Cinco bufetes llegan a acuerdos con Trump, evitando posibles órdenes ejecutivas en su contra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que alcanzó acuerdos con cinco firmas de abogados, lo que les permite evitar la posibilidad de que el mandatario emita órdenes ejecutivas en su contra y les exige proporcionar conjuntamente servicios legales gratuitos por valor de cientos de millones de dólares para causas que el gobierno de Trump dice apoyar.

Las resoluciones reflejan el continuo éxito del presidente republicano al doblegar a destacadas firmas de abogados a su voluntad mientras éstas buscan llegar a acuerdos con su gobierno para evitar ser blanco de sanciones por parte de la Casa Blanca, como las que enfrentan otros miembros de la comunidad legal.

La Casa Blanca dijo que las firmas Kirkland & Ellis LLP, Allen Overy Shearman Sterling US LLP, Simpson Thacher & Bartlett LLP y Latham & Watkins LLP proporcionarían 125 millones de dólares cada una en trabajo legal gratuito para causas que incluyen asuntos de veteranos y la lucha contra el antisemitismo. Como parte del acuerdo, el gobierno acordó retirar varias cartas de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en ingles) que exigían información sobre si las firmas incurrían en prácticas de contratación discriminatorias.

En un acuerdo separado también anunciado el viernes, Trump dijo que la firma Cadwalader, Wickersham & Taft acordaría dedicar 100 millones de dólares en servicios pro bono. Los acuerdos también exigen que las firmas repudien cualquier consideración “ilegal” de diversidad, equidad e inclusión en sus contrataciones y que aceptaran clientes sin importar sus creencias políticas.

El comité ejecutivo de Kirkland & Ellis le dijo el viernes a la empresa que la resolución ayudaría a resolver la investigación de la EEOC y evitar una orden ejecutiva, y que continuaría operando con la “base no partidista” y la “filosofía basada en el mérito que es y siempre ha sido la esencia” de la firma.

“También es congruente con los valores que sustentan nuestra firma y nos unen, incluyendo nuestra cultura que prioriza la capacidad y la oportunidad, no la política”, escribió el comité en un correo electrónico obtenido por The Associated Press.

Hasta el momento, los representantes de las otras cuatro firmas no han respondido a los mensajes en busca de comentarios.

La serie de órdenes ejecutivas dirigidas en los últimos dos meses a la comunidad legal y a las principales firmas de abogados ha sido parte de un esfuerzo más amplio de Trump para remodelar la sociedad civil y extraer concesiones de entidades a cuyo trabajo se opone. Dichas órdenes han amenazado con trastornar el negocio diario de las firmas al despojar a sus abogados de autorizaciones de seguridad, prohibir a sus empleados el acceso a edificios federales y rescindir contratos federales de las firmas o sus clientes.

Desde que Trump impuso la primera de sus órdenes, varias grandes firmas de abogados, entre ellas, WilmerHale, Perkins Coie y Jenner & Block, han ganado fallos judiciales que han impedido temporalmente la aplicación de la mayoría de las disposiciones. Pero otras firmas han buscado evitar el castigo llegando a un acuerdo con la Casa Blanca.

Paul Weiss fue la primera en hacerlo, acordando proporcionar 40 millones de dólares en servicios legales pro bono y realizar otras modificaciones a cambio de que la administración rescindiera una orden ejecutiva emitida unos días antes. Otras firmas que han llegado a acuerdos desde entonces son Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, así como Willkie, Farr & Gallagher y Milbank.

Algunas de las firmas que han sido señaladas, como WilmerHale y Jenner & Block, tienen vínculos con abogados que previamente investigaron a Trump o que han representado a destacados demócratas. La primera firma en enfrentar una orden ejecutiva, Covington & Burling, emplea a abogados que han proporcionado representación legal al fiscal especial Jack Smith, quien investigó a Trump y presentó cargos penales en su contra entre su primer y segundo mandato.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.