De clasificar inmigrantes como fallecidos a deportación: guía sobre políticas migratorias de Trump

El programa del presidente estadounidense Donald Trump para manejar la inmigración estaba desenvolviéndose en diversos frentes el viernes, desde audiencias en casos clave sobre el poder del gobierno para deportar a personas hasta el inicio de un registro requerido para todos aquellos que están en el país ilegalmente.

El jueves también hubo varios sucesos sobre el mismo tema, en un momento en que funcionarios federales trabajan para cumplir la promesa del mandatario de llevar a cabo deportaciones masivas y reforzar su autoridad para hacerlo. La Corte Suprema falló en el caso de un hombre deportado por error, y salió a la luz el hecho de que el gobierno está clasificando a miles de inmigrantes vivos como si estuvieran muertos.

A continuación presentamos un desglose de algunos de los acontecimientos hasta ahora y lo que está por venir.

Jueza dice que Mahmoud Khalil, estudiante de Columbia arrestado por protestas sobre Gaza, puede ser deportado

Una jueza de inmigración en Luisiana decidió el viernes que Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, puede ser expulsado de Estados Unidos por considerársele un riesgo para la seguridad nacional.

La jueza de inmigración Jamee E. Comans presidió una audiencia sobre la legalidad de deportar al activista, el cual participó en manifestaciones propalestinas.

La afirmación del gobierno de que la presencia de Khalil en Estados Unidos plantea "potencialmente serias consecuencias para la política exterior" fue suficiente para cumplir con los requisitos para su deportación, señaló Comans.

Los abogados de Khalil indicaron que planean seguir luchando e intentarán obtener una dispensa. Y un juez federal en Nueva Jersey ha prohibido temporalmente la deportación de Khalil.

Khalil, residente legal de Estados Unidos, fue detenido por agentes federales de inmigración el 8 de marzo en el vestíbulo de su apartamento propiedad de la universidad, el primer arresto bajo la represión que Trump prometió hacia los estudiantes que se sumaron a las protestas en los campus contra la guerra en Gaza.

Juez ordena actualizaciones diarias sobre el plan de Estados Unidos para traer de vuelta a un hombre que fue deportado por error

La Corte Suprema indicó el jueves que el gobierno de Trump debe trabajar para traer de vuelta a un hombre de Maryland deportado por error a una prisión en El Salvador.

Kilmar Ábrego García es un salvadoreño que tenía una orden de un tribunal de inmigración que impedía su deportación a su país natal, debido al temor de que enfrentaría persecución de pandillas locales. Pero de todos modos el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas lo deportó a El Salvador, donde ha estado detenido en una notoria prisión.

En una audiencia el viernes, la jueza federal de distrito Paula Xinis indicó que es "extremadamente preocupante" que un abogado del gobierno no pudiera explicar qué, si acaso, ha hecho el gobierno de Trump para organizar el regreso de Ábrego García. Los abogados del gobierno estadounidense le dijeron a Xinis que no han tenido tiempo suficiente para examinar el fallo de la Corte Suprema, y pasaron apuros para proporcionar información sobre el paradero exacto de Ábrego García.

"No estoy pidiendo secretos de Estado", declaró Xinis. "El gobierno tenía prohibido enviarlo a El Salvador, y ahora estoy haciendo una pregunta muy simple: ¿Dónde está él?".

Xinis ordenó se emitan actualizaciones diarias sobre los planes para traer de vuelta a Ábrego García.

Jueza se niega a impedir que agentes de inmigración ingresen a lugares de culto

En otro suceso el viernes, una jueza federal se puso del lado del gobierno de Trump al negarse a impedir que agentes de inmigración realicen operaciones policiales en lugares de culto.

La jueza federal de distrito Dabney Friedrich encontró que sólo ha habido un puñado de tales acciones policiales, y que los demandantes —más de dos docenas de grupos cristianos y judíos que representan a millones de estadounidenses— no habían demostrado el tipo de daño legal necesario para la emisión de una orden judicial preliminar.

Los grupos argumentaron que la política viola el derecho a practicar la religión. Indicaron que la asistencia ha disminuido significativamente desde que Trump asumió el cargo.

Pero Friedrich señaló que no demostraron que la caída en el número de feligreses estuviera vinculada a la política de la iglesia.

“Grité”: habla estudiante turca detenida por el ICE

Una estudiante turca de doctorado en la Universidad Tufts indicó que estaba hablando con su madre por teléfono cuando fue detenida por funcionarios de inmigración.

Rumeysa Ozturk indicó en un documento —presentado el jueves por sus abogados ante un tribunal federal— que acababa de salir de su casa en Massachusetts el 25 de marzo cuando varios hombres la rodearon, y "grité".

Desde entonces Ozturk, de 30 años, ha sido trasladada a un centro de detención en Luisiana. Sus abogados dicen que la detención viola sus derechos constitucionales, incluidos la libertad de expresión y el debido proceso.

Ozturk es una de varias personas vinculadas con universidades estadounidenses que asistieron a manifestaciones o expresaron públicamente su apoyo a los palestinos durante la guerra en Gaza y a las que recientemente les fueron revocadas sus visas o han sido detenidas al intentar ingresar a Estados Unidos.

¿Aplazamiento temporal para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos?

Una jueza federal indicó el jueves que impedirá que el gobierno de Trump les ordene a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos que tienen estatus legal temporal que salgan del país a finales de este mes.

Más de 500.000 personas llegaron al país amparadas por el programa del gobierno del presidente Joe Biden. Enfrentaban el vencimiento de un plazo el 24 de abril, lo que conllevaba la cancelación de sus permisos de trabajo y podrían estar sujetos a deportación.

El programa se lanzó mientras el gobierno de Biden intentaba aliviar la presión en la frontera sur creando nuevas vías para que las personas vinieran a Estados Unidos y trabajaran, generalmente por dos años bajo permiso de permanencia temporal en el país.

Es probable que el gobierno apele.

El inicio de un registro para personas que están en el país ilegalmente

El viernes entra en marcha un requisito para que las personas que están en el país ilegalmente se registren con el gobierno federal.

El Departamento de Seguridad Nacional anunció el 25 de febrero que estaba obligando a todas las personas que están ilegalmente en Estados Unidos a registrarse ante el gobierno federal, y dijo que aquellas que no se autorreportaran podrían enfrentar multas o ser enjuiciadas. Se requerirá que las personas lleven consigo documentos de registro.

Los opositores demandaron para impedir que el registro entrara en vigor, diciendo que el gobierno debería haber pasado por el proceso de notificación pública —el cual es más largo—, y que está implementando esto simplemente para facilitar el objetivo de Trump de lograr deportaciones masivas.

El jueves un juez federal se puso del lado del gobierno. Algunos funcionarios habían argumentado que simplemente estaban haciendo cumplir un requisito que ya existía para todos los que están en el país pero no son ciudadanos estadounidenses, y han enfatizado que, de aquí en adelante, el requisito de registro se aplicaría al máximo.

El gobierno de Trump ha dicho que entre 2,2 millones y 3,2 millones de personas podrían verse afectadas.

¿Clasificando a los inmigrantes como si estuvieran muertos?

En un intento por hacer que más migrantes regresen voluntariamente a sus países, el gobierno de Trump está clasificando a más de 6.000 inmigrantes —que están vivos— como si estuvieran muertos. Los funcionarios están cancelando los números del Seguro Social de los inmigrantes, y en esencia eliminando su capacidad para trabajar o recibir prestaciones en Estados Unidos. Eso es según dos personas al tanto de la situación, las cuales hablaron a condición de guardar el anonimato porque los planes aún no se habían detallado públicamente.

La medida hará que sea mucho más difícil para los afectados usar bancos u otros servicios básicos donde se requieren números del Seguro Social.

Los funcionarios indicaron que eliminar dichos números impedirá que los inmigrantes tengan acceso a muchos servicios financieros y los alentará a "autodeportarse".

No estaba claro cómo se eligió a los inmigrantes. Pero la Casa Blanca de Trump se ha enfocado en personas que se encuentran temporalmente en el país bajo el amparo de programas del gobierno de Biden.

Esta semana, los departamentos de Seguridad Nacional y del Tesoro firmaron un acuerdo que permite al IRS compartir los datos fiscales de los inmigrantes con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas con el fin de identificar y deportar a personas que están ilegalmente en Estados Unidos.

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Los reporteros de The Associated Press Rebecca Santana, Jake Offenhartz, Will Weissert, Fatima Hussein, Mark Sherman, Michael Kunzelman, Lindsay Whitehurst y Michael Casey contribuyeron.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.