Una segunda administración Trump podría tener impactos en el programa Superfund, dicen los expertos

Por casi 20 años, Patricia Flores ha vivido a una milla y media (2,4 kilómetros)) de una antigua planta de reciclaje de baterías que arrojó elementos tóxicos al medio ambiente durante casi un siglo.

La empresa de Exide Technologies, en el sureste de Los Ángeles, que derritió baterías de plomo-ácido, contaminó miles de propiedades con plomo y contribuyó a la contaminación de las aguas subterráneas con tricloroetileno, o TCE, una sustancia química cancerígena.

Desde que Exide se declaró en quiebra en 2020, California ha invertido más de 770 millones de dólares para limpiar el plomo en las propiedades alrededor de la planta. Pero se necesita mucha más limpieza y con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca esos esfuerzos son inciertos.

“El agua subterránea que se encontró con TCE... se va para otras (partes)”, dijo Flores. “No (estamos sólo) siendo afectados nosotros, o sea, más gente se va a contaminar. Y sí es preocupante que no vayamos a quedar en lista de prioridades para que se haga la limpieza”.

Residentes, defensores del medio ambiente y legisladores estatales y federales le han pedido a la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) incluir a Exide como un sitio de Superfund, que daría recursos federales para una limpieza permanente a largo plazo. El año pasado, la EPA determinó que Exide califica debido a la presencia de TCE en el agua subterránea. Residentes y defensores están preocupados de que el químico pueda estar contaminando el agua potable.

Pero los abogados dicen que el regreso de Trump a la Casa Blanca podría tener impactos en el programa Superfund: podría resultar más difícil designar sitios peligrosos, crear un retraso en las limpiezas, reducir los fondos para el programa y reducir los estándares de contaminación.

El objetivo del programa Superfund, que existe desde hace más de cuatro décadas, es limpiar los sitios más contaminados del país para proteger el medio ambiente y a las personas, a menudo en comunidades de bajos ingresos y racialmente marginadas que ya están agobiadas por la contaminación, según la EPA. Hay 1,341 sitios Superfund, según cifras de la EPA de diciembre del año pasado.

El programa históricamente ha recibido apoyo bipartidista, pero los cambios en la administración afectan cómo funciona, sus finanzas y supervisión.

En una declaración a The Associated Press, el portavoz de la EPA, Molly Vaseliou, dijo que la agencia “está formando un equipo de liderazgo compuesto por algunos de los expertos y mentes jurídicas más brillantes de sus campos, todos los cuales defenderán la misión de la EPA de proteger la salud humana y el medio ambiente. El presidente Trump avanzó en la conservación y la administración ambiental en su primer mandato y la EPA continuará este legado en su segundo mandato”.

Es muy pronto para saber cómo Trump afectará al programa, pero algunos expertos señalan su mandato anterior y lo que ha hecho en sus primeras semanas como pistas.

Durante el primer mandato de Trump, creció un atraso en las limpiezas tóxicas del Superfund, incluso cuando declaró que el programa era una prioridad mientras buscaba recortes financieros. Vaseliou dijo que la EPA de Trump “limpió más sitios tóxicos que su predecesor al eliminar total o parcialmente 82 sitios de la Lista de Prioridades Nacionales del Superfund”.

En 2019, la AP informó que Trump y un ex administrador de la EPA se dieron crédito indebido por las limpiezas cuando hicieron declaraciones similares. Limpiar un sitio Superfund puede tomar décadas, lo que significa que cuando se elimina de la lista, una nueva administración está en poder.

Si Trump intenta quitarle fondos a la EPA podría tener más impactos en la limpieza de sitios en los estados con menos recursos. Estados como Michigan no tienen el personal o los medios económicos para limpiar sitios contaminados, “por lo que necesitan al gobierno federal como socio para hacerlo”, dijo Michael Blumenthal, copresidente del grupo de ley ambiental de McGlinchey Stafford, quien ha representado casos de Superfund y comenzó su carrera como fiscal de la EPA.

En 1995 expiraron los impuestos “quienes contaminan pagan” que imponían tarifas a las empresas contaminantes por las limpiezas del Superfund. La administración de Joe Biden los reinstaló, y unos esperaban que los impuestos renovados acelerarían décadas de limpiezas lentas. Pero ahora algunos temen que puedan ser derogadas, reduciendo la financiación del programa.

Trump ya tomó medidas para despedir personal de la EPA y otras agencias, destituyó a asesores científicos y cerró una oficina que ayuda a las comunidades minoritarias que sufren más por la contaminación del aire y el agua.

Granta Nakayama, abogado y socio de la firma King & Spalding, dijo que un número reducido de personal de la EPA tendrá un “efecto dramático” porque “simplemente no se tienen los organismos para ejecutar realmente el programa al nivel en el que históricamente han operado”.

Si el gobierno federal no pone el mismo nivel de esfuerzo, los programas de limpieza estatales tendrán que decidir si ellos harán la limpieza o no, añadió Nakayama, quien trabajo para la EPA. “Algunos estados tienen más voluntad política que otros”, dijo.

Trump también revirtió la supervisión y protección ambiental, incluso para el aire, y los arroyos y humedales del país. Trump señaló que esta vez podría hacer lo mismo cuando firmó una orden ejecutiva para derogar 10 regulaciones por cada una que entre en vigencia. Abogados dicen que las desregulaciones ambientales podrían debilitar el marco legal y regulatorio que respalda las limpiezas del Superfund.

Blumenthal dijo que se podrían hacer esfuerzos para revisar el sistema de clasificación de peligros, lo que dificultaría la inclusión de sitios en la lista. También le preocupa que estados como California, que esperan una decisión, no la obtengan de inmediato.

“Simplemente se quedará ahí sin dirección, y podrían pasar meses”, o que sitios muy contaminados como Exide se agreguen como de baja prioridad, dijo.

Algunos expertos que trabajan en limpiezas ya están viendo impactos. Connie Westfall, abogada y fundadora de Westfall Law Firm, ha estado trabajando en el sitio U.S. Oil Recovery Superfund en Texas. Su equipo está esperando que la EPA apruebe unos informes para poder pasar a la siguiente etapa.

“Nunca había visto algo así”, dijo. “Los retrasos nos están costando dinero”.

Aleja Cretcher, miembro legal de la organización ambiental sin fines de lucro Communities for a Better Environment, dijo que el grupo ha trabajado con la EPA durante años en varios temas, incluido Exide. Perder ese apoyo sería un “retroceso”.

“Han sido décadas de envenenamiento sin responsabilidad”, dijo, “y todos merecen suelo limpio en sus jardines, aire limpio y agua limpia”.

Pero pase lo que pase, “somos creativos y resilientes”, dijo. “Con la nueva administración nunca se sabe lo que va a pasar. Pero continuaremos avanzando en nuestras prioridades, que nunca han cambiado, que son elevar las protecciones de la justicia ambiental”.

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The Associated Press recibe apoyo de la Walton Family Foundation para su cobertura de políticas ambientales y del agua. La AP es la única responsable de todo el contenido.