Bukele no planea regresar a EE. UU. al hombre de Maryland deportado por error

La administración de Trump se niega a pedir al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que libere a un hombre de Maryland que fue deportado por error a su país y está encarcelado en una conocida prisión. Pero Bukele tampoco está interesado en liberarlo.

Bukele, que se reunió con Trump en el Despacho Oval el lunes, contestó a un periodista si consideraría liberar a Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño que vivía en Maryland antes de ser detenido y deportado a su país de origen el mes pasado a pesar de la orden de hace años de una jueza de inmigración que impedía al Gobierno deportarlo.

La justificación del Gobierno para deportar a Ábrego García fue la afirmación de que era miembro de la banda salvadoreña MS-13 en Nueva York —un lugar en el que nunca ha vivido— y el gobierno de Bukele lo encarceló en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la prisión que construyó hace dos años para alojar a acusados de pertenecer a bandas.

Con la justificación de la designación de la MS-13 como organización terrorista por parte de su gobierno como por parte de la administración de Trump, Bukele ofreció una respuesta sarcástica al reportero.

“¿Estás sugiriendo que meta de contrabando a un terrorista en Estados Unidos? ¿Cómo puedo regresarlo a Estados Unidos, lo llevo de contrabando? Por supuesto que no voy a hacerlo”, manifestó.

Bukele añadió que la pregunta del periodista era “absurda” y añadió que carece de poder para regresarlo.

“Acabamos de convertir la capital mundial del asesinato en el país más seguro del hemisferio occidental. Y quieren que volvamos a liberar delincuentes, para que volvamos a ser la capital mundial del asesinato, y eso no va a ocurrir”, formuló.

La semana pasada, la Corte Suprema ordenó a la administración que “facilitara” la liberación de Ábrego García, cuyo encarcelamiento en El Salvador se debió a un “error administrativo” admitido.

Su traslado a la tristemente célebre prisión del país fue “ilegal”, determinó el alto tribunal.

No obstante, los funcionarios de la administración de Trump han afirmado una y otra vez que es miembro de la MS-13, una organización terrorista extranjera designada, y por lo tanto elegible para ser expulsado del país a pesar de la orden judicial que bloquea su deportación.

Ábrego García fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador el 15 de marzo, donde se unió a decenas de inmigrantes, en su mayoría venezolanos, en vuelos de expulsión después de que el presidente invocara en secreto la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar sumariamente a presuntos miembros de la banda Tren de Aragua.

Uno de esos aviones supuestamente transportaba inmigrantes con órdenes judiciales de expulsión, no en virtud de la autoridad del presidente en tiempos de guerra. A pesar de que no existían órdenes para expulsarlo del país, Ábrego García se encontraba en ese avión, algo que los funcionarios de la administración han calificado de “descuido”.

En 2019, un juez le había concedido protecciones humanitarias contra la expulsión tras un testimonio creíble sobre el temor a la violencia y la muerte en su país de origen, del que huyó en 2011.

En virtud de dicha orden, se le permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, y debe asistir a revisiones periódicas con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Su comparecencia más reciente fue en enero, según los documentos judiciales, y su abogado indica que Ábrego García no tiene antecedentes penales ni en Estados Unidos ni en El Salvador. Desde entonces, vive en Maryland con su esposa y su hijo de 5 años, ambos ciudadanos estadounidenses, y ayuda a criar a dos hijos de una relación anterior.

En un fallo de 22 páginas el domingo, la jueza distrital de Maryland Paula Xinis arremetió contra la administración de Trump por su decisión “totalmente ilícita” y su “grave error” que “estremece la conciencia”.

Escribió: “Como reconocen los acusados, no tenían autoridad legal para detenerlo, ni justificación para retenerlo, ni motivos para enviarlo a El Salvador, y mucho menos para entregarlo a una de las prisiones más peligrosas del hemisferio occidental”.

Durante la audiencia celebrada el viernes por la tarde, les pidieron repetidamente información “básica” sobre el paradero de Ábrego García y qué está haciendo el Gobierno para traerlo de vuelta al país, pero los abogados del Departamento de Justicia dijeron que no podían responder. La jueza Xinis ordenó entonces a la administración que proporcionara actualizaciones diarias sobre su estado.

Pero en los documentos legales, los abogados del Departamento de Justicia han recalcado que interpretan que la orden de la Corte Suprema establece que el juez no puede ordenar a Trump, ni a nadie en su administración, que pida el regreso de Ábrego García porque los tribunales “no tienen autoridad para ordenar al poder ejecutivo que conduzca las relaciones exteriores de una manera particular, o que se comprometa con un soberano extranjero de una manera determinada”.

En el Despacho Oval junto a Trump, el secretario de Estado Marco Rubio repitió el argumento después de que Trump le pidiera que opinara durante la sesión de preguntas y respuestas con los periodistas.

“No entiendo cuál es la confusión. Este individuo es ciudadano de El Salvador. Estaba ilegalmente en Estados Unidos y fue devuelto a su país. Ahí es donde se deporta a la gente a su país de origen”, dijo. “Y puedo decirles esto [...] la política exterior de Estados Unidos la dirige el presidente de Estados Unidos, no un tribunal. Y ningún tribunal de Estados Unidos tiene derecho a dirigir la política exterior de Estados Unidos”.

La audiencia del caso está prevista para el martes.

_{Traducción de Michelle Padilla}