Abogados acusan a ICE de "desaparecer" a 48 residentes de Nuevo México: "Es una violación de los derechos humanos"

Defensores de derechos civiles denunciaron la “desaparición” de 48 residentes de Nuevo México, detenidos este mes por agentes de inmigración.

Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nuevo México, ICE “no reveló dónde se encuentran, si tienen acceso a un abogado, en qué condiciones están retenidos o incluso qué agencia los tiene bajo custodia”, lo que llevó a la presentación de una denuncia federal.

Los abogados denunciaron que los detenidos fueron “desaparecidos a la fuerza” de las comunidades.

Según ICE, 48 personas descritas como “extranjeros ilegales” fueron arrestadas en una serie de operativos en Albuquerque, Roswell y Santa Fe a principios de mes. Sin embargo, solo 21 tenían órdenes definitivas de deportación.

Rebecca Sheff, abogada de la ACLU de Nuevo México, advirtió que esto “no es solo una cuestión de procedimiento, sino una grave violación de los derechos humanos”.

“Cuando el gobierno detiene a alguien y su paradero se vuelve desconocido e imposible de rastrear, esa persona queda fuera de la protección de la ley”, afirmó. “Las familias quedan sumidas en la angustia, sin información sobre sus seres queridos ni forma de garantizar su seguridad. Las desapariciones forzadas violan tanto la Constitución como las normas internacionales de derechos humanos”.

El sistema de localización de detenidos en línea de ICE indica los centros donde están retenidas las personas, aunque en la práctica la agencia las traslada constantemente entre instalaciones, muchas veces a zonas rurales o estados lejanos al lugar de su arresto, antes de iniciar su deportación.

Sin embargo, cualquier persona que intente buscar información en la base de datos necesitará el nombre del detenido u otra información identificativa para localizarlo.

Los abogados que prestan asistencia legal en los tres centros de detención de ICE en el estado solo pueden programar visitas si logran identificar previamente a los detenidos, según se deatalla en la denuncia.

“Nos preocupa que estas cuatro docenas de personas de Nuevo México permanezcan sin ser identificadas y que hasta ahora haya existido una preocupante falta de transparencia y supervisión sobre su paradero y condiciones”, advirtieron los abogados en un documento en el que exigieron acciones inmediatas del Departamento de Seguridad Nacional.

Jueces de distintos tribunales criticaron el sistema de localización de detenidos de ICE por sus constantes retrasos en la actualización de datos, lo que impide a abogados y familiares saber con certeza el paradero de los arrestados, muchas veces cuando ya es demasiado tarde.

De acuerdo con una demanda federal, la base de datos incluso listó a inmigrantes detenidos en la prisión militar de Guantánamo como si estuvieran en Florida. Mahmoud Khalil, residente legal y organizador de las protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia contra la guerra de Israel en Gaza, podría haber sido víctima de un intento deliberado de ocultar su paradero durante su traslado a un centro de detención en Luisiana, según sus abogados.

“Cuando me detuvieron, mi familia pasó días sin saber dónde estaba”, contó Edwin Jesús García Castillo, quien estuvo recluido en el centro de detención del condado de Torrance, en Nuevo México, bajo custodia de ICE.

“Esa sensación de ser borrado del mundo es aterradora”, expresó en un comunicado. “Ahora mismo, 48 personas y sus familias están pasando por lo mismo. Nadie debería vivir esta situación en Estados Unidos”.

The Independent ha solicitado comentarios al Departamento de Seguridad Nacional y a grupos de defensa de los inmigrantes en Nuevo México.

La denuncia de la ACLU se produce en el contexto de una serie de medidas antiinmigración impulsadas por el gobierno de Donald Trump, incluida la detención e intento de deportación de Mahmoud Khalil y la expulsión de una médica de la Ivy League que contaba con un visado de trabajo legal en EE. UU.

Otra acción bajo escrutinio en un tribunal federal es la deportación secreta de decenas de venezolanos, ahora encarcelados en una prisión de El Salvador. Trump utilizó un recurso legal rara vez aplicado en tiempos de guerra para justificar su expulsión. Mientras tanto, documentos judiciales revelan que ICE reconoció que “muchos” de estos hombres no tienen antecedentes penales, pero han sido etiquetados como “terroristas” por presuntas conexiones con la banda Tren de Agua.

Traducción de Leticia Zampedri