Consejos de ministros de Petro no podrán ser transmitidos en televisión privada, dice alto tribunal
El Consejo de Estado en Colombia ordenó el viernes al presidente Gustavo Petro no transmitir más los consejos de ministros por canales privados de televisión, como lo ha hecho en las últimas semanas, al considerar que se está vulnerando el derecho a la información que tienen los ciudadanos.
La decisión del alto tribunal, que puede ser impugnada, limita el alcance de los consejos de ministros al permitir que sólo se difundan en los canales de televisión públicos de carácter nacional.
Petro comenzó a transmitir los consejos de ministros en televisión a inicios de febrero, un hecho inédito para una reunión de planificación gubernamental que solía ser privada. Las transmisiones se han vuelto regulares cada semana, pese a que la primera dejó al descubierto tensiones internas y derivó en renuncias y despidos que reconfiguraron su gabinete.
Para Petro, la transmisión del consejo de ministros es un acto de “transparencia” de cara a la ciudadanía que permite que conozcan cómo se toman las decisiones, pero en la práctica también se ha convertido en una ventana para que el gobierno transmita mensajes masivamente por varias horas en la franja horaria de mayor audiencia.
El alto tribunal consideró que la “afectación” es particularmente “grave” cuando el consejo de ministros se transmite en la franja horaria de mayor audiencia, dado que es cuando más personas buscan acceder al servicio público.
La transmisión de los consejos en canales privados ha causado molestia en algunos sectores. Una ciudadana reclamó la protección de su derecho fundamental a la información por medio de una tutela, mecanismo de amparo, interpuesto contra la Presidencia de la república.
La demandante pidió que en adelante las intervenciones del presidente sean transmitidas por los canales oficiales del gobierno “dejando en libertad a los ciudadanos... de poder elegir el medio radial o televisivo privado que mejor llene nuestras expectativas”.
El Consejo de Estado concedió el amparo y concluyó que el derecho a la información es una “libertad pública esencial para los estados democráticos” y es vulnerado cuando la información difundida es única, sin tener acceso en las mismas condiciones a otras fuentes de información.