Entre los 200 colombianos deportados, había mujeres embarazadas y niños, pero ningún criminal
La Casa Blanca etiqueta erróneamente como “delincuentes” a todos los inmigrantes indocumentados, mientras el ICE refuerza las detenciones masivas
Más de 200 colombianos fueron llevados esposados a aviones militares en dos vuelos de deportación de alto perfil que estuvieron a punto de desencadenar una guerra comercial durante la primera semana de Donald Trump en la presidencia.
Sin embargo, pese a la insistencia del gobierno en que la agenda de “deportación masiva” se enfocaría en delincuentes violentos, ninguno de los deportados parecía encajar en ese perfil.
Un vuelo procedente de San Diego, California, trasladó a 62 hombres, 16 niños y 32 mujeres, incluidas dos embarazadas, según informó el ministro de Asuntos Exteriores de Colombia, Luis Gilberto Murillo.
Otro vuelo desde El Paso, Texas, transportó a 46 hombres, 45 mujeres y cinco niños.
“Todos se encuentran en buen estado”, aseguró Murillo en un comunicado en video el martes.
Recalcó que “no son delincuentes” y explicó que la información fue verificada por las autoridades competentes, con base en los protocolos de deportación. Según él, este proceso cumple con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con organismos como la Organización Internacional para las Migraciones. “Ser migrante no es un delito”, enfatizó.
Las autoridades “nos esposaron y nos empujaron como si estuviéramos en la cárcel”, afirmó Daniel Oquendo en declaraciones a CNN. Reconoció que el ejército sigue ciertos procedimientos, pero cuestionó el trato recibido, pues en el grupo había niños y familias.
El 20 de enero, pocos días antes de ser subido a un avión tras cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, un agente fronterizo le advirtió a Oquendo: “Se acabó la diversión”.
Según CNN, ocho días después ya estaba abordando un vuelo con destino a Colombia.
“Fue muy confuso, nadie nos dijo nada”, relató. Le informaron que el vuelo a Bogotá duraría siete horas, pero al aterrizar habían pasado diez. Cuando la puerta trasera del avión se abrió, vio una ambulancia con la inscripción “Houston”.
El avión nunca había salido de Estados Unidos.
En un primer momento, Colombia se negó a recibir los aviones militares. El presidente Gustavo Petro explicó que su país quería asegurar que los migrantes regresaran en “condiciones dignas” a través de aviones civiles.
“Un migrante no es un criminal y debe ser tratado con la dignidad que merece un ser humano”, declaró el domingo. “Recibiremos a nuestros nacionales en aviones civiles, sin tratarlos como delincuentes. Colombia debe ser respetada”.
Trump advirtió que impondría un arancel del 25 por ciento a “todos los productos” colombianos exportados a EE. UU. y aseguró que, en el transcurso de una semana, esa tarifa subiría al 50 por ciento.
Además, anunció la imposición de una prohibición de viajes y la revocación de visados para los funcionarios del gobierno colombiano, así como para “todos sus aliados y simpatizantes”.
Asimismo, afirmó que se aplicarían “sanciones de visado” a todos los miembros del partido, familiares y seguidores del Gobierno colombiano.
El presidente también aseguró que se llevarían a cabo “inspecciones reforzadas de Aduanas y Protección de Fronteras para todos los ciudadanos y cargamentos colombianos por razones de seguridad nacional”.
Más tarde, desde la Casa Blanca, se anunció que Colombia había aceptado “sin restricciones el retorno de todos los migrantes irregulares de origen colombiano enviados desde Estados Unidos, incluidos aquellos transportados en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras”.
Al llegar al poder, Trump prometió expulsar a los criminales violentos del país y no tardó en movilizar todo el aparato del gobierno federal para reforzar su agenda antiinmigración. El Departamento de Seguridad Nacional ajustó sus estrategias para endurecer la aplicación de las leyes migratorias.
“Son asesinos”, dijo Trump a los periodistas el viernes. “Son personas tan malas como se puede ser, tan terribles como cualquiera que hayan visto”.
También aseguró que serían “los primeros en irse”.
Las fuerzas de seguridad federales detuvieron a miles de inmigrantes en la última semana, pero no está claro cuántos eran delincuentes violentos ni cuántos fueron expulsados.
Algo más de la mitad de esas detenciones fueron clasificadas como “detenciones criminales”, según datos de las fuerzas del orden reportados inicialmente por NBC News. El resto de los detenidos parecen ser infractores de delitos menores o personas cuyo único delito fue ingresar al país sin permiso legal.
Sin embargo, el gobierno confirmó el martes que estaba tratando a todos los inmigrantes sin estatus legal en EE. UU. como “criminales”.
En su primera sesión informativa en la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt calificó erróneamente de “delincuentes” a los miles de detenidos por vivir de manera ilegal en el país, aunque se trata de una falta de carácter civil. Quienes son arrestados por esta razón no reciben una condena penal.
“Sé que el gobierno anterior no lo veía de esta manera, por lo que reconocer a quienes infringen nuestras leyes de inmigración como delincuentes representa un gran cambio cultural en nuestra nación. Pero eso es exactamente lo que son”, afirmó.
El gobierno de Trump ordenó al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que intensificara los arrestos de inmigrantes y exigió que cada oficina de campo efectuara al menos 75 detenciones diarias, según informó The Washington Post.
La directiva profundiza el miedo en las comunidades migrantes y entre organizaciones defensoras, que advierten sobre el riesgo de que ciudadanos estadounidenses y residentes legales terminen como daños colaterales en la ofensiva del presidente.
“No hicimos nada malo. No soy un delincuente”, declaró Andrei Barrientos a CNN tras bajar de un vuelo de deportación rumbo a Colombia. “Sí, crucé la frontera de manera ilegal, pero lo hice para ayudar a mi familia y me trataron como si fuera un criminal peligroso”.
Traducción de Leticia Zampedri