Trump pide a la Corte Suprema autorización para deportar venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
El gobierno quiere reactivar las deportaciones sumarias, tras trasladar a decenas de inmigrantes venezolanos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador
Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que autorice a su gobierno a reactivar las deportaciones de inmigrantes bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma de tiempos de guerra con más de dos siglos de antigüedad. Es apenas la cuarta vez en la historia del país que se invoca esta ley, y en esta ocasión está dirigida contra ciudadanos venezolanos.
“Este caso plantea preguntas fundamentales sobre quién tiene la autoridad para manejar operaciones sensibles relacionadas con la seguridad nacional en este país”, señala el documento presentado el viernes ante el máximo tribunal.
“La Constitución da una respuesta clara: el presidente. La república no puede permitirse otra alternativa”, se afirma en la petición.
La solicitud fue presentada después de que un tribunal federal de apelaciones rechazara el intento del presidente de revertir una decisión anterior que, por ahora, impide a su gobierno deportar inmigrantes bajo esa ley.
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros a principios de este mes, cuando tres aviones con decenas de venezolanos fueron enviados a una prisión de alta seguridad en El Salvador, conocida por su dureza. Los detenidos no tienen acceso a representación legal y enfrentan la posibilidad de una detención por tiempo indefinido.
La orden del presidente establece que “todos los ciudadanos venezolanos de 14 años o más que sean miembros de la pandilla Tren de Aragua, se encuentren dentro de Estados Unidos y no sean ciudadanos naturalizados ni residentes permanentes legales, pueden ser detenidos, vigilados, privados de su libertad y deportados como enemigos extranjeros”.
Sin embargo, funcionarios del gobierno han admitido en documentos judiciales que “muchos” de los detenidos no tienen antecedentes penales. Abogados y familiares aseguran que sus clientes y seres queridos —algunos de ellos con permisos legales vigentes y audiencias pendientes por solicitudes de asilo— no tienen ningún vínculo con Tren de Aragua. Documentos presentados ante la corte revelan que varios venezolanos fueron señalados erróneamente por sus tatuajes, los cuales se usaron como pretexto para deportar de forma acelerada a cientos de personas hacia una prisión que organizaciones de derechos humanos han descrito como un “gulag tropical”.
El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció el jueves que los venezolanos enviados a El Salvador no eran necesariamente todos miembros de la pandilla Tren de Aragua. Los calificó como una “combinación de personas” cuya presencia “no es productiva para Estados Unidos” y que, según él, eran “susceptibles de deportación” conforme a la ley.
Los vuelos ya estaban en el aire el 15 de marzo cuando el juez de distrito James Boasberg ordenó al gobierno que los hiciera regresar. Luego, presionó a los funcionarios para que respondieran una serie de preguntas sobre el operativo, con el objetivo de determinar si desobedecieron deliberadamente sus órdenes judiciales. Según expertos legales, el caso podría desencadenar una crisis constitucional cada vez más grave, en la que el presidente desafía abiertamente al poder judicial —e incluso a la Corte Suprema— al invocar una supuesta autoridad inherente para llevar a cabo deportaciones sumarias de inmigrantes.
El miércoles, la jueza de apelaciones Karen Henderson escribió que la Ley de Enemigos Extranjeros otorga al presidente “una autoridad casi absoluta para detener y deportar a cualquier no ciudadano cuya afiliación se relacione con el Estado beligerante”.
Sin embargo, advirtió que existe “un límite central a ese poder: la cláusula condicional de la ley, que exige que Estados Unidos esté en guerra, bajo invasión o enfrentando una incursión depredadora”.
Según el fallo, Trump “se aferra a un uso secundario del término ‘invasión’” para justificar deportaciones sumarias, pero el tribunal concluye que la inmigración, por sí sola, no constituye una “incursión depredadora”.
En una opinión concurrente, la jueza de apelaciones Patricia Millett cuestionó duramente el argumento del gobierno, según el cual los inmigrantes, basándose solo en acusaciones, “pueden ser deportados de inmediato, sin notificación, sin audiencia, sin oportunidad alguna para demostrar que no son miembros de la pandilla, para impugnar su deportación conforme a la ley o para invocar protecciones legales que les impidan ser enviados a un lugar donde probablemente serán torturados o sus vidas corran peligro”.
“La exigencia de debido proceso que establece la Constitución no puede ser descartada tan fácilmente”, escribió.
Traducción de Leticia Zampedri