“Efecto intimidante”: Trump quiere revisar las redes sociales de los solicitantes de la ‘green card’
Según el USCIS, acceder a los perfiles sociales de los solicitantes es clave para fortalecer los controles de identidad, las tareas de investigación y la seguridad del país. Críticos advierten que la medida pone en riesgo la libertad de expresión
La propuesta del gobierno de Donald Trump de revisar los perfiles en redes sociales de quienes solicitan la residencia permanente (green card) y ya viven legalmente en Estados Unidos ha sido criticada públicamente por considerarse un ataque a la libertad de expresión.
Actualmente, quienes solicitan visas desde el extranjero ya deben entregar sus datos de redes sociales a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Sin embargo, esta nueva medida ampliaría esa política a personas que ya se encuentran dentro del país y están tramitando la residencia o solicitando asilo.
Según el USCIS, acceder a los perfiles sociales de los solicitantes es clave para fortalecer los controles de identidad, las tareas de investigación y la seguridad del país.
La agencia también señaló que la medida responde a la orden ejecutiva de Donald Trump titulada “Proteger a Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública”.
En un comunicado del 5 de marzo, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) explicaron que, tras revisar la información recopilada para decidir sobre admisiones y beneficios migratorios, identificaron la necesidad de recolectar identificadores de redes sociales y los nombres de las plataformas utilizadas por los solicitantes. Según la agencia, esta información es clave para verificar identidades, evaluar riesgos a la seguridad nacional y pública, y facilitar investigaciones e inspecciones relacionadas.
La agencia está recibiendo comentarios del público sobre la propuesta hasta el 5 de mayo. Al momento de redactar este informe, la mayoría de las opiniones son abrumadoramente negativas.
“Estados Unidos se dirige hacia el autoritarismo”, escribió un comentarista anónimo. “Cualquier cosa que no le guste al gobierno actual es considerada una amenaza. Esta ideología nos lleva a la destrucción total. Es una clara violación de la Primera Enmienda”.
Otro comentario advirtió sobre el posible efecto intimidante que esta medida podría tener sobre la libertad de expresión: “El miedo a que el gobierno revise lo que uno publica en redes sociales va a hacer que muchas personas se autocensuren. Es muy preocupante para quienes vienen de países con situaciones políticas delicadas, que podrían temer que sus publicaciones se malinterpreten y afecten su estatus migratorio”.
De los 143 comentarios recibidos hasta el momento, 29 mencionaban directamente una posible violación a la libertad de expresión. “Esta política socava los valores fundamentales que hacen de Estados Unidos un referente de libertad, incluida la libertad de expresión, la privacidad y los derechos humanos”, escribió otra persona en respuesta a la propuesta.
La propuesta también llega tras dos casos que generaron controversia: la detención de Mahmoud Khalil, titular de una green card y organizador de protestas, acusado por el gobierno Trump de ser “pro-Hamas” y la deportación de Rasha Alawieh, médica nefróloga con un visado H1-B y doctora por la Universidad de Brown. Según funcionarios de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, revisaron el teléfono de Alawieh y determinaron que seguía las enseñanzas religiosas de Hasán Nasralá, líder de Hezbolá, un grupo que Estados Unidos designa como organización terrorista. También afirmaron que la doctora “admitió abiertamente” haber asistido a su funeral durante una visita a Líbano.
Organizaciones de derechos civiles expresaron preocupación por el posible uso político de la propuesta y advierten que podría tener un impacto desproporcionado sobre personas que critican a Israel o el manejo del conflicto por parte del gobierno de Trump.
“Esta política afectaría de forma desigual a solicitantes musulmanes y árabes que buscan la ciudadanía estadounidense y que han expresado su apoyo a los derechos humanos del pueblo palestino”, declaró Robert McCaw, director de asuntos gubernamentales del Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, en una entrevista con The Intercept. McCaw agregó: “Recolectar identificadores de redes sociales de cualquier solicitante de la green card o de ciudadanía es una forma de silenciar su discurso legal”.
También expresó su preocupación por la posibilidad de que, incluso una vez obtenida la ciudadanía, las autoridades continúen vigilando la actividad en línea de estas personas.
La nueva propuesta surge en un contexto más amplio de endurecimiento de las políticas migratorias, justo cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está por cerrar un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según informó el Washington Post, este acuerdo permitiría a los funcionarios de inmigración acceder a datos fiscales confidenciales para verificar nombres y direcciones de personas sospechosas de estar en el país de forma irregular.
Según fuentes internas, el ICE podría enviar al IRS los nombres de personas sospechosas de estar en el país sin autorización, para que esa agencia cruce los datos con bases confidenciales de contribuyentes. Este posible acuerdo generó inquietud entre funcionarios del IRS con más trayectoria, que temen un uso indebido de una ley de privacidad diseñada para construir casos penales, no para aplicar sanciones migratorias.
Más allá de las deportaciones masivas, en las últimas semanas la ofensiva migratoria del gobierno de Trump ha comenzado a centrarse también en personas con estatus legal en el país: titulares de green cards y visados.
A comienzos de este mes, Fabian Schmidt, un ingeniero eléctrico alemán de 34 años y residente legal desde 2008, fue detenido y encarcelado en el aeropuerto internacional Logan de Boston.
En otro caso, una madre de Milwaukee, residente permanente en Estados Unidos desde los ocho meses de edad, fue deportada a Laos, un país en el que nunca había estado, tras aceptar un acuerdo judicial por cargos relacionados con cannabis.
Traducción de Leticia Zampedri