¿Qué derechos y protecciones tienen los titulares de una ‘green card’ en Estados Unidos?
El gobierno de Trump amenaza con deportar a Mahmoud Khalil y a los residentes permanentes legales que expresen apoyo a Palestina
Mahmoud Khalil es residente permanente legal en Estados Unidos, pero eso no impidió que el gobierno de Donald Trump amenazara con deportarlo. Agentes federales lo detuvieron en Nueva York y lo trasladaron a un centro de detención en Luisiana. Su caso plantea serias interrogantes sobre las garantías de la Primera Enmienda para quienes poseen una green card (también conocida como tarjeta de residencia permanente).
Mahmoud Khalil, nacido en Siria y de origen palestino, es graduado de la Universidad de Columbia y titular de una green card. Está casado con una ciudadana estadounidense que se encuentra en el octavo mes de embarazo.
Se convirtió en la cara visible de las manifestaciones estudiantiles en apoyo a Palestina en el campus de Nueva York y ha sido señalado por el gobierno de Donald Trump—incluido el propio presidente—como un “estudiante extranjero radical y aliado de Hamás.”
Trump declaró que su arresto es “el primero de muchos.” Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, amenazó con revocar visas y green cards a quienes considere “partidarios de Hamás en Estados Unidos”, con el fin de deportarlos.
El caso de Khalil provocó indignación entre funcionarios demócratas y grupos de derechos civiles, quienes denuncian que un residente permanente legal no debería ser deportado sin enfrentar cargos ni pruebas en su contra.
Los titulares de una green card tienen, en teoría, las mayores protecciones entre los residentes permanentes legales, “excepto la de ser ciudadanos estadounidenses”, explicó Jaclyn Kelley-Widmer, profesora de derecho migratorio en la Facultad de Derecho de Cornell, a PBS.
Sin embargo, “según la ley migratoria, el gobierno federal tiene la facultad de deportar a residentes que no son ciudadanos, incluso a quienes poseen una green card, si enfrentan ciertas acusaciones”, explicó Adam Cox, profesor de derecho en la Universidad de Nueva York.
“La gran incógnita es por qué el gobierno cree que puede deportarlo”, dijo a NBC.
En Estados Unidos, la ley migratoria no garantiza protección absoluta contra la deportación a los titulares de una green card. El gobierno puede expulsarlos sin necesidad de pruebas de actividad criminal si existen acusaciones de fraude o señalamientos sobre un supuesto apoyo material a grupos terroristas, entre otras razones. Sin embargo, el gobierno no presentó evidencia que demuestre que Khalil haya cometido alguno de estos actos.
El concepto de “apoyo material al terrorismo” en la ley de inmigración es tan amplio que puede abarcar actos como cocinar para un miembro de una organización terrorista extranjera, incluso si la persona lo hace bajo amenaza de muerte, según Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del American Immigration Council.
Los abogados de Khalil y organizaciones de derechos civiles sostienen que fue señalado por expresar su apoyo a los palestinos, un discurso protegido por la Primera Enmienda.
“Si nuestra sociedad sigue comprometida con el Estado de derecho y la libertad de expresión aún prevalece en Estados Unidos, nadie debería aceptar lo que le ocurrió a Mahmoud”, declaró Ramzi Kassem, codirector del proyecto Creating Law Enforcement Accountability & Responsibility, que respalda su caso.
“El arresto, la detención y el intento de deportación de un destacado activista palestino de derechos humanos por ejercer una actividad protegida constitucionalmente, con la que el gobierno no está de acuerdo, no solo es ilegal, sino que representa un peligroso avance hacia una represión macartista moderna”, afirmó Baher Azmy, director legal del Center for Constitutional Rights, organización que también respalda a Khalil.
Rubio también parece haber invocado una disposición amplia de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que establece que “cualquier extranjero cuya presencia o actividades en Estados Unidos puedan, según el Secretario de Estado, representar una amenaza grave para la política exterior del país, es deportable.”
La vocera del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que el arresto de Khalil se realizó “en cumplimiento de las órdenes ejecutivas de Trump que prohíben el antisemitismo”. Sin embargo, el gobierno interpretó esta medida como sinónimo de apoyo a Palestina, mientras Israel, con respaldo de Estados Unidos, mantiene una ofensiva que, según autoridades sanitarias locales, ha dejado más de 60.000 muertos en Gaza desde los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023.
“Khalil encabezó actividades vinculadas con Hamás, una organización clasificada como terrorista”, afirmó McLaughlin.
El abogado de derechos civiles Ron Kuby, una figura reconocida en Nueva York, aseguró a NBC News que defender la causa palestina “no puede considerarse apoyo material a una organización terrorista”.
“No importa si eres residente permanente o ciudadano, en Estados Unidos tienes derecho a opinar sobre qué país está en lo correcto y cuál no en un conflicto internacional”, explicó. “El verdadero mensaje aquí es que ICE puede aparecer y llevarte en cualquier momento”.
Los titulares de una green card enfrentan procesos de deportación en tribunales de inmigración, no en cortes penales. La decisión final sobre su permanencia en el país recaerá en un juez, no en el gobierno.
Por ahora, un juez federal frenó la deportación de Khalil mientras su caso sigue en los tribunales.
En documentos judiciales, Khalil acusó al gobierno de ejercer una “represión abierta contra el activismo estudiantil y la expresión política”, enfocada en estudiantes de la Universidad de Columbia que critican el ataque de Israel a Gaza.
“Las autoridades estadounidenses dejan en evidencia que recurren a las leyes de inmigración para censurar opiniones críticas”, señalaron los abogados de Khalil.
Traducción de Leticia Zampedri