Amenazas de venganza de Trump se suman a años de ataques contra las normas democráticas

Cuando Donald Trump se convirtió hace unos días en el primer expresidente estadounidense en ser imputado por delitos federales, tanto él como sus partidarios siguieron la rutina habitual de montar una defensa victimista ante acusaciones de irregularidades sin precedentes. Sin embargo, en esta ocasión, lo que está en juego es más importante.

Trump subió el nivel de sus afirmaciones y amenazas ante la posibilidad de pasar años en prisión si es declarado culpable de 37 cargos de obstrucción, retención ilegal de información de Defensa y otras infracciones. Horas después de declararse inocente, Trump afirmó que está en la mira del fiscal especial, que es independiente, por presuntas motivaciones políticas. Amenazó con tomar represalias contra el presidente Joe Biden y su familia si es elegido presidente en las elecciones de 2024.

“Había una regla no escrita” de no enjuiciar a los expresidentes y rivales políticos, declaró Trump a sus seguidores en su club de golf en Nueva Jersey. “(Cuando sea presidente,) nombraré a un verdadero fiscal especial para procesar al presidente más corrupto de la historia de Estados Unidos, Joe Biden, y perseguir a la familia delictiva Biden”.

Esa advertencia hace recordar las consignas de “enciérrenla” que se lanzaron contra la demócrata Hillary Clinton y que Trump promovió durante su campaña presidencial de 2016, pero el nuevo nivel de especificidad alarmó a muchos expertos.

“Si hiciera eso, se crearía un sistema autoritario, sería el fin de un sistema de leyes para dar lugar al de un solo hombre”, recalca la historiadora presidencial Lindsay Chervinsky.

Paradójicamente, al amenazar con tomar represalias si es elegido, Trump y sus partidarios afirman que él está siendo atacado de una manera similar a como lo hacen los regímenes autoritarios: como en Rusia, donde los opositores del presidente Vladimir Putin han sido encarcelados, o en Venezuela, donde el principal rival del presidente Nicolás Maduro fue procesado.

Sin embargo, no hay evidencia de que Biden haya hecho el tipo de confabulaciones para castigar legalmente a Trump, como el expresidente acaba de hacer. Biden ha dicho que nunca trató de influir en el Departamento de Justicia en ningún caso.

Los recientes ataques de Trump al sistema de justicia son su paso más reciente de una campaña de ocho años del expresidente y sus aliados contra las tradiciones e instituciones que han ayudado a mantener la democracia estadounidense.

Trump se ha quejado desde hace mucho tiempo de haber sido tratado injustamente por el sistema legal, como cuando opinó que el juez en una demanda contra su universidad con fines de lucro tenía prejuicios en su contra, o como cuando fustigó al FBI por su investigación sobre la interferencia rusa en su victoria electoral de 2016. También amenazó con tomar represalias en ese caso, asignando un fiscal especial para que revisara cómo se manejó la investigación sobre la posible coordinación de equipo su campaña con Rusia, una pesquisa que apenas condujo a una sola condena.

Esos antecedentes hacen que su advertencia de cobrar venganza sea más amenazante, subraya Fred Wertheimer, presidente de Democracy 21, un grupo que aboga por un mejor gobierno.

“Él ha demostrado repetidamente durante su presidencia que está perfectamente dispuesto a hacer un uso inadecuado de su cargo y de abusar de él para llevar a cabo actividades puramente personales”, agrega Wertheimer.

Stephen Saltzburg, un ex alto funcionario de la división penal del Departamento de Justicia y que ahora es profesor de Derecho en la Universidad George Washington, recalca la ironía de que Trump ha dado señales de que usaría ese Departamento para ajustar cuentas, justo lo que afirma que condujo a su propia acusación.

“Esto es típico de lo que hace Donald Trump”, recalca Saltzburg. “Esencialmente, acusa a la gente de hacer lo que él haría si estuviera en el puesto”.

La acusación provino de un jurado de investigación en el estado adoptivo de Trump, Florida, luego de una investigación dirigida por un fiscal especial, Jack Smith, quien es independiente de los nominados políticos en el gobierno de Biden y quien ha procesado previamente tanto a demócratas como a republicanos. Hablando después de que se hizo pública la acusación, Smith enfatizó que las investigaciones, como la de los documentos, sólo siguen los hechos y la ley.

“Tenemos un conjunto de leyes en este país, y se aplican a todos”, acotó.

Muchos expertos, y de todas las tendencias políticas, han comentado que los cargos contra Trump se derivan del buen funcionamiento del sistema jurídico estadounidense, más que de una vendetta política. William Barr, exfiscal general de Trump, opinó que las bases de la acusación eran serias y que Trump no tenía derecho a quedarse con esos documentos.

“No hay un fiscal general de ninguna de las partes que no hubiera presentado los cargos de hoy contra el expresidente”, tuiteó Michael Luttig, un exjuez federal que era un favorito conservador para un puesto en la Corte Suprema.

Según la acusación, Trump retuvo documentos con sello de confidencialidad después de dejar la Casa Blanca, admitió en una cinta que se trataba de archivos clasificados y que ya no tenía el poder presidencial para desclasificarlos, y luego se negó a devolver los registros cuando el gobierno los exigió.

Las quejas del expresidente sobre su presunta persecución, más allá de sus amenazas de cobrar venganza, han sido respaldadas por una amplia franja de republicanos, desde simpatizantes de larga data en el Congreso hasta gobernadores que se dicen moderados. Eso incluye al gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, quien lamentó en Twitter lo que calificó de “un sistema de justicia de dos niveles, en el que algunos son procesados selectivamente y otros no”.

Otra muestra de cómo la derecha ha absorbido la visión del mundo de Trump se produjo el martes por la noche, horas después de su comparecencia ante el tribunal, cuando Fox News subtituló brevemente imágenes de Biden y Trump con las palabras “aspirante a dictador habla en la Casa Blanca después de que arrestaran a su rival político”. La red eliminó lo que en la jerga de televisión se conoce como “chyron” y dijo en un comunicado que el asunto fue “resuelto”, sin proporcionar más detalles.

Las quejas de Trump sobre ser un perseguido político son estándar entre los exlíderes políticos en otros países que son acusados de delitos, subraya Víctor Menaldo, politólogo de la Universidad de Washington.

“Políticamente, tiene sentido si el líder tiene un grupo de apoyo rabioso como Trump”, agrega Menaldo. Pero en otros países, dice, los mandatarios suelen ser procesados exitosamente y la democracia persiste.

Los cargos federales contra Trump se presentan dos meses después de que la fiscalía de distrito de Manhattan lo imputara de 34 cargos de falsificación de información comercial en los pagos de sobornos a una estrella porno luego de que ella dijo que tuvo una aventura extramarital con él.

También enfrenta un proceso legal en el condado de Fulton, Georgia, donde los fiscales locales iniciaron una amplia investigación sobre su intento de que se le asignaran los votos electorales del estado a pesar de que perdió el estado ante Biden en 2020, un resultado que se informó varias veces. Un jurado federal de investigación en Washington, D.C., continúa investigando los intentos de Trump para anular su derrota de 2020.

Los cargos en Manhattan han despertado escepticismo, incluso de algunos críticos de Trump, quienes sostienen que son jurídicamente dudosos. Los defensores de Trump, que incluyen gran parte de su propio partido político, no hacen esa distinción y condenan por igual todas las investigaciones contra el expresidente. De hecho, después de tomar el control de la Cámara de Representantes tras las elecciones de noviembre, los republicanos formaron una comisión que investiga la llamada “conversión del gobierno en arma” contra los conservadores y que destaca las percibidas injusticias de las investigaciones hacia Trump.

La combinación de los nuevos cargos federales, presentados el viernes, y las primarias presidenciales republicanas ha llevado a un aumento de las quejas sobre el escrutinio contra el expresidente.

“Yo, y todos los estadounidenses que creen en el estado de derecho, apoyamos al presidente Trump contra esta grave injusticia”, tuiteó el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, después de que Trump anunciara la acusación en su contra. “Los republicanos de la Cámara harán rendir cuentas a esta descarada conversión del poder gubernamental en arma”.

McCarthy y otros aliados de Trump recalcan que Biden también tenía documentos clasificados de manera inapropiada de su época como vicepresidente, aunque hay grandes diferencias con el caso de Trump. El actual presidente devolvió los registros cuando se los solicitaron y no hay pruebas de que intentara ocultar más, como se alega en el caso de Trump. Un segundo fiscal especial está analizando el manejo de documentos por parte de Biden.

El exfiscal federal Roscoe Howard dice tener fe en que la ciudadanía verá más allá de esas protestas en el caso actual, sólo con leer la acusación.

“Puedes leerla y determinar si ha violado la ley. Y cualquiera que haga lo mismo, lo trataremos de la misma manera”, aseguró Howard. ““Cuando se desgranan algunos de los argumentos que estamos escuchando, llegamos a la conclusión de que su argumento es un poco como ‘Oh, no tengo que seguir estas reglas’”.

Ese es el punto cuando se trata de Trump, sostiene Ruth Ben-Ghiat, historiadora de la Universidad de Nueva York y especializada en los individuos autoritarios.

“Es una situación conocida en la que se encuentra, pero ahora, como esto es extremadamente grave, por supuesto que va a intensificar esa narrativa”, declara Ben-Ghiat. “Lo que hacen los caudillos es que, si eres corrupto, necesitas retomar el poder para cerrar todas las instituciones que puedan perjudicarte”.

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Fields reportó desde Washington, D.C., y Riccardi desde Denver.