente, están protegidas.
“El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley. Pero el Congreso no puede penalizar la conducta del presidente durante el desempeño de las responsabilidades del poder ejecutivo en virtud de la Constitución”, escribió el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, en representación de la mayoría.
La mayoría conservadora de la corte le concedió una “presunta inmunidad” por acciones que, según el expresidente, se encontraban en el “ámbito exterior” de sus funciones oficiales.
“Tal inmunidad es necesaria para salvaguardar la independencia y el funcionamiento eficaz del poder ejecutivo, y para permitir al presidente desempeñar sus funciones constitucionales sin cautelas indebidas”, escribieron los jueces.
No obstante, la sentencia subraya que “no hay inmunidad” por “actos no oficiales”, por lo que ahora el juez que supervisa su caso federal de injerencia electoral debe determinar si fueron oficiales o no.
La supuesta campaña de presión de Trump contra Mike Pence y funcionarios estatales para revertir los resultados electorales, entre otros actos definidos en la acusación en su contra, “presentan cuestiones más difíciles” a la hora de obtener inmunidad judicial, según los magistrados.
El fallo de la Corte fue la última decisión que emitió en su último día de mandato, y retrasará el juicio federal contra el expresidente, ya que ahora un tribunal inferior tendrá que determinar cuáles de los actos de Trump fueron realizados en calidad oficial. La probable prolongación del proceso judicial reducirá las expectativas de que el juicio pueda iniciarse antes de la jornada electoral o incluso después de la investidura presidencial en enero de 2025.
El caso se deriva de la apelación de Trump en su acusación federal de interferencia electoral que el abogado especial Jack Smith presentó el año pasado.
Los fiscales federales le acusaron de una campaña llena de mentiras para frustrar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que culminó con la irrupción violenta de una turba en el Capitolio para impedir que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden.
Trump está acusado de conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra los derechos.
Pero los abogados de Trump apelaron la acusación alegando que el expresidente estaba actuando dentro de sus funciones oficiales como presidente y, por lo tanto, debería ser inmune a la persecución penal.
Trump alegó que goza de inmunidad absoluta, tomando como referencia el caso Nixon contra Fitzgerald de la Corte Suprema de 1982, en el que el tribunal determinó que los presidentes no pueden ser demandados en causas civiles por acciones que llevaron a cabo mientras ocupaban el cargo.
Durante los argumentos orales en abril, John Sauer, abogado de Trump, persuadió a los jueces de que la posibilidad de cargos, juicio y encarcelamiento podría “distorsionar la toma de decisiones del presidente, precisamente cuando más se necesita una acción audaz y sin miedo”.
Sauer afirmó que, sin protecciones, el presidente no puede desempeñar eficazmente su labor.
Smith discrepó, con el argumento de que ni Trump —ni ningún presidente— está por encima de la ley.
En su escrito al tribunal, Smith citó el histórico caso de 1974 de la Corte Suprema Nixon contra Estados Unidos, en el que se decidió que el privilegio presidencial no hace al presidente inmune al proceso judicial.
La última vez que Estados Unidos se planteó procesar a un presidente fue Richard Nixon tras el escándalo de Watergate. Aunque la corte se pronunció sobre si un presidente debía participar en el proceso judicial, nunca se suscitó un proceso penal contra Nixon.
La mayoría de los jueces conservadores parecían dispuestos a conceder a Trump cierta inmunidad frente a cargos penales. Casi todos ellos expresaron su preocupación por la posibilidad de que sus adversarios políticos enjuiciaran al presidente de forma injusta.
Pero el ala liberal de la corte, a la que se unió la jueza conservadora Amy Coney Barrett, expresó su preocupación por el hecho de que los futuros presidentes se sientan “envalentonados para cometer delitos” en el cargo, sabiendo que cuentan con protecciones contra el enjuiciamiento.
En la sentencia del lunes, las magistradas liberales Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson disintieron y advirtieron contra el peligroso precedente del tribunal conservador para la democracia.
“La decisión de hoy de conceder inmunidad penal a los expresidentes modifica la institución de la presidencia”, escribió la juez Sotomayor en su voto particular. “Se burla del principio básico de nuestra Constitución y sistema de gobierno de que ningún hombre está por encima de la ley”.
Sostuvo que la decisión de la mayoría se basaba en “poco más que su propia sabiduría equivocada sobre la necesidad de una ‘acción audaz y sin vacilaciones’ por parte del presidente”.
“Con temor por nuestra democracia, disiento”, escribió.
El caso se enviará a un tribunal de distrito en Washington, D. C., donde la jueza Tanya Chutkan tendrá la tarea de determinar si las acciones enumeradas en la acusación de Trump son “oficiales” o “no oficiales”.
La decisión del tribunal de esperar hasta el último día de su actual sesión para emitir un fallo garantiza que los votantes no verán un veredicto en el juicio para determinar si Trump conspiró ilegalmente para anular las elecciones antes de que emitan su voto en las próximas, este noviembre.
Trump contra Estados Unidos planteó si se puede emprender un proceso penal contra un presidente por delitos que fueron cometidos en el cargo como parte de “actos oficiales”. Es el segundo caso que Trump lleva a la Corte Suprema esta legislatura.
Traducción de Michelle Padilla