Abogada denuncia acuerdo de $100 millones entre su exbufete y Trump en carta de renuncia viral

Una importante abogada de Washington D. C., EE. UU., renunció a su trabajo en protesta por la decisión de su bufete de proporcionar servicios pro bono por valor de 100 millones de dólares al Gobierno del presidente Donald Trump.

Brenna Trout Frey, ex abogada de la firma Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, acudió a LinkedIn el sábado para expresar su preocupación y anunciar su dimisión.

Apenas 24 horas antes, Trump anunció que el bufete multinacional había llegado a un acuerdo por el que prestaría servicios jurídicos a veteranos, funcionarios públicos, “miembros de las fuerzas armadas, agentes de las fuerzas de seguridad, y un largo etcétera”, según informó el periódico The Hill.

“Hoy, el socio ejecutivo de mi antiguo bufete nos envió a todos una 'actualización' que intentaba convencer a algunas de las mejores mentes de la profesión legal de que nos hizo un favor al capitular ante las demandas de lealtad y dinero de protección del Gobierno de Trump”, escribió Frey.

En la publicación, Frey justificó su dimisión por no querer trabajar para una empresa que practicaba activamente la “discriminación ilegal en contra de los principios DEI (diversidad, equidad e inclusión)” e ignoraba a los “grupos políticamente desfavorecidos”.

A continuación, instó a otros a que hicieran “examen de conciencia durante el fin de semana” y se unieran a ella para protestar contra esta situación de la forma que pudieran”.

La polémica decisión de Skadden de prestar servicios legales al Gobierno se produjo después de una orden ejecutiva de Trump emitida el 22 de marzo, que arremetió contra las principales firmas estadounidenses que presentaron demandas o lucharon contra el Gobierno durante su anterior mandato.

Uno de los bufetes perjudicados por la orden ha sido Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP (WilmerHale), la oficina del ex director del FBI Robert Mueller III, quien ejerció como abogado especial en la investigación de la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en favor de Trump, según informó The New York Times.

Mueller trabajó en WilmerHale antes de jubilarse en 2021.

“Las demandas del Gobierno de Trump solo deberían recibir una respuesta por parte de los abogados: el Estado de derecho importa”, expresó Frey en su publicación.

“Como abogada, si mi empleador no puede defender el Estado de derecho, éticamente no puedo seguir trabajando para él”, añadió.

Una semana antes de la decisión de Frey, su antigua colega Rachel Cohen dimitió en LinkedIn de forma similar.

“Si seguir en esta trayectoria profesional implica aceptar que mi sector —porque desde luego esto no es exclusivo de Skadden— permita que un gobierno autoritario ignore a los tribunales, me niego a seguir adelante”, escribió Cohen.

En la orden ejecutiva, la Casa Blanca dijo que aplicaría sanciones “contra abogados y bufetes de abogados que [entablaran] litigios frívolos, irrazonables y vejatorios contra EE. UU. o ante departamentos ejecutivos y agencias de EE. UU.”.

En la orden se advertía que las empresas que trataran de incumplir sus términos se enfrentarían a medidas ejecutivas punitivas, incluida una “reevaluación de las autorizaciones de seguridad”.

Por su parte, el abogado del Partido Demócrata y fundador y presidente del bufete Elias Law Group LLP, Marc Elias, también fue acusado de estar “profundamente implicado” en la creación, por parte de un ciudadano extranjero, de un expediente falso diseñado para proporcionar una base fraudulenta a las fuerzas de seguridad federales para investigar a un candidato presidencial con el fin de alterar el resultado de las elecciones presidenciales.

El memorándum afirmaba que Elias “trató intencionadamente de ocultar el papel de su cliente —la fallida candidata presidencial Hillary Clinton— en la elaboración del expediente”.

Tras el anuncio, Elias contraatacó a la Casa Blanca redactando un comunicado en el que afirmaba: “El memorándum de hoy de la Casa Blanca no solo va dirigido contra mí y mi bufete de abogados, sino contra todos los abogados y bufetes que se atreven a desafiar su asalto al Estado de derecho”.

“El objetivo del presidente Trump es claro. Quiere que los abogados y las oficinas capitulen y se acobarden hasta que no quede nadie que se oponga a su Gobierno en los tribunales”, continúa su declaración.

Desde el memorándum, el Gobierno de Trump ha atacado a varias firmas, incluidas Jenner & Block LLP (Jenner) y WilmerHale, en dos documentos separados por abandonar “los más altos ideales de la profesión y [abusar] de su práctica pro bono para participar en actividades que socavan la justicia y los intereses de EE. UU.”.

The Independent se puso en contacto con Skadden para obtener comentarios.