Detienen a 15 personas por el caso de finca del cártel de Jalisco donde se hallaron restos óseos

Unas 15 personas han sido detenidas por su presunta vinculación con el caso de una finca que era utilizada por el Cártel Jalisco Nueva Generación para el reclutamiento y la capacitación de sus miembros en el occidente de México, anunció el martes el fiscal general Alejandro Gertz Manero.

A más de un mes del escándalo desatado luego de que un grupo de activistas denunció el hallazgo de numerosos restos óseos y cientos de prendas de vestir en el “Rancho Izaguirre” del municipio Teuchitlán del estado occidental de Jalisco, Gertz Manero aseguró que ha habido un “avance sustancial” en las investigaciones.

A pesar de que el predio fue intervenido en septiembre por la Guardia Nacional y la Fiscalía de Jalisco, no fue sino seis meses después que las investigaciones se retomaron luego de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco —que buscan a personas desaparecidas— denunció el 5 de marzo el horrendo hallazgo. El caso desató una fuerte controversia y críticas contra los procedimientos que siguen las autoridades mexicanas en las investigaciones, en particular en los casos de desapariciones.

Durante la conferencia presidencial matutina, el fiscal informó que hay 15 detenidos por su presunta vinculación con la delincuencia organizada, pero no ofreció detalles.

El funcionario no aclaró si dentro del grupo de detenidos se incluyen las 14 personas que fueron apresadas en los últimos meses, entre ellos tres policías del municipio de Tala —vecino a Teuchitlán— y un operador del cártel que se dedicaba a reclutar potenciales miembros que eran enviados a los estados de Zacatecas y Jalisco.

En el marco de las investigaciones del caso, las autoridades mexicanas suspendieron 69 páginas de redes sociales que eran empleadas por el cártel para el reclutamiento de personas.

El desmantelamiento de la red de reclutamiento del cártel se dio luego de que la administración de Donald Trump declaró al grupo una organización terrorista junto a otros cinco cárteles mexicanos.

Gertz Manero señaló que en una primera evaluación del terreno del “Rancho Izaguirre” no se encontraron evidencias de cremación de cuerpos a pesar de la denuncia de Guerrero Buscadores de Jalisco y es por ello el que Ministerio Público solicitó a los laboratorios de la Universidad Nacional Autónoma de México un nuevo estudio para validar esa información.

El fiscal general reconoció que los restos óseos encontrados en el “Rancho Izaguirre” están “muy fraccionados”, lo que según los especialistas podría dificultar su identificación.

Durante las investigaciones que realizó en marzo la Fiscalía de Jalisco en el predio fueron identificados al menos seis montículos de restos óseos y 1.844 prendas de vestir y objetos personales que publicaron en su página de internet para que personas que buscan a sus familiares desaparecidos puedan determinar si pertenecen a sus seres queridos.

México ha enfrentado por décadas una grave problemática de desapariciones, que según cifras oficiales ya alcanzan las 127.048.

En medio de la controversia que ha desatado el caso, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas anunció la semana pasada que abrió un proceso con carácter de urgente sobre la situación de desapariciones forzadas en México, que de prosperar podría llevar los casos a la consideración de la Asamblea General del organismo.

Al rechazar el pronunciamiento del comité de la ONU, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum afirmó el martes que “en México no hay desaparición forzada desde el Estado” y aseguró que desde su gobierno se está haciendo “todo lo que esté en nuestras manos para combatir, atender desde las víctimas, hasta prevenir y combatir este delito”.

“Hay mucho desconocimiento de esta comisión”, agregó.

A las críticas se sumaron la cancillería y la Secretaría de Gobernación que expresaron el pasado fin de semana en un comunicado conjunto que el "gobierno mexicano no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado”.

Para hacer frente a la problemática, Sheinbaum envió el mes pasado al Congreso iniciativas para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas.