Jefa de EEOC centra atención en investigar la DEI, pero sus métodos provocan indignación
La presidenta interina de la principal agencia federal estadounidense para la protección de los derechos de los trabajadores ha dado un giro a fin de priorizar promesas de campaña del presidente Donald Trump para erradicar los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en los sectores público y privado.
Las medidas iniciales adoptadas por Andrea Lucas, jefa interina de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés), le han valido un fuerte respaldo del gobierno de Trump, que ha actuado contra la DEI mediante órdenes ejecutivas polémicas que desmantelaron los programas en las agencias federales y amenazaron con investigaciones y sanciones económicas severas para los contratistas federales que incurran en prácticas “ilegales” relacionadas con la diversidad. Trump nominó recientemente a Lucas —quien desde hace tiempo ha sido una crítica abierta de las prácticas sobre DEI, mismas que, según ella, resultan en preferencias laborales discriminatorias— para un nuevo mandato de cinco años como comisionada.
No obstante, exfuncionarios demócratas de la EEOC y grupos de derechos civiles destacados han acusado a Lucas de tomar atajos que invalidan su autoridad y han instado a los empleadores a desconfiar de sus directrices y pautas, o incluso a ignorarlas por completo.
El punto álgido más reciente involucra dos documentos de “asistencia técnica” emitidos por la EEOC junto con el Departamento de Justicia que intentan aclarar qué podría constituir “Discriminación Laboral relacionada con la DEI” y proporcionan orientación sobre cómo los trabajadores pueden presentar quejas por dichas inquietudes.
Los documentos se centran en prácticas como la capacitación, los grupos de recursos laborales y los programas de becas, y advierten que dichos programas —según cómo estén estructurados— podrían infringir el Título VII de la Ley de Derechos Civiles, que prohíbe la discriminación laboral por motivos de raza y género.
Los documentos siguieron a las cartas que Lucas envió a 20 importantes bufetes de abogados en que exigía información sobre becas de diversidad y otros programas que, ella afirma, podrían ser prueba de prácticas discriminatorias.
Un grupo de 10 excomisionados y asesores demócratas publicó su propia carta el jueves en que advirtió a la comunidad jurídica que los documentos sobre la DEI dan la impresión engañosa de que los programas comunes “están plagados de riesgos legales” y los desestimó como un reflejo de la “opinión personal” de Lucas. La carta ofrecía una guía en respuesta sobre cómo los empleadores deberían continuar con su implementación de capacitación y otras prácticas que los documentos de políticas de la EEOC fomentan para prevenir la discriminación.
El mes pasado, siete de los mismos exfuncionarios de la EEOC enviaron a Lucas una carta en la que advertían que parecía excederse en su autoridad al exigir información a los 20 bufetes de abogados sin iniciar primero una pesquisa formal. Un grupo de destacadas organizaciones de derechos civiles fue un paso más allá en su propia carta a Lucas, e instó a los bufetes a ignorar sus exigencias porque no tienen la obligación legal de responder.
“Así no es como la EEOC funciona. Ningún comisionado —ni siquiera su presidente— tiene la autoridad para enviar cartas amenazantes exigiendo información privada a los empleadores”, dijo Noreen Farrell, directora de Equal Rights Advocates (Defensores de la Igualdad de Derechos), una de las organizaciones de derechos civiles que se sumó a la respuesta encabezada por el National Women’s Law Center (Centro Nacional de Derecho para las Mujeres). “La presidenta de la EEOC no puede simplemente reescribir décadas de leyes de derechos civiles consolidadas con un memorando escrito a toda prisa”.
Jenny Yang, excomisionada de la EEOC durante el gobierno de Barack Obama, destacó que las cartas de Lucas a los 20 bufetes de abogados no tenían precedentes en la EEOC, la cual inicia la mayoría de sus investigaciones en respuesta a quejas presentadas por trabajadores. En casos muy excepcionales, un comisionado puede presentar su propia denuncia contra un empleador, pero esta no se haría pública y requiere que el comisionado presente pruebas de posible discriminación bajo pena de perjurio, agregó Yang.
Los bufetes de abogados —incluidos algunos de los 20 en la mira de Lucas—, ya están bajo presión para cambiar su enfoque en temas de diversidad e inclusión en respuesta a distintas órdenes ejecutivas de Trump diseñadas para castigarlos por aceptar como clientes a rivales del presidente y por otras acciones que lo han enfurecido. Por ejemplo, Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom se enteró recientemente de que el presidente tenía la intención de emitir una orden dirigida contra el bufete por su trabajo legal pro bono y sus iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. En consecuencia, la firma acordó revisar sus prácticas de contratación, entre otras cosas.
Los 20 bufetes de abogados mencionados en las cartas de Lucas no contestaron las preguntas de The Associated Press sobre si tenían la intención de atender sus exigencias. Lucas no respondió a la solicitud de comentarios sobre los documentos de asistencia técnica sobre DEI, y la EEOC declinó especificar si los bufetes tienen la obligación legal de responder a las cartas de ella o si enfrentarán alguna sanción por no hacerlo.
Pero Lucas, republicana nombrada por primera vez para la EEOC en 2020, ha argumentado desde hace mucho tiempo que ella no reinterpreta las leyes de derechos civiles, sino más bien alerta sobre que muchas empresas ha adoptado prácticas de DEI que rebasan la línea de la discriminación. Lucas ha argumentado que la EEOC ha ignorado las prácticas empresariales riesgosas, las cuales, dijo, proliferaron particularmente tras las protestas por la justicia racial de 2020 tras la muerte del afroestadounidense George Floyd a manos de la policía.
“Demasiados empleadores defienden ciertos tipos de raza o preferencias sexuales como buenas, siempre que estén motivadas por intereses comerciales de ‘diversidad, equidad o inclusión’”, expuso Lucas en un comunicado en el que anunciaba la nueva asistencia técnica sobre la DEI.
Es probable que muchos empleadores presten atención a sus advertencias, ya que la EEOC indica que se convertirá en un poderoso aliado para los trabajadores que denuncien discriminación derivada de prácticas de DEI.
Anuradha Hebbar, presidenta de la CEO Action for Inclusion & Diversity (Iniciativa de Directores Generales para la Inclusión y la Diversidad), una rama de la influyente Society for Human Resource Management (Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos), dijo que la EEOC ha dejado especialmente claro que las empresas deben evitar becas, prácticas profesionales y otros programas que sean exclusivos para mujeres o ciertos grupos raciales.
Stefan Padfield, del National Center for Public Policy Research (Centro Nacional para la Investigación de Políticas Públicas), un grupo conservador de expertos, elogió el cambio de la EEOC como una corrección de rumbo muy necesaria que facilitará la presentación de quejas contra prácticas sobre DEI que deberían considerarse ilegales.
Lucas ha reconocido que no puede cambiar unilateralmente algunas de las directrices y políticas de la agencia que podrían contradecir la serie de órdenes ejecutivas de Trump, aunque la EEOC ya procedió para retirar siete demandas que alegan discriminación contra personas transgénero y no binarias en respuesta a una orden presidencial que declara que el gobierno solo reconocería los géneros masculino y femenino.
Cambiar dichas políticas —incluido el plan estratégico quinquenal de cumplimiento de la EEOC que promete apoyo a la DEI—, requeriría una mayoría de votos de los cinco comisionados de la agencia. Y Trump despidió recientemente a dos de esos comisionados —ambos demócratas— antes de que expiraran sus mandatos, una medida que echó por tierra 60 años de precedentes en una agencia establecida por el Congreso como independiente y bipartidista.
En su carta del jueves, los exfuncionarios de la EEOC acusaron a Lucas de seleccionar cuidadosamente casos excepcionales de discriminación para transmitir el mensaje de que la capacitación y otras prácticas sobre DEI son inherentemente riesgosas, cuando en realidad la mayoría son legalmente sólidas.
“Nuestras oficinas y funcionarios federales de derechos civiles no deberían intimidar ni desalentar a los empleadores que trabajan para promover estos objetivos”, decía la carta.
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