Trump ordena vaciar la cárcel de máxima seguridad de Guantánamo de manera inesperada
Casi 200 inmigrantes fueron enviados de regreso a Venezuela
Horas después de detallarle a un juez cuántas personas estaban detenidas en una cárcel militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, entre ellas inmigrantes con pocos o ningún antecedente penal, el Gobierno de Donald Trump vació el establecimiento.
A última hora del jueves, un avión con cerca de 200 inmigrantes venezolanos que estaban detenidos en el lugar aterrizó en Venezuela. De esta manera, desalojaron la base naval cubana que el presidente convirtió en un centro de detención de inmigrantes con orden de deportación desde Estados Unidos.
Luego de que el Gobierno se encargara de describir detalladamente cuántos inmigrantes estaban retenidos en el centro y dónde, al tiempo que argumentaban que no tenían ningún derecho legal a abogados o asistencia letrada, los funcionarios del Departamento de Justicia emitieron un aviso en el que aclararon que no había detenidos en la base naval.
Dicho aviso es una respuesta de los fiscales a una demanda presentada por abogados especializados en inmigración, grupos de derechos civiles y familiares de inmigrantes detenidos, quienes exigían tener acceso al centro para ofrecerles asistencia jurídica a los detenidos.
En la demanda de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, junto con el Centro de Derechos Constitucionales, entre otros organismos, argumentan que los detenidos han sido trasladados a un lugar donde están aislados y no pueden comunicarse ni con sus familiares ni con sus abogados.
Pero desde el Departamento de Justicia respondieron que “la finalización de la operación de expulsión elimina cualquier necesidad de presentar medidas cautelares temporales”.
Asimismo, manifestaron que la retirada de los 178 detenidos del centro también “pone de relieve que la detención de inmigrantes en [Guantánamo] está pensada para una estadía temporal y no para una detención indefinida”.
Esta semana, el Gobierno comunicó que 178 inmigrantes estaban detenidos en la prisión militar de alta seguridad, pero que consideraban que casi un tercio de ellos no suponían una grave amenaza, y que probablemente tampoco tenían antecedentes penales graves, según archivos judiciales.
Al menos 128 personas catalogadas como inmigrantes peligrosos fueron detenidas en el Camp IV, un establecimiento que se asemeja a los centros que se utilizaban para alojar a prisioneros de guerra, de acuerdo con las declaraciones juradas del personal de Seguridad Nacional y del ejército estadounidense.
Camp IV tiene capacidad para unas 175 personas, pero su capacidad actual es de 131 debido a que se están realizando tareas de mantenimiento en algunas celdas, según informaron.
Los 51 detenidos restantes, que serían “menos peligrosos”, y representan aproximadamente el 28 %, fueron detenidos “en y alrededor de” un Centro de Operaciones para Inmigrantes similar a un cuartel, según los expedientes.
El Gobierno no ha ofrecido el apoyo de “ninguna autoridad legal” para esta “acción sin precedentes”, además de haber cortado “todo tipo de comunicación” de los detenidos con el mundo exterior, alegaron los denunciantes en una demanda presentada en Washington, D. C. la semana pasada.
En respuesta, los abogados del Departamento de Justicia afirman que en el centro sí les ofrece acceso a asistencia letrada, pero que los demandantes estaban realizando una “interpretación exagerada” de los derechos limitados de los detenidos, todos de nacionalidad venezolana y sujetos a órdenes de expulsión definitiva de Estados Unidos.
Además, detallaron que los detenidos no gozan de las mismas protecciones legales que quienes solicitan ayuda o protección como parte de su proceso.
En otro apartado, argumentaron que los detenidos no tienen “derecho legal” a acceder a un abogado.
Asimismo, en el centro hay instrucciones en inglés y español mediante las que se les indica a los inmigrantes cómo llamar por teléfono a un abogado. Además, “los abogados de los detenidos también pueden solicitar llamadas telefónicas con sus clientes”.
Los detenidos también “tienen la posibilidad de enviar y recibir correspondencia mediante un sistema similar utilizado por los prisioneros en tiempos de guerra”, aunque admiten que no pueden recibir visitas.
Trump y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, han defendido en repetidas ocasiones el uso del centro, inaugurado en 2002 para retener a sospechosos de terrorismo y para encarcelar a presuntos miembros de la banda Tren de Aragua y a “delincuentes ilegales” y a “lo peor de lo peor”, según Noem.
Sin embargo, los inmigrantes “menos peligrosos” son personas que viven en Estados Unidos ilegalmente, pero que nunca fueron acusados o condenados por delitos violentos u otros delitos graves, según los lineamientos federales.
El uso del centro, en el que Trump ha sugerido detener hasta 30 000 personas, ha suscitado duras críticas por parte de grupos humanitarios, que temen la ocurrencia de posibles abusos debido al contexto de hermetismo del establecimiento ubicado en otro país.
Durante el último mes, se ha visto a miembros del ejército estadounidense levantando carpas alrededor del lugar.
Jennifer Babaie, directora de defensa y servicios jurídicos del principal demandante, Las Americas Immigrant Advocacy Center, ubicado en El Paso (Texas), Nuevo México y Ciudad Juárez (Chihuahua) aseguró que “Guantánamo es un caldo de cultivo para la violencia, el abuso y el abandono”.
Mediante un comunicado emitido la semana pasada, agregó: “Muchos de estos hombres ya han sido sometidos a innumerables abusos de derechos humanos e incumplimiento de las garantías procesales. Mantenerlos en Guantánamo sin acceso a abogados y a las visitas de seres queridos, al tiempo que se difunden acusaciones infundadas contra todos ellos con base en su aspecto y procedencia, es peligroso, violento y completamente inaceptable”.
A principios de este mes, un juez impidió que trasladaran a Guantánamo a tres venezolanos que llevaban más de un año bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Tras huir de su país de origen, los hombres buscaban refugio en Estados Unidos y habían superado entrevistas de miedo creíble como parte del proceso de solicitud de asilo.
En respuesta a la orden del juez, el Gobierno los deportó a Venezuela.
El juez de distrito Carl Nichols, nombrado por Trump, está supervisando el último caso de Guantánamo, pero aún no se ha programado una audiencia.
Traducción de María Luz Avila