Abogados del Gobierno de Trump se niegan a dar respuestas sobre el paradero de Kilmar Ábrego García

Los abogados del Gobierno de Donald Trump rechazaron una orden judicial mediante la cual les exigieron que brinden novedades sobre un padre de Maryland deportado y encarcelado en la infame prisión de El Salvador. También les pidieron que expliques qué medidas, si las hay, están tomando para traerlo de nuevo al país.

Tras negarse a presentar una respuesta por escrito el viernes por la mañana, los abogados asistieron a una audiencia en la que no pudieron responder a las preguntas de la jueza federal sobre la situación de Kilmar Ábrego García, que ha pasado casi un mes en la brutal cárcel salvadoreña tras ser deportado por un “error administrativo”.

Mediante un escrito presentado, los letrados dijeron que era “inviable” responder a las preguntas de la jueza, justo un día después de que la Corte Suprema le ordenara al Gobierno que “facilite” la puesta en libertad de Ábrego García, cuya detención y encarcelamiento catalogaron como “ilegal”.

Los abogados también solicitaron postergar las respuestas a las preguntas de la juez hasta la próxima semana. La jueza Paula Xinis calificó dicha petición de “otra increíble muestra de arrogancia y crueldad”.

La “medida tomada por el Gobierno de enviar a Ábrego García a El Salvador fue totalmente ilegal desde el momento en que se produjo”, aseguró la jueza, y que los abogados “necesiten tiempo para revisar de forma significativa una orden de cuatro páginas que reafirma este principio básico es insólito”.

Finalmente, la jueza les concedió una prórroga de dos horas para responder a sus preguntas. Pero tras no cumplir con el nuevo plazo, los abogados dijeron que no podían contestar.

“Teniendo en cuenta el poco tiempo concedido para analizar la orden de la Corte Suprema tras la disolución de la suspensión administrativa en este caso, los Demandados no están en una posición en la que ‘puedan’ compartir información solicitada por la Corte”, escribieron los abogados en su respuesta. Agregaron: “Esa es la realidad”.

Esta situación representó un incremento en la confrontación entre el Gobierno y los tribunales, lo que ha llevado a algunos juristas a advertir que el país podría estar al borde de una crisis constitucional.

En varias ocasiones, Trump y sus aliados se han burlado de los jueces, particularmente de aquellos que están a cargo de casos de inmigración y que cuestionan sus medidas de deportación masiva; pero la última negativa a cumplir con una orden judicial ha agravado las tensiones entre el poder ejecutivo y el judicial.

Durante la audiencia celebrada el viernes por la tarde, les pidieron repetidamente información “básica” sobre el paradero de Ábrego García y les preguntaron qué está haciendo el Gobierno para traerlo de nuevo al país, pero dijeron que no podían responder.

“Vamos a dejar constancia de lo que hace o deja de hacer el Gobierno, si es que hace algo”, le dijo la jueza Xinis a los abogados.

Como se detalló anteriormente, la jueza les exige que brinden información sobre la ubicación y el estado de Ábrego García, así como qué medidas están tomando desde el Gobierno para “facilitar” su regreso, tal y como ordenó el Tribunal Supremo.

“No vamos a retrasar el proceso”, le dijo Xinis al fiscal general adjunto, Drew Ensign. Y sostuvo: “No vamos a volver a debatir un asunto que [la Corte Suprema] ya resolvió”.

Por su parte, durante su conferencia de prensa del viernes, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó: “La Corte Suprema dejó muy claro anoche que es responsabilidad del Gobierno ‘facilitar’ el retorno, no ‘efectuar’ el retorno”.

Ábrego García y su esposa, ciudadana estadounidense, crían a su hijo de 5 años, ciudadano estadounidense, y a otros dos hijos de una relación anterior. El hombre ingresó de manera ilegal en el país cuando tenía 16 años tras huir de su país de origen debido a la extorsión y a la violencia de las bandas criminales.

Fue una de las más de 200 personas expulsadas a El Salvador el 15 de marzo, a pesar de que un tribunal había dictaminado un fallo que lo impedía, con el fin de proteger su seguridad. Sin embargo, el Gobierno estadounidense, que tiene un acuerdo de 6 millones de dólares con el gobierno salvadoreño para encarcelar a los deportados, argumentó que, aunque quisiera, no tenía autoridad para traer de vuelta a Ábrego García porque ya no estaba bajo custodia de Estados Unidos.

Traducción de María Luz Avila